Por GERMÁN AYALA OSORIO
Vuelve y juega la discusión sobre el uso del glifosato en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Y nuevamente, es la Corte Constitucional la que le pone límites al gobierno de Iván Duque y al partido Centro Democrático, que lideraron la campaña para que nuevamente se usara el peligroso herbicida.
Como ya es costumbre, Duque y su bancada mintieron en el programa ambiental que presentaron con el propósito de ajustarse a las condiciones que previamente los magistrados del alto tribunal le habían impuesto para reiniciar con la aspersión del herbicida. Y lo hicieron afirmando que no había comunidades o grupos étnicos cercanos en las zonas en las que se asperjaría el químico, del que se conoce que es un efectivo defoliante y un potencial factor cancerígeno. La no aplicación de la consulta previa es, en esta ocasión, el factor determinante en la decisión que acaba de adoptar la Corte Constitucional. Trascendió a los medios que “la vulneración evidenciada del mencionado derecho fundamental (a la consulta previa) requiere del juez constitucional acciones de protección inmediatas e inaplazables”.
Mentir de esa manera se explica desde el ethos pernicioso-mafioso que guió a este gobierno, y que en general guía la vida pública y privada de todos aquellos que fungen como áulicos de lo que se conoce como el uribismo.
En la discusión científica y política sobre el uso o no del herbicida, confluyen todo tipo de intereses de actores legales e ilegales. Del lado de los legales, están quienes están convencidos de que es posible acabar con el narcotráfico. Estos mismos creen que fumigando con glifosato se golpea económicamente a los mini carteles y a los grupos paramilitares y guerrilleros que se benefician de la ilegalidad del negocio de las drogas. Esos mismos agentes que están del lado de la legalidad y que se articulan sin ambages a la política antidrogas que los Estados Unidos le impone a Colombia, no se sabe si, consciente o inconscientemente, le hacen el juego a las actividades económicas y políticas que se desprenden del narcotráfico: lavado de activos, lo que mueve la economía formal e informal y que termina en el patrocinio de campañas políticas de presidentes y congresistas. Huelga recordar que la campaña presidencial Duque presidente recibió, según las denuncias de reconocidos periodistas, millonarios aportes del Ñeñe Hernández.
Con la decisión de la Corte Constitucional se benefician, claro está, los grupos armados y los narcotraficantes, en la medida en que sus finanzas no se verán afectadas por la fumigación de los cultivos de uso ilícito. Aunque se trata de un beneficio indirecto, por ningún motivo se puede deslegitimar la decisión de los magistrados por cuanto, lo digan o no, la decisión y la postura asumida está atravesada – o por lo menos debería de estarlo- por el principio de precaución. Son varias las sentencias que la Corte Constitucional ha proferido sobre este principio. “La C-293 de 2002 profundizó sobre su alcance, y concluyó que, cuando la autoridad deba tomar decisiones específicas encaminadas a evitar un peligro de daño grave, debe proceder de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, aunque no cuente con certeza científica absoluta. En la C-339 de 2002, la Corte desarrolló el Principio aplicado en la actividad minera, indicando que, ante la falta de certeza científica frente a los efectos de la explotación en determinada zona, la decisión debe inclinarse por la protección del medioambiente. En la sentencia C-988 de 2004, se expresó la necesidad de la prueba del riesgo para evitar la arbitrariedad en la aplicación del Principio de Precaución. Con ello se evidenció el deber de las autoridades ambientales de determinar hasta dónde es admisible o no el riesgo argumentado”.
En este espinoso asunto hay un complejo entramado de aristas asociadas, por supuesto, a la política antidrogas que Colombia sigue al pie de la letra, lo que ha convertido al país en un <<laboratorio social, político y económico para este hemisferio>> manipulado por los Estados Unidos de América, el mayor receptor de la cocaína que se produce en nuestro territorio. La única vía para perder esa condición experimental sobre la que se funda ser y operar como un laboratorio, es legalizar la producción y la comercialización, o que el Estado compre la producción. Por supuesto que ello implicaría ir en contravía de la banca internacional que de manera directa e indirecta se beneficia de la circulación de millones de dólares, gracias a la ilegalidad del negocio y a la persecución a la siembra del monocultivo de la coca y a la producción y distribución de la cocaína.
Internamente, hay que reconocer que hay actores que esperan que con la aplicación del glifosato y la violencia generalizada en las zonas rurales las comunidades campesinas, afros e indígenas abandonen sus territorios y sus tierras, para salvaguardar sus vidas. De esa manera, la frontera agrícola se extiende con el objetivo de conquistar zonas selváticas y llanuras, para la imposición del modelo de la gran plantación y la siembra de caña de azúcar, palma africana y maíz, entre otros. La meta final es lograr que en dichos territorios convivan de manera controlada, los cultivos de uso ilícito con los lícitos, bajo una condición sine qua non: que los beneficiarios sean colonos, empresarios del campo y amigos del modelo agro extractivo y alejados, por supuesto, de formas colectivas y comunitarias de asumir las relaciones con los ecosistemas naturales.
Así entonces, el uso del glifosato, en el marco de la anacrónica lucha contra las drogas, es un instrumento más de gobiernos neoliberales como el de Iván Duque, interesados en intervenir y transformar ecosistemas frágiles y estratégicos, para el beneficio de ganaderos y latifundistas. De esa manera, logran devolver los favores electorales recibidos y por esa vía, imponer un tipo de desarrollo que requiere de la eliminación de las relaciones consustanciales que comunidades indígenas y campesinas han construido con los ecosistemas cercados no solo por actividades ilegales (siembra de coca y minería), sino por la presencia de ganaderos, urbanizadores legales e ilegales y los llamados nuevos colonos que terminan aportando a los fenómenos de la bancarización y la extranjerización de la tierra en la altillanura y en el amazonas.
Hacerle el juego a la lucha contra las drogas y el narcotráfico solo le sirve a quienes desde el Estado y la sociedad civil, insisten en un desarrollo que solo es sostenible en lo económico y lo político. En relación con las perspectivas socio ambientales, culturales y ecológicas, ese desarrollo deviene claramente insostenible.
@germanayalaosor
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