Por JORGE SENIOR
Los lectores habituales de esta columna que suelo llamar Buhografías, habrán notado que la temática de ciencia y política nacional ha cambiado un tanto. Las últimas columnas se han centrado en temas como el megaproyecto del Canal del Dique, la empresa Monómeros, la crisis de las tarifas de energía en la Costa Caribe.
Aparentemente se trata de problemas del Caribe colombiano, pero en realidad trascienden por diversos motivos al nivel nacional. Lo interesante es que en estos temas se han logrado las primeras victorias del Gobierno Petro.
En el Canal del Dique el primer triunfo fue haber logrado el aplazamiento de la adjudicación del megacontrato a la cuestionada empresa española Sacyr durante la última semana del gobierno Duque (ver columnas uno y dos). Un triunfo de la presión de la opinión pública a través de medios de comunicación (como El Unicornio) y de la movilización de los campesinos y pescadores de la ecorregión del Canal del Dique, que también es un cementerio acuático producto de la violencia paramilitar. Al llegar el nuevo gobierno, el primer tropiezo fue la presencia de un ministro conservador que al principio no entendió la concepción humanista progresista del proyecto político que encarna Gustavo Petro. Tampoco fue clara la posición, un tanto ambigua, del director de la ANI, William Camargo. En cambio, sí lo fue la de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que meses atrás era la vicepresidente del movimiento político Colombia Humana. También ayudó mucho la comisión accidental de Senado y Cámara presidida por el único senador del Pacto Histórico en el Caribe, Pedro Flórez, en cuyo evento intervinieron 48 personas de las comunidades.
El resultado es que va quedando claro que el próximo lunes 12 de septiembre no se adjudicará el megaproyecto, a pesar de que hace un mes el Mintransporte Guillermo Reyes aseguró que “va porque va” para esa fecha. El verdadero logro es la ampliación de las consultas previas, las medidas cautelares de la JEP y el requisito de licencia ambiental, que mejorarían el proyecto. Se destaca la reunión de socialización en San Onofre, Sucre, porque gobernador, alcalde y comunidades se unieron contra el diseño actual del proyecto que beneficia a la bahía de Cartagena, pero perjudica al Golfo de Morrosquillo. La reciente visita del presidente Petro a Santa Lucía, al borde del Canal, zona en riesgo inminente de inundación, parece que no fue suficientemente provechosa debido a la mala organización por parte de las dos credenciales del Atlántico, el diputado Nicolás Petro y el Representante a la Cámara Agmeth Escaf, quienes nunca entendieron que el Canal es una ecorregión y que, por tanto, las fronteras artificiales de municipios y departamentos no son determinantes. Lo importante es el ordenamiento del territorio alrededor del agua.
Petro ha invitado a los diálogos regionales vinculantes y a la creación de comités de crisis climática. La metodología de estos espacios no está clara. Y el tema en el Canal como en La Mojana es bien complejo, pues integra aspectos ingenieriles, sociales, ambientales, económicos y Petro incluso lo conecta con la reforma agraria. Volveremos sobre esta estrategia en alguna columna posterior y mientras tanto haremos seguimiento a los procesos en los territorios.
En el tema de Monómeros (ver columna), el gobierno Maduro ya recuperó el control de la empresa gracias al cambio de gobierno en Colombia. Ya se posesionó la nueva Junta Directiva venezolana. Lo que no está claro es qué obtuvo Colombia en la negociación. ¿Precios especiales de la urea? ¿Presencia en algún nivel directivo? No se sabe. El embajador Benedetti no ha soltado prenda, ni siquiera con unas copas de más. De todos modos Colombia necesita urgentemente que la empresa recupere sus anteriores niveles de producción, para aumentar la oferta de fertilizantes y bajar precios de alimentos.
Pero el tema más caliente es el de las tarifas de energía en la Costa Caribe con sus dos empresas: Air-e (propiedad de Alberto Ríos Velilla, viejo enemigo de Petro por el tema del aseo en Bogotá Humana) y Afinia de la EPM. En Cartagena hay un paro el 22 de septiembre. En Barranquilla habrá una marcha el 29 de septiembre convocada por Coordeserp, las juntas comunales y otras organizaciones populares. Las protestas y plantones son comunes en toda la Costa. Las empresas se encuentran en situación crítica en toda la región debido a los elevados costos de la energía. Y la clase política que es culpable y cómplice de esta situación ahora quiere aparecer como abanderada de las soluciones (ver columna uno y dos). El asunto dio dos giros sustanciales: (1) el anuncio de Daniel Quintero de que Afinia, manejada por EPM, bajará voluntariamente las tarifas (lo que pondría a Air-e contra la pared); (2) la decisión del presidente de la República de cortar el nudo del lío interviniendo la CREG para que sus funciones regresen al Ministerio de Minas y Energía, encabezado por la polémica Irene Vélez. Ambos hechos son muy positivos, pero el pueblo no baja la guardia y las protestas del 22 y el 29 siguen en pie.
En Barranquilla hemos conformado una Mesa Técnica de Energía integrada por expertos. El próximo martes intervendremos a nombre de esta mesa en la Comisión Sexta del Senado. El contenido de esta intervención lo publicaremos en El Unicornio.
Nótese que en los tres ejemplos del gobierno Petro que hemos reseñado aquí, esta columna se anticipó a los hechos. Y dimos en la diana.
Coletilla: Dagoberto Quiroga, mencionado en la columna anterior, será el nuevo Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y tendrá que afrontar la crisis de las tarifas de energía.
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