Por GERMÁN AYALA OSORIO
La revocatoria del mandato es un derecho político e instrumento de control democrático al que los ciudadanos pueden apelar para sacar del cargo al alcalde o gobernador que esté incumpliendo su programa de gobierno. Aunque su trámite no deja de ser engorroso y costoso, la sola solicitud ante la Registraduría Nacional del Estado Civil ya constituye un avance en materia de cultura democrática.
Ahora bien, en ocasiones ciertos promotores lo usan como instrumento de venganza política por incumplimientos burocráticos o de otra índole, lo cual constituye un riesgo de quiebre institucional, que borra el sentido democrático de la revocatoria. Con esa intención vindicativa se pone en riesgo la institucionalidad y la completa ejecución de programas de gobierno que pueden estar caminando de manera adecuada.
Las revocatorias contra los alcaldes de Cali y Medellín, Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, resultan emblemáticas porque ambos comparten una misma fuerza opositora y fuente de la convocatoria para sacarlos de sus cargos: el uribismo. La primera, aunque resultó fallida, fue auspiciada por miembros cercanos a Álvaro Uribe, quienes apoyaron la candidatura de Ospina. Dos posibles razones estuvieron detrás del proceso revocatorio en la capital del Valle: el manejo errado que Ospina le dio al estallido social en la ciudad y el incumplimiento de compromisos burocráticos, es decir, entrega de puestos y contratos. No había la intención genuina de sacarlo del cargo, fundado en un examen riguroso de sus ejecuciones y asuntos pendientes por cumplir de su plan de gobierno.
Para el caso de Medellín la situación es parecida, aunque más compleja, pues la llegada de Quintero al poder local implicó la salida de las fuerzas uribistas que de tiempo atrás manejaron a su antojo las finanzas municipales, en particular la EPM. A lo anterior se suma la apuesta de Quintero de salvar el proyecto Hidroituango, estableciendo responsabilidades políticas, técnicas y fiscales de exalcaldes, exgobernadores, empresas y consorcios cercanos al uribismo, por los errores y las malas decisiones adoptadas en la construcción de la hidroeléctrica.
La revocatoria del mandato a Quintero deviene con un inocultable carácter de venganza de un sector empresarial y político, hecho que le resta legitimidad al instrumento revocatorio y afecta negativamente la institucionalidad municipal. El pulso político entre Quintero y Uribe es de tal magnitud, que poco le importó a la Registraduría Nacional que en la recolección de firmas hubiese irregularidades asociadas a más de 200.000 firmas falsas o la suplantación de muchas rúbricas. La sola existencia de firmas fallidas o mal habidas debería de ser suficiente para anular el proceso. Veremos cómo votan los ciudadanos y ciudadanas cuando llegue la hora de participar.
Con la luz verde que la Registraduría acaba de darle a la revocatoria de Daniel Quintero esta pierde su validez como expresión democrática, pues Uribe y sus áulicos la convirtieron en un acto de venganza que aleja cualquier intención de probar que viene incumpliendo con su programa de gobierno. Esa revocatoria no está sustentada en un ejercicio democrático de unos ciudadanos que se sentaron a evaluar las ejecuciones del gobierno local, sino en un enfrentamiento ético-político entre quien, como Daniel Quintero, decidió tomar distancia del Gran Patrón y por esa vía, arrebatarle de las garras de Uribe Vélez a EPM, convertida en la caja menor de los anteriores alcaldes.
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