Por GERMÁN AYALA OSORIO
El convenio firmado entre el presidente Gustavo Petro y el dirigente de Fedegan, José Félix Lafaurie, mediante el cual el Estado compraría tres millones de hectáreas, es un paso definitivo para garantizar la reforma agraria integral que se acordó en La Habana. Esas tierras deberán ser entregadas a campesinos, como un modo de contribuir a su seguridad y a la soberanía alimentarias.
El documento firmado entre las partes despeja toda dudas sobre los miedos a la expropiación que la derecha y el entorno del dirigente gremial usaron para intentar frenar la llegada de Petro a la presidencia. Más allá de los tecnicismos de la negociación y del examen que se les debe hacer a los predios sobre la calidad de sus suelos, las condiciones ecológicas y los servicios ambientales que prestan, lo acordado tiene un enorme significado político, pues Petro asegura gobernabilidad frente a un gremio hostil a todo lo que le huela a izquierda y a progresismo. Esto no es un asunto menor, por cuanto el paramilitarismo, de acuerdo con declaraciones dadas por Benito Osorio, es un fenómeno cercano al sector ganadero. De esa manera, Petro desactiva cualquier acción criminal en su contra, nacida de las entrañas de aquellos que aún siguen instrucciones y órdenes de grupos como el Clan del Golfo o a través de las estructuras sicariales que operan acéfalas después del fallido proceso de sometimiento a la justicia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.
Deberá cuidarse el gobierno de Petro no solo de eventuales problemas que esas tierras tengan en torno a títulos de propiedad y certificados de tradición. Que no se vaya a tratar de la compra y venta de predios que hacen parte de procesos de extinción de dominio o que son materia de reparación de víctimas, por la ocurrencia de masacres y desplazamientos forzados. En eso se debe trabajar con mucho sigilo y responsabilidad.
El acercamiento entre Fedegan y el gobierno de Gustavo Petro constituye, entonces, un hecho político que reconcilia a dos líneas paralelas de las que pocos o quizás nadie esperaba que terminarán uniéndose en torno a una de las causas que se atribuyen al levantamiento armado ocurrido en los años 60: la lucha agraria, por la tenencia de la tierra, debido a su concentración en pocas manos. Ojalá que lo acordado entre Petro y Lafaurie no termine como terminó el Pacto de Chicoral. En este punto, José Félix Lafaurie está exponiendo su legitimidad y liderazgo ante un gremio que exhibe fracturas, especialmente por todo lo negativo que rodea a Fedegan, de acuerdo con declaraciones entregadas no solo por Benito Osorio, sino por el propio comandante paramilitar, Salvatore Mancuso.
También será importante definir, antes de la adjudicación de los predios, asuntos asociados a la sostenibilidad sistémica de los proyectos productivos que se vayan a adelantar de la mano de los campesinos. Esto es, asuntos asociados a la conservación o restauración de ecosistemas si es del caso; la recuperación de la cultura campesina, por la imposición de la ganadería extensiva; el mejoramiento de las vías secundarias y terciarias, así como el aseguramiento de la comercialización y las cadenas de frío que se requieran para conservar los productos.
¿Será posible pensar en una declaratoria como Zona de Reserva Campesina? Y otro aspecto a tener en cuenta es que la entrega se haga a verdaderos campesinos y no a advenedizos sujetos que siempre aparecen en esos procesos de entrega de predios. También es importante que la conservación de la propiedad esté atada al objetivo claro de aportar a la seguridad alimentaria que es responsabilidad del Estado y a la soberanía alimentaria que es del resorte de las comunidades campesinas (afros e indígenas). Esperemos que todo salga bien y que la necesidad de ganar en gobernabilidad, no termine en un nuevo fracaso de transformar la estructura agraria del país.
@germanayalaosor
Sobre el autor o autora
