Por GERMÁN AYALA OSORIO
Como país biodiverso Colombia resulta atractivo para las multinacionales farmacéuticas, en tanto despensa de material genético aprovechable para producir curas a muchas enfermedades y quizás para enfrentar futuras pandemias. También lo es para gobiernos extranjeros que proyectan guerras venideras por el acceso al agua.
Contrasta con lo anterior que la educación en Colombia y las apuestas de desarrollo se han dado de espaldas y en contra de esas condiciones naturales. La defensa de la biodiversidad, digámoslo sin ambages, no ha contado con políticas de Estado fundadas en una ética ecológica y mucho menos pensadas desde una perspectiva sistémica. Por el contrario, la institucionalidad ambiental creada a partir de los compromisos internacionales asumidos por Colombia y reflejados en el carácter verde de la Carta Política de 1991, se debilitó durante los dos mandatos de Álvaro Uribe. Con ese gobierno se retrocedió en materia de una gestión ambiental proclive a cuidar, restaurar, proteger o aprovechar de manera sostenible. Uribe entregó el mayor número de licencias de explotación aurífera y fusionó el Ministerio de Ambiente con la cartera de Vivienda.
Bajo esas circunstancias internas, la cooperación internacional y la llegada de recursos económicos para la investigación y conservación han estado a la orden del día. Desde los tiempos del proyecto Biopacífico, con el que se pretendió saldar la histórica deuda social y económica con las comunidades afros del Pacífico, hasta el reciente anuncio que hace El Espectador respecto a que Alemania destina 7 millones de euros a la protección de la biodiversidad en Colombia, la llegada de millonarias inversiones la biodiversidad parece ser un atractivo negocio. El señalado proyecto Biopacífico no terminó bien en sus primeras pretensiones socioeconómicas, pero sí facilitó la salida de material genético recolectado en el marco de la Primera Expedición científico y comunitaria a la Serranía de los Paraguas, de la cual hice parte en mi rol de periodista, organizada por el Minambiente (1995).
Por lo ocurrido con ese proyecto en particular, y en general con las iniciativas de conservación con apoyo internacional, ¿a qué se obliga Colombia, aparte de realizar actividades de conservación, tal y como lo señala el titular del diario bogotano? En la nota se lee: “Colombia firmó el Contrato de Aporte Financiero y de Ejecución del Programa ‘Conservación y Uso Sostenible de Recursos Naturales’ con el banco alemán gubernamental KFW, bajo el cual se destinarán 7 millones de euros para proteger la biodiversidad en el país. La alianza fue firmada por el ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia”.
No se trata de oponerse a este tipo de convenios e inversiones. No. A lo que apunto es a que la sociedad tenga claridad en torno a los alcances y compromisos adquiridos por el Estado receptor de los recursos económicos. Me pregunto: ¿su firma implica la extracción de material genético de cuyo aprovechamiento el país no se beneficiará en el futuro? ¿Implica, igualmente, una forma de privatización de selectos ecosistemas?
Es importante también examinar las iniciativas y proyectos que con esos mismos objetivos conservacionistas han llegado a la Amazonia y a otros ecosistemas que hoy enfrentan agresivos procesos de potrerización, defaunación y deforestación, con la anuencia de las autoridades ambientales que en esos territorios no tienen la capacidad para enfrentar los desafíos de las organizaciones criminales que están detrás de la tala indiscriminada y de la intervención en esos ecosistemas boscosos.
En estos tiempos en los que se sienten con mayor rigor los efectos del Cambio Climático o de la crisis climática y civilizatoria, al decir de Enrique Leff, la lógica expedicionaria del Dorado no puede trasladarse ahora a unos territorios biodiversos para la conservación de sus valiosos ecosistemas, a sabiendas que ni el Estado colombiano y mucho menos las comunidades asociadas a estos tienen un mínimo control.
Nada más arriesgado que insistir en que nuestra biodiversidad es patrimonio de la humanidad, cuando el Norte opulento hoy sufre las consecuencias de un desarrollo basado en actividades y acciones de sometimiento y transformación de sus ecosistemas. Hay una sola Casa Grande o Gaia, y todos tenemos responsabilidades con su cuidado, pero ello no es óbice para exigir transparencia en los convenios de cooperación que se firman.
@germánayalaosor
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