Por GERMÁN AYALA OSORIO
El comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que expresan su rechazo al proyecto de Paz Total del gobierno Petro podría convertirse en el primer obstáculo para el avance de las conversaciones, por ahora secretas, que se adelantan.
Dice el ELN que “calificar a bandas del crimen organizado, sin motivaciones del alzamiento armado, conectadas a los intereses de las élites, como si fueran organizaciones de oposición, amparándose de forma retorcida en requisitos convencionales del Derecho Humanitario”.
La preocupación es legítima, y habrá que esperar que al interior del Congreso se den las discusiones que, más allá de recoger la queja de esa guerrilla, asegure el acompañamiento de la ONU y de la llamada comunidad internacional, y la consecuente validación de lo que el Estado logre en materia de sometimiento o acogimiento.
No se trata de invalidar la importancia de discutir sobre si se reconoce o no el estatus político a ciertas agrupaciones delincuenciales como el Clan del Golfo y de otras que operan en ciudades como Buenaventura, Cali, Bogotá o Medellín. Se trata es de pensar si con ese reconocimiento es suficiente para alcanzar la maximalista Paz Total.
El estatus político deviene con una suerte de pureza política que, al revisar las actividades desplegadas por el propio ELN, su contaminación es apenas evidente, por ejemplo, cuando se dinamita el oleoducto Caño Limón-Coveñas, se secuestra con fines extorsivos, o se atacó la Escuela de Cadetes de la Policía, General Santander con el saldo de 23 jóvenes cadetes asesinados. De igual manera, al examinar las acciones adelantadas por grupos como el Clan del Golfo, es más probable encontrar en estas un carácter pre-político, o de mero bandidaje, asociadas estas actividades al tráfico de cocaína.
La pureza política del estatus al que hace referencia el comando central del ELN pierde legitimidad y sentido político al momento en el que, por ejemplo, se conoció que de la nómina del Clan del Golfo hacían parte miembros activos y retirados de las fuerzas armadas (policía y ejército). Esa es una realidad política por cuanto compromete no solo la legitimidad del Estado, sino su viabilidad como proyecto político. Para tratar de resolver ese problema moral, ético e institucional, el presidente Petro apeló al poder discrecional que le otorga la Carta Política, para sacar de las filas a altos oficiales que presuntamente tenían relación con la organización narco-paramilitar que hasta hace poco lideró el criminal de marras, alias Otoniel. Y la operación de vigilancia sigue al interior de las fuerzas armadas, con el objetivo de sacar de las filas a quienes decidieron borrar los límites entre lo legal y lo ilegal.
Quizás el Comité Central (COCE) del ELN sigue instalado en un plano moral superior, el mismo desde el que se han resistido a firmar un armisticio con el Estado. A lo mejor sea tiempo ya de reconocer que, en su conjunto, la sociedad colombiana deviene con fallidos procesos civilizatorios, en buena medida, responsabilidad de una élite mafiosa y criminal, y de un pueblo ignorante que, además de cansado de la corrupción y de la guerra, no está dispuesto a entender de qué se trata la lucha política de los grupos subversivos.
La penetración del negocio del narcotráfico en todos los ámbitos del Estado y en casi todas las esferas societales, hace que las salidas políticas tanto al conflicto armado interno, como a las múltiples formas de violencia de bandas criminales, se den en un marco moral, ético e institucional movido por el pragmatismo político con el que deviene la propuesta de la Paz Total, a pesar de los horizontes que el derecho internacional humanitario pueda ofrecer para legitimar negociaciones, sometimientos o acogimientos de los diversos actores armados que han sembrado de terror al país.
No puede olvidar el Comando Central del ELN que el proyecto de la Paz Total de Petro va de la mano de la pretensión de industrializar justamente los territorios que hoy se disputan una variedad de agrupaciones armadas de diversos orígenes. De la misma manera, la idea de proteger las selvas y otros ecosistemas estratégicos y valiosos para enfrentar los desafíos del Cambio Climático requiere acelerar los procesos de pacificación de la mano del Estado.
Convertir al país en “potencia mundial de la vida” requerirá no solo de decisiones de política económica, sino de unas altas dosis de pragmatismo político y jurídico. En este punto hay que señalar que la dirigencia de esa guerrilla ha sido especialmente renuente a actuar con pragmatismo, justamente por eternizar discusiones conceptuales, cuando lo que hoy necesita el país es construir rápidos consensos alrededor de una idea que debería de tenerse en cuenta: la Paz, como aspiración social y política viene sufriendo un profundo desgaste, en virtud no solo a que el ELN se quedó por fuera de lo que en su momento pudo ser la paz completa con Santos, sino a la aparición de las disidencias de las extintas Farc-Ep, grupos que terminarán implosionando y dando vida a más frentes o columnas móviles.
Ojalá el sentido político del comunicado del ELN no termine siendo una disculpa más de su dirigencia, para ocultar posibles fracturas, o simplemente, que no están listos y preparados para aportar, desde la institucionalidad, a cambiar, desde adentro, el oprobioso régimen que vienen enfrentando desde hace más de 50 años sin éxito alguno.
@germanayalaosor
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