Por GERMÁN AYALA OSORIO
Que un gobernador deba salir del país por amenazas contra su vida y que el jefe del Estado no haga una vehemente declaración pública de rechazo, desde lo humano y lo institucional, constituye muestra fehaciente de que poco o nada le importa la suerte del mandatario regional. Y menos le preocupa saber que existen estructuras criminales en esa región con el poder para someter al poder ejecutivo.
Es el caso del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien viene enfrentando a clanes políticos mafiosos y estructuras narco-paramilitares. De allí que las amenazas recibidas lo obligaron a su intempestiva salida del país, y es evidente que estas provienen del maridaje existente entre familias políticas corruptas locales y organizaciones al margen de la ley. Además, Caicedo ha venido soportando el asedio institucional de instancias centralizadas del poder político y mantiene tensas relaciones con el presidente de la República.
En este contexto, que un gobernador en ejercicio haya salido del país es una muy buena noticia para ciertos sectores del poder económico y político, no solo del Magdalena, sino de Bogotá, desde donde hoy se legitiman los poderes mafiosos regionales y locales.
Semejante situación constituye una afrenta contra la seguridad nacional, en la medida en que un ente territorial es confrontado por una estructura criminal que no permite su operación institucional. Esto se traduce en la claudicación del Estado regional ante el poder intimidante de estructuras criminales, mientras que desde Bogotá se guarda silencio.
El mensaje político que con su silencio envía la Casa de Nariño afianza la operación de los criminales y pretende deslegitimar el proyecto alternativo que encarna Carlos Caicedo. Por cuenta de lo ocurrido con este gobernador, tendrían que ser las instancias internacionales las que le digan al Estado colombiano qué hacer, pese a que se esperaría que la institucionalidad tomara cartas en el asunto, desde el preciso momento en el que se produjo su salida del país. Serían entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o quizás la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las instancias que terminarían por exhortar al Estado colombiano y en particular al gobierno de Iván Duque para que tome decisiones conducentes a proteger la vida de Caicedo -así no sea de su línea política e ideológica- y garantizar la operación del Estado regional. No por ser un político incómodo para el uribismo, su vida se puede subvalorar.
¿Será que mientras el gobernador huye para salvaguardar su vida, en la Casa de Nariño celebran?
@germanayalaosor
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