Por GERMÁN AYALA OSORIO
En la renuncia de Karen Abudinen confluyen varios factores, a saber: la decisión del Partido Liberal de apoyar la moción de censura, el debate mismo que se dio en el Congreso, la presión de las redes sociales y, por supuesto, los efectos derivados de la investigación de la periodista Paola Herrera.
Ahora bien, la decisión de abandonar la cartera ministerial obedece más a un cálculo político, cuando está por venir un año electoral. Por supuesto que esa acción no está pensada para evitar que se repitan las irregularidades y la probada negligencia que comprometieron a la señora Abudinen y a Centros Poblados. No, por el contrario, seguramente a futuro establecerán mecanismos y alianzas que les permitan impedir que las irregularidades y los actos de corrupción se filtren a la prensa. Normalmente, dentro del ‘uribato’ las fuerzas se suelen recomponer usando información privilegiada y delicada que termina filtrándose a la prensa, cuando un actor político ha sido traicionado o se requiere de este un apoyo específico.
No puede la opinión pública pensar que la renuncia de Abudinen contribuirá a disminuir la corrupción público-privada y menos a erosionar o proscribir el ethos mafioso sobre el cual se sustentan las actuaciones de los comprometidos en este caso y en otros, como Reficar y Odebrecht. Por el contrario, haber abdicado a su cargo confirma que los ministros son simples fusibles que se queman por cuenta de la sobrecargada mala imagen del subpresidente Duque, y que se extiende al Centro Democrático donde milita.
Los 70 mil millones ya se pueden dar por perdidos, y lo que es peor, Centros Poblados podría obtener triunfos judiciales en las demandas anunciadas contra el Estado en virtud de la caducidad del contrato que ordenó la saliente ministra.
El entramado de corrupción y de negligencia que hay detrás quedará en la sombra, así como las responsabilidades políticas, que no serán asumidas por los miembros del Clan de los Char y mucho menos por personajes como Emilio Tapia, señalados por la acuciosa Paola Herrera de estar detrás de las maniobras con las que “engañaron” a los funcionarios del Mintic.
En cuanto a la protocolaria investigación que abrió la Procuraduría a la exfuncionaria, lo más probable es que no prospere. Ello dependerá de lo acordado entre las fuerzas del régimen y en particular, entre los agentes políticos que presionaron a Duque para que este le pidiera la renuncia a Karen Abudinen.
Quizá jamás se conozca el entramado oscuro que hubo detrás de lo sucedido entre la ahora exministra, el clan Char y Centros Poblados. Y lo más probable es que jamás el país sepa qué se acordó entre quienes decidieron quemar ese fusible. Si acaso se sabrá en el 2022, cuando se reacomoden las cargas entre los que tienen secuestrado o cooptado al Estado.
@germanayalaosor
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