En días pasados, en entrevista para Blu Radio el registrador Alexander Vega anunció que los colombianos entraremos en proceso de cedulación digital, a un costo de más de dos billones de pesos. Esto en alianza con IDEMIA, empresa privada que presta servicios a la industria de las finanzas, telecomunicaciones, identidad, seguridad e Internet de las cosas.
Vega afirmó que “en los próximos meses se empieza a masificar para todos los colombianos, van a estar vivas las dos cédulas, pero en un periodo de dos años vamos a hacer el cambio total. Pierde vigencia la cédula de hologramas y pasaríamos a la cédula electrónica y digital para todos…”.
De entrada, surge un interrogante: ¿por qué contratar un nuevo proceso en estos momentos, cuando se cuenta con material físico para realizar cedulación durante 10 años, material que ya se compró y reposa en las bodegas de la Registraduría? ¿Qué pasará con todo ese plástico? ¿Si no van a usar el material adquirido para cédulas, en que se usará? Dice Vega que se trata de una tecnología que ha sido implantada con éxito en otros países. ¿Cuáles? Y ¿Qué alcance real le han dado a la solución?
También intriga saber de dónde saldrán los más de dos billones que le costará al país la famosa cedulación digital, un presupuesto que ni siquiera está contemplado en ningún rubro de gastos de la entidad. Haciendo una operación matemática simple, si la expedición de cada cédula cuesta $53 mil, y si el numero de cédulas a reemplazar es de 40 millones de colombianos, el negocio para IDEMIA asciende a los dos billones de pesos.
Importante también destacar que los documentos de identidad digital no están estandarizados. Por ejemplo, en el caso de los países del Pacto Andino, Perú, Ecuador o Panamá no permitirán el acceso a sus países de ciudadanos que tengan documentación digital. Y la cereza del pastel: los bancos y entidades financieras no están preparadas para recibir este tipo de documentos. Incluso el ente regulador, que es la Superintendencia Financiera, exige que la persona sea identificada con un documento de identidad física. O sea, esto va en contravía de lo que ofrece la Registraduría.
Otro aspecto a tener en cuenta que el registrador nunca ha explicado a satisfacción cómo van a adecuar las normas y leyes vigentes a las reglas electorales, ya que estas exigen que la persona muestre su documento de identidad física, al igual que en muchísimos otros entornos donde se requiere la identificación física.
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