La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por la persistencia estructural de la violencia en Colombia, expresada en una cantidad inusitada de asesinatos, el incremento de las confrontaciones entre grupos armados no estatales, masacres, violencia contra defensores ambientales, líderes sociales y excombatientes. Y llamó al Estado a reforzar medidas y acciones para enfrentar las causas estructurales de la violencia en el país.
Durante 2021 se observó el aumento en el número de asesinatos en el país. Según estadísticas del Ministerio de Defensa, 11.509 casos hasta el 4 de noviembre, lo cual representa un incremento del 15,5% en relación con los 9.962 registrados en el mismo período del año 2020. la CIDH destaca con especial preocupación el aumento de un 20% de los feminicidios. Según información de la Fiscalía General de la Nación, entre enero y septiembre de 2021 se registraron 1.074 denuncias, correspondientes a 555 hechos consumados y 519 intentos. Además, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron el incremento de transfeminicidios.
La CIDH pudo verificar que existe una concentración de hechos de violencia contra personas defensoras y con liderazgo social, excombatientes, así como masacres en los departamentos de la región del Pacífico, en particular en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, personas afrodescendientes y campesinas. Estos departamentos se caracterizan por la presencia de grupos armados no estatales en disputa por el control del funcionamiento de economías ilícitas y con una limitada presencia del Estado, que impacta en el sustancial aumento de personas desplazadas y confinadas.
Asimismo, la CIDH recibió información sobre muertes ocasionadas por las minas antipersonal en el resguardo del Pueblo Embera en La Divisa, Alto Baudó, Chocó. El sembrado de minas antipersonales en este municipio habría sido denunciado por la Defensoría a través de las alertas 041/19, la 016-21 y 020-21, las dos últimas emitidas recientemente respecto de áreas contiguas, y en un comunicado de prensa sobre la crisis humanitaria en el departamento. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió también una alerta el 29 de abril de 2021 por minas en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas en esta región.
La persistencia de un escenario de extrema violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, de líderes y lideresas sociales y comunales en el país. Según la Defensoría del Pueblo, se registra el asesinato de 78 personas en el primer semestre del año. A su vez, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recibió 180 alegaciones de homicidios de personas defensoras, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, de las cuáles ha verificado 67 y 83 están pendientes mientras 30 se encuentran en estudio. Por otra parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz registró, hasta el 9 de noviembre, el asesinato de 152 defensoras y defensores y líderes y lideresas sociales.
La Comisión recibió el informe de la Defensoría del Pueblo en el que se registran 407 conductas que vulneran derechos, entre las que se incluyen amenazas y atentados en contra de defensoras y defensores, líderes y lideresas en los primeros seis meses del año. Por su parte, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos registró 524 hechos violentos en el mismo período. Asimismo, observa con especial preocupación las denuncias de intimidaciones, hostigamientos, amenazas y atentados recibidas por familiares que reclaman justicia y las organizaciones sociales que acompañan estas solicitudes.
Por otra parte, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observan que la violencia contra periodistas aún constituye uno de los principales desafíos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Colombia, y siguen documentando ataques, amenazas e intimidaciones hacia personas que ejercen el periodismo, especialmente contra quienes cubren temas de elevada sensibilidad en distintas regiones del país.
El Estado de Colombia informó sobre la adopción de medidas de prevención de la violencia en contra personas defensoras y líderes y lideresas sociales. Estas acciones se centran en el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la promoción de vínculos entre organizaciones sociales gremiales y eclesiásticas para la identificación de vulnerabilidades, y entre instituciones del Estado; la integración de la Mesa Interinstitucional de seguimiento a homicidios contra personas defensoras con el propósito de centralizar la recolección, procesamiento y análisis de datos e investigación sobre homicidios a personas defensoras y medidas destinadas a la protección a través de la Unidad Nacional de Protección. A través de estas acciones se logró 67% de esclarecimiento de los homicidios.
La Comisión recuerda que es una obligación del Estado garantizar la participación de la sociedad civil en todas las etapas de la construcción de las políticas públicas de protección en la medida que permite incorporar las experiencias y puntos de vista de las personas y grupos que son titulares de los derechos que se busca salvaguardar.
Por otra parte, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia ha señalado que, entre enero y septiembre del presente año, fueron asesinadas 44 personas excombatientes, firmantes del Acuerdo de Paz. Asimismo, la Misión de Verificación y OACNUDH informaron sobre la verificación preliminar de 43 masacres sucedidas en 2021, 36 de los cuales se encuentran pendientes de confirmación y sobre 6 de ellos no se pudo concluir la verificación. Por su parte, INDEPAZ registró 88 masacres con 313 víctimas mortales hasta el 19 de octubre de este año.
La CIDH expresa preocupación frente a la magnitud de la violencia en Colombia y su elevado impacto en el número de personas que perdieron la vida de manera violenta, e insta al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Le recuerda al Estado su deber de proteger y garantizar de manera práctica y efectiva la vida y la integridad personal; y le exhorta a reforzar las investigaciones y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Subrayando la importancia de esclarecer los hechos, a los efectos de reparar integralmente a las víctimas como una medida de prevención y no repetición.
La Comisión observa la acumulación de las violaciones a los derechos humanos en grupos sociales que han padecido históricamente vulneraciones a sus derechos y llama al Estado a redoblar los esfuerzos en la implementación de políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de estas afectaciones.
Ante este escenario, la Comisión Interamericana reafirma su plena convicción sobre la necesidad de fortalecer la implementación integral del Acuerdo de Paz y ofrece sus herramientas de cooperación técnica para contribuir en este proceso.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
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