Por LUIS EDUARDO CELIS
La semana pasada fueron capturados el actual gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, y el anterior, Ricardo Alvarado Bestene. Ambos son los últimos de una larga cadena de políticos que han sido capturados en las últimas tres décadas, acusados de vínculos con las guerrillas o los paramilitares, malversación de fondos y un largo etcétera de irregularidades.
En Arauca hay dos Estados: uno formal, el de la institucionalidad colombiana; y uno informal, el que han constituido con su presencia territorial el ELN y una disidencia de las FARC. Ambos grupos armados llevan más de cuatro décadas en el territorio, lo conocen, han establecido unos códigos de comportamiento, ejercen labores de seguridad, justicia y tributación a su manera ilegal, y tienen raíces profundas en una sociedad que desconfía del Gobierno central y se ha resignado a vivir con los ilegales, soportando el poder que da un fusil.
Ser político en Arauca es profesión de alto riesgo. Se cuentan por docenas las personalidades políticas asesinadas, al igual que docenas han pagado cárcel o viven hoy en el exilio; han sido víctimas y protagonistas de una peligrosa connivencia con grupos ilegales en estas cuatro décadas largas de violencia sistemática y organizada en el departamento: una historia que está por cerrar y en la que Arauca sigue siendo uno de los territorios de mayor intensidad del conflicto armado, con sus impactos en la sociedad y en los derechos de unas comunidades que han sufrido demasiados vejámenes por parte de todos los contendientes.
La clase política araucana ha convivido con la guerrilla: un actor presente en las dinámicas de la sociedad, que ha surgido de una desconfianza con el Estado colombiano (que, por cierto, no ha podido ni controlarla ni mucho menos derrotarla).
Luis Alfredo Colmenares Chía, dirigente liberal de Tame, fue el primer gobernador por elección popular entre 1992 y 1994. Colmenares se opuso a la instalación del poder paramilitar y fue asesinado en Bogotá, en octubre de 2001. José Vicente Lozano fue el segundo gobernador, entre 1995 y 1997, y resultó condenado por rebelión debido a supuestos nexos con el ELN (lo cual siempre ha negado) y a celebración indebida de contratos. Carmelo Castellanos fue el tercer gobernador elegido con voto popular, e igualmente se le acusó de vínculos con la guerrilla. Federico Gallardo fue el cuarto gobernador y, en ejercicio de su cargo, fue secuestrado por el ELN, luego destituido de su cargo y posteriormente puesto preso. Luego vinieron varios gobernadores designados desde Bogotá entre 2002 y 2003; en 2004 se posesionó Julio Acosta Bernal, de quien se dice que entabló alianzas con el ELN, durante toda la década de los 90, para luego pelearse con ellos y aliarse con los paramilitares y abrir una disputa con el ELN, grupo que le hizo varios atentados. En la actualidad, Acosta Bernal paga prisión y es señalado de complicidad en varios crímenes.
En 2001, buena parte de la dirigencia liberal y funcionarios públicos fueron arrestados, señalados de ser parte del ELN. Muchos fueron liberados sin ser condenados, luego de permanecer entre dos y tres años en prisión. Fue un caso muy mediático, por el cual el Estado colombiano ha sido condenado a pagar indemnizaciones a varias de estas personas detenidas, a las que la justicia no pudo comprobarles las sindicaciones de las que fueron señaladas.
La realidad de Arauca es que permanecen el ELN y estructuras de lo que fueron las FARC, hoy disidentes del Acuerdo de Paz firmado por la inmensa mayoría de esta organización; que las personalidades políticas han ejercido su acción política con la tutela permanente de los ilegales que les han amenazado, constreñido, desplazado y asesinado, igualmente el Estado les ha judicializado y condenado. No ha sido nada fácil para la dirigencia política araucana vivir en este territorio.
Hoy, nuevamente, personalidades políticas araucanas deben responder ante la justicia, y yo me pregunto: ¿cuándo el Estado le va a dar garantías a la clase política para ejercer su derecho de participación sin la tutela y presión de ilegales?
La dirigencia política araucana tiene que exigirle al poder central que resuelva el enorme conflicto que hay en Arauca, y que a mi juicio solo tiene un camino: una negociación de paz con el ELN y un sometimiento acordado con los disidentes de las FARC. No hay otro camino viable. Lo otro es seguir en esta senda de sangre, cárcel y sufrimiento.
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