Por ALFONSO CAMERANO FUENTES
Conforme lo ha afirmado el embajador de Colombia en EE.UU., Juan Carlos Pinzón, de Afganistán vienen al territorio nacional en condición de refugiados lo que “…trabajaron con Washington en el país del Oriente Medio antes de que los extremistas talibanes retomaran el poder el pasado fin de semana…”.
La definición de “refugiado” está destinada a proteger la vida, la integridad física y la libertad de los desplazados internos o externos, víctimas de la violencia política, tal como lo define el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de 1951, en Ginebra, el Protocolo de 1967, seguidos por los estados del mundo, entre esos el colombiano.
Cala en la definición quienes fueron desplazados violentamente de sus lugares de origen o residencial habitual, y tienen razones justificadas para temer regresar por la persecución agresiva a sus ideas políticas, religiosas, condición etnica, nación o grupo social, que pone en peligro sus vidas.
Preguntamos al gobierno nacional si a esa definición de “refugiado”, a la cual se suma la de “asilado”, que nos impone la Declaración Universal de DD.HH., artículo 14; o la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XXVII, replicada en el numeral 7 del artículo 22 de la Convención Americana sobre DD.HH. ¿encaja el recibimiento que anuncia el embajador Pinzón para quienes en Afganistán “trabajaron con Washington”?
Vamos por partes. Está bien que el gobierno de Colombia, en ejercicio de las normas que hacen parte del “bloque de constitucionalidad” por haber participado y aprobado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en Ginebra en 1951, haciéndola propia en las leyes 35 de 1961, l70 de 1986 o el decreto 2.840 de 2013, decida la protección de los perseguidos políticos, desplazados por quienes detentan el Poder Político en Afganistán, o por aquellos que lo disputan por medio de organizaciones armadas a sus actuales dirigentes, caso de los civiles colombianos que emigraron a Venezuela o México en 1953, después del golpe militar de Rojas Pinilla a Laureano Gómez, o de haber tenido en Lima, al dirigente del APRA, Raúl Haya de la Torre, o haber recibido a cientos de miles de venezolanos que evacuaron su país en los últimos 10 años, y otra, haber concertado un acuerdo con Biden, de recibir en Colombia a los afganos “colaboradores” de su propósito expansionista, para envilecer el Derecho Internacional.
El acontecer fáctico impuso a la humanidad la creación de normas que, por su naturaleza y razón práctica, encajan en el derecho humanitario, que dada la multiplicidad de conflictos internos y externos propios de la colonización y guerras de liberación en África, Asia y América, frente a la ocupación europea, y después de las dos guerras mundiales, de la Ocupación de las Coreas; de la guerra del Vietnam, del conflicto del Medio Oriente, ora de la Prolongada lucha del pueblo afgano ante dos fuegos empujados por las potencias rusa, primero, y después por los EE.UU., que armaron a los talibanes, entre otros, dando paso al “derecho de los desplazados”, ubicando la protección de los pueblos amenazados por la acción bélica (ius bellium, dirían los romanos), como una vertiente propia de la normatividad mundial.
Otra cosa es convenir con un tercero que participó en una guerra en territorio ajeno, como fue el caso de los EE.UU., al decidir, después de la incursión de los rusos en 1989 al territorio de Afganistán, cuando trasladaron a su embajador en Checoslovaquia, Babrak Karmal, en 1979, para posesionarlo de la Presidencia después del golpe de
Estado y muerte anterior presidente Hafisulla Amin, intervenir activamente, usando a la CIA en el adiestramiento de los Talibanes, que, valga decir, después se les voltearon, y ahora, les dicen bye bye.
Si lo que anuncia el embajador Juan Carlos Pinzón es la puesta a disposición del territorio colombiano como “escala” de los combatientes aliados a la tropa de los EE.UU., al punto que da detalles sobre si a futuro ese país decide entregarles o no una visa o reconocerlos como “refugiados”, para proceder a trasladarlos al territorio norteamericano, para así salir de Colombia, donde se encontrarían amparados de la legislación internacional en esa especifica condición de desplazados, sería una burla a ese tesoro normativo de la humanidad.
La diferencia no es sutil, por el contrario, distingue a los combatientes perdedores de una guerra que salen a volandas en las barrigas de los aviones Hércules, amparados por el derecho de “asilo”, que no de simples “desplazados” – esta categoría asignada a la población civil -, y que debiera ser asumida por el invasor que los usó como parte de su propósito de guerra en territorio ajeno, y no envilecer ese noble ejercicio de la comunidad internacional a través del subterfugio de un acuerdo con un gobierno como el colombiano que busca ponerse a tono con Biden, después de haber apoyado al candidato Donald Trump, haciéndole creer al mundo que es un aporte desinteresado a la causa del sufrido pueblo afgano.
Para cerrar la hipocresía ante la comunidad internacional, el embajador Pinzón, asegura que servirá para reactivar la economía adolorida por la pandemia del covid, ya que se está contratando la hotelería que los alojará a los que vienen con atuendos propios al estilo musulmán igual al que vemos hace décadas en Maicao.
¿Y eso quién lo paga, mister Pinzón?
¿Si a los venezolanos desplazados por el “castro-chavismo” – al que tanta leche política le han ordeñado – los tienen pidiendo limosna en las esquinas de las capitales del país?
¿Eso de cubrir con manto “humanitario” la recepción a los afganos, esconde el propósito de hacerse parte, en la estampida de una guerra ajena, el pretender ganarse una medalla de ‘lambonería’ internacional?
Mientras tanto la ACNUR reclama al Gobierno “humanitario” de Colombia la desatención de más de 6 millones de desplazados internos que sufren miseria y olvido.
A este gobierno le falta mucho corazón humanitario.
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