Por GERMÁN AYALA OSORIO
El gobierno de Gustavo Petro radicó el proyecto de ley mediante el cual se modificará la ley de Orden Público, para darle sustento jurídico-político y un carácter estatal a la maximalista idea de la Paz Total. De la propuesta se destaca el establecimiento de Regiones de Paz, que implica la descentralización del poder del presidente de la República. Aunque se niega la posibilidad de declarar zonas de distensión o despeje para procesos de desmovilización y desarme de estructuras delincuenciales, con o sin estatus político, en la práctica podría volverse a esa figura al momento en que un grupo armado ilegal lo plantee. Incluso, es posible que tácitamente, ante un pacto de cese bilateral o multilateral al fuego, ciertas zonas de las regiones de paz puedan operar bajo esa condición, sin que así sea declarada.
La apuesta de la Paz Total de la actual administración es arriesgada, porque hay municipios PDET y otros que hacen parte de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), con fuerte presencia narco paramilitar y guerrillera. Dichos grupos cuentan con el control político y financiero de dependencias de las alcaldías o incluso, de toda la administración local. Es decir, esos esfuerzos de pacificación por la vía dialogada podrían terminar en acuerdos que si bien servirían para mejorar las condiciones de vida de la población civil, estarían fundados en la legitimación de actividades ilegales. Por lo anterior, es importante que antes de que sean declaradas “regiones de paz”, allí se inicie ya un proceso de consolidación estatal, basado no solo en la presencia armada y legítima del Estado, sino en lo que tiene que ver con actividades propias de la administración pública conducentes a identificar las redes y los mecanismos de captura de las instituciones oficiales. De igual manera, lograr que el Estado se gane la confianza de la población civil y sus miembros comprendan que a la larga es mejor someterse a la autoridad estatal y no a la que ejercen los actores ilegales.
Insisto, no puede caerse en la trampa de pacificar regiones sobre la base de extender en el tiempo viejos procesos de captura del Estado por parte de grupos armados ilegales, con la anuencia de las élites locales que guardan de tiempo atrás perniciosas relaciones, en particular con estructuras paramilitares.
El Estado, de la mano de la Academia, podría adelantar procesos de intervención social y económica que permitan reconocer los factores generadores de violencia, cuyas lógicas puedan ser revisadas y revertidas. Hablo en particular de modelos de desarrollo y de los aparatos productivos locales y regionales que alimentan de alguna manera las expresiones de violencia armada, por cuanto no aquellos no responden de manera adecuada a las expectativas de vida de los habitantes.
El carácter transversal con el que se plantea la modificación a la ley de Orden Público exigirá de todas las dependencias del Estado, de los partidos políticos, del aparato judicial y de agentes de la sociedad civil un particular comportamiento, caracterizado no solo por la eficacia y la eficiencia en solucionar problemas urgentes de la vida societal, sino por el convencimiento de los funcionarios públicos de que es el Estado y nadie más la figura responsable de guiar la vida de sus asociados, en esos territorios asumidos bajo la estrategia PDET y los que hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC).
Ya veremos cómo pasa la propuesta en su trámite por el Congreso de la República. Mientras tanto, hay que estar atentos a las acciones que ya están emprendiendo las fuerzas legales e ilegales simpatizantes del uribismo, cuyo objetivo es desestabilizar las regiones que mañana serán contempladas dentro de las Regiones de Paz.
Adenda: el proyecto de ley contempla la transformación del servicio militar obligatorio en un servicio social- ambiental. Aplausos. Debe ponerse fin a la exigencia y expedición de la libreta militar, documento que en muchas ocasiones impide la incorporación de los jóvenes a la vida laboral.
@germanayalaosor
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