Por GERMÁN AYALA OSORIO
Las elecciones en Nicaragua que dan como virtual ganador al actual presidente, Daniel Ortega, ocupan las páginas de los principales medios de comunicación de Colombia y el mundo entero. Y no es para menos, en ese país centroamericano desde hace más de una década el exguerrillero funge más como dictador, que como un mandatario demócrata. Obviamente, el resultado de dichos comicios no será reconocido por Colombia y otros países del continente.
En las protestas del 2018 se pudo apreciar el talante autoritario y violento del régimen de Ortega. Esa represión se parece mucho a la que se vivió en Colombia durante las manifestaciones de abril y mayo de 2021, en el marco del paro nacional. El régimen de Iván Duque Márquez, inspirado en la política de Seguridad Democrática de Uribe arremetió violentamente contra los jóvenes, hasta elevarlos a la condición de nuevo «enemigo interno». La Fiscalía sindicó a un número indeterminado de marchantes de ser terroristas urbanos y de poner en riesgo la seguridad nacional. Así, Duque y Ortega guardan parecidos razonables en las maneras en las que asumen las críticas, las movilizaciones y las protestas.
Sigamos con Ortega. Este exguerrillero logró someter a los dos poderes públicos y como comandante supremo de las fuerzas armadas de Nicaragua persigue a todo aquel que se atreva a criticarlo o señalar actos de corrupción. A los candidatos de la oposición los encarceló.
Sin duda alguna, estamos ante un régimen de mano dura que no dista mucho de lo que viene sucediendo en Colombia y Venezuela. Para el caso de Colombia, las fuerzas oscuras se mantienen activas para intervenir las comunicaciones de los críticos de Duque. A pesar de que el DAS desapareció, las prácticas ilegales de persecución a profesores, periodistas y políticos siguen vigentes. Es decir, en Colombia aún opera una policía política que persigue a todo aquello que huela a izquierda o a crítica contra el régimen uribista.
Los tres países aquí mencionados comparten además una generalizada corrupción pública y privada. Esta es, además de descomunal, histórica. Tanto en Nicaragua como en Venezuela y Colombia, hay familias poderosas que no solo han privatizado y capturado al Estado, sino que sostienen a los actuales regímenes.
En el régimen de Maduro Moros, el heredero de Chávez logró someter a la justicia y a la asamblea nacional. Lo mismo viene haciendo Daniel Ortega en el país de los volcanes. La captura del resto de la institucionalidad estatal convirtió a Nicolás Maduro en un reyezuelo que concentra un poder inconmensurable, que lo hace proclive a comportarse como un dictadorcito muy propio de repúblicas bananeras.
Que Iván Duque no tenga pretensiones de quedarse en el poder, no quiere decir que en términos democráticos el régimen colombiano esté mejor que el venezolano y el nicaragüense. La diferencia está en que en Colombia el régimen se recicla y por más de 100 años ha logrado mantenerse sin disparar las alarmas que sí despiertan los gobiernos de Maduro y Ortega.
Apenas ahora y en ocasión de la violenta represión de las protestas sociales, la CIDH puso la lupa sobre el régimen colombiano por la violación sistemática de los derechos humanos. Y no podemos olvidar que Iván Duque tiene en el bolsillo al Fiscal, al Registrador Nacional, a la Procuradora, al Defensor del Pueblo y al Consejo Nacional Electoral. Por lo anterior, las elecciones de 2022 en Colombia están precedidas de dudas razonables frente a la transparencia y las garantías que debe ofrecer la Registraduría Nacional, hoy en manos de una ficha del uribismo.
Sea como fuere, le queda muy mal a la prensa colombiana y al gobierno de Iván Duque criticar a los regímenes de Maduro y Ortega, pues está probado que a la campaña Duque Presidente entraron dineros del mafioso Ñeñe Hernández, señalado por una parte de las autoridades de policía como narcotraficante y lavador de dinero procedente de la mafia. No contamos con la suficiente altura moral para fustigar lo que sucede hoy en Nicaragua y lo que viene sucediendo en Venezuela. El no reconocimiento de los resultados de los comicios en el país centroamericano y el mantener rotas las relaciones diplomáticas y consulares con el régimen venezolano solo sirven para continuar engañando al mundo con el cuento de que somos la democracia más sólida de América.
Dirán que es un error y una exageración poner en el mismo plano a los gobiernos de estos tres países. No lo creo. Colombia, al fungir como un instrumento de control político de la región al servicio de los gringos, cuenta de tiempo atrás con la complacencia y la anuencia de la OEA, del departamento de Estado, del Comando Sur y del bipartidismo americano. A lo anterior se suma la presencia de una prensa oficialista que, al estar al servicio del régimen, tiene la obligación de tapar lo que realmente sucede: el asesinato sistemático de excombatientes (ya casi son 300), de líderes y lideresas sociales, ambientales, reclamantes de tierras y defensores de los derechos humanos (más de 1200). En lo que va corrido de 2021, se cuentan 85 masacres en Colombia.
Ortega, Maduro y Duque representan la decadencia de la democracia y la consolidación de tres regímenes autoritarios que de manera diferencial les sirven a los intereses, bien sea de los gringos, de los chinos o de los rusos. Los tres no están para servir a sus pueblos. Por el contrario, están al servicio de empresarios locales y multinacionales.
@germanayalaosor
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