Esto durante el periodo legislativo 2020-2021 del Congreso, en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el país por covid-19 y las protestas sociales que arrancaron en abril y que no han parado. Transparencia por Colombia hizo seguimiento a las principales iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción que se presentaron en el Congreso durante ese periodo: 9 iniciativas legislativas, de las cuales 5 fueron promovidas por partidos políticos, una por parte del Ejecutivo y 3 surgieron desde los organismos de control con apoyo gubernamental. Sin embargo, solo 2 fueron aprobados en su totalidad.
Estas son las tres iniciativas aprobadas:
Reforma al Código Disciplinario, presentado por la Procuraduría General de la Nación. Se otorgan funciones jurisdiccionales a este órgano de control para suspender los derechos políticos de los servidores públicos que hayan sido elegidos por elección popular. Este proyecto enfrenta serios cuestionamientos, pues se argumenta que va en contravía del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afecta la división de los poderes públicos y deteriora la independencia de la Procuraduría al entregarle facultades al Presidente de la República para afectar la planta de personal de un órgano de control que debería estar por completo separado del Ejecutivo.
Proyecto de Ley Estatutaria de Reforma a la Justicia, por Gloria López, Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, que modifica los requisitos para aspirar a los cargos de juez, magistrado, fiscal, procurador, defensor y registrador, lo cual podría implicar posibles afectaciones a la calidad de la administración de justicia.
Proyecto de ley 341 de 2020 de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (iniciativa aprobada en primer debate en la Cámara, aunque sigue su trámite en plenaria del Senado), busca reforzar los pilares de prevención, sanción y fortalecimiento institucional en el país. Sin embargo, tal y como advirtió Transparencia por Colombia, se eliminó el capítulo completo sobre la protección a denunciantes de corrupción.
No tuvieron la oportunidad de ser discutidos y quedaron archivados en medio del papeleo y la agenda legislativa:
Proyecto en el Senado: establecía medidas de protección y compensación al denunciante de actos de corrupción administrativa.
Proyecto en el Senado: adicionaba la responsabilidad jurídica para quienes participan en la implementación de los programas de transferencias monetarias condicionadas cuando hay beneficiarios de manera fraudulenta.
Proyecto en la Cámara: establecía criterios más estrictos en algunas modalidades de contratación pública y fortalece los mecanismos de seguimiento de la ejecución presupuestal.
Proyecto en la Cámara: establecía la promoción de la cultura de la legalidad en todas las entidades públicas.
Proyecto en la Cámara: adicionaba inhabilidades para contratar a las personas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la Superintendencia de Industria y Comercio por casos de colusión.
Proyecto en el Senado: establecía medidas administrativas y penales en contra de actos de corrupción. Aunque al proyecto presentado por la Fiscalía General de la Nación, solo le restaban dos debates para su aprobación y contaba con el apoyo del Gobierno Nacional mediante el mensaje de ‘urgencia’.
A lo anterior se suma la expectativa de avanzar en tareas pendientes de la Consulta Anticorrupción que se llevó a cabo en 2018. De ese ejercicio ciudadano, a la fecha se ha aprobado la casa por cárcel para los corruptos, el uso de pliegos tipo en el sistema de contratación pública, y la obligatoriedad para la publicación de las declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses para aquellos que celebren contratos con el Estado. Sin embargo, permanecen sin aprobación los relacionados con regular la participación en presupuestos públicos, el límite de periodos para congresistas y corporaciones públicas, y la disminución del salario de senadores y representantes a la Cámara.
“Hacemos un llamado al Congreso de la República para que en la nueva legislatura se fortalezca su compromiso con la legislación en materia anticorrupción. En varios casos, la falta de avances en el legislativo implica que los corruptos sigan aprovechando vacíos normativos que facilitan su acción. Aún más grave es que el Congreso de la República siga favoreciendo el desequilibrio de poderes, pues deteriora los mecanismos de control que son la base de la lucha contra la corrupción”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
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