Por HORACIO DUQUE
En la medida en que las políticas y el programa del gobierno progresista del Pacto Histórico avancen con resultados tangibles, la obstrucción, el ataque y la zancadilla serán el pan de cada día en la acción de la ultraderecha fascista, que profundizará el odio y el ensañamiento con cada reforma y avance en favor de los derechos democráticos de millones de colombianos.
La disputa política y social será endiablada; el choque será sin tregua; los golpes serán cada vez más bajos y el cuchillo -o la bala- el arma preferida, buscando el momento del golpe mortal para detener la historia, para liquidar el sujeto histórico que lidera el cambio y la transición hacia una sociedad más democrática, justa, pacífica, ambientalista y soberana.
En principio la ultraderecha, debilitada electoralmente se replegó y mostró condescendencia; pero con el pasar de los meses fue mostrando sus cartas y su juego para socavar y decapitar el gobierno del presidente Petro.
Hoy estamos en un momento crucial: tres entidades claves en el funcionamiento del Estado (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del pueblo) están en manos de reconocidos agentes de roscas oscurantistas, de mafias políticas muy poderosas.
Se trata de Francisco Barbosa, el Fiscal; Margarita Cabello, la Procuradora; y Carlos Camargo, el Defensor del Pueblo.
El tema escogido por estos tres personajes para atacar de manera simultánea y coordinada es el de la Paz total y las medidas adoptadas por el gobierno con el fin de implementarla.
Los tres están atrincherados en sus espacios institucionales, cuestionando, rechazando y anulando decisiones claves de la administración Petro en materia de paz total y de cese bilateral del fuego temporal y nacional decretado desde el 31 de diciembre del 2022 que ya tiene importantes desarrollos como los acuerdos con las Farc-EP del comandante Iván Lozada, para fijar los protocolos y el mecanismo de control de la suspensión de acciones militares ofensivas y la desmilitarización de las regiones donde hace presencia dicho movimiento guerrillero, como se acaba de anunciar para los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare, no obstante la feroz diatriba militarista del jefe paramilitar de los Llanos orientales, el gobernador del Meta, señor Juan Guillermo Zuluaga.
El Fiscal Barbosa ha hecho de todo para impedir la libertad de los lideres juveniles de la protesta social de abril del 2016 y para negar la libertad y ciertos beneficios jurídicos de y para algunos jefes paramilitares que han aceptado acogerse a la ley 2272 del 2022, para someterse y desmantelar a los “urabeños” y a los “Pachencas”, que son bandas criminales ligadas al negocio de la coca y a otras actividades ilícitas realizadas con el apoyo de militares y policías; Barbosa esta desconociendo descaradamente las competencias constitucionales y legales del presidente Gustavo Petro, quien recibió atribuciones precisas con la ley 2272/22 para adelantar negociaciones con esas bandas que quieren acogerse a la Paz total.
La última salida de Barbosa consistió en llamar a declarar al director de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Daniel Rojas, quien ha destapado toda la podredumbre de esta entidad encargada de administrar los bienes -tierras, ganado y apartamentos- incautados a los carteles de la droga y el narcotráfico; este fiscal está coludido con grandes jefes de la cocaína para bloquear la entrega de las tierras incautadas a los narcos a los campesinos en el marco de la reforma agraria que tiene rodando el gobierno del Pacto Histórico.
La procuradora Margarita Cabello -integrante de los clanes criminales de la parapolítica de Barranquilla-, también se ha opuesto a las medidas del presidente alegando que la Constitución política está por encima de la paz, como si entre la ley de leyes y la convivencia existiera un antagonismo. Un verdadero adefesio esta funcionaria, que lanza este tipo de teorías absurdas con tal de atacar la Paz total.
El defensor del pueblo, señor Camargo, se ha expresado en los mismos términos; se trata de un socio de las bandas tradicionales del paramilitarismo de Montería -la capital del departamento de Córdoba, en el Caribe-, quien ha instrumentalizado el sistema de Alertas Tempranas de esa entidad -que son cartografías territoriales de la violencia- para dar soporte a las masacres y al exterminios de lideres sociales que ejecutan los militares y policías, como sucedió con la masacre de indígenas en Puerto Leguizamo (Putumayo), ejecutada teniendo como soporte una Alerta temprana de Camargo.
Gravísimo este bloqueo institucional de las entidades mencionadas y sus titulares. No hay que olvidar que fue desde la Procuraduría -la encabezada por el troglodita Alejandro Ordóñez- que se procedió a la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, pero que la acción de masas en la Plaza de Bolívar de la capital echó para atrás.
Es lo que hay que hacer ahora: denunciar, alertar y mover a la ciudadanía contra esta mafia ultraderechista atrincherada en puntos clave del Estado que pretende malograr la Paz total para poner fin a la violencia colombiana.
Nota. La Guardia campesina de Vistahermosa y Mesetas (Meta) ha puesto fin al cerco humanitario sobre 30 soldados de la Fudra Omega, con la mediación de funcionarios de Derechos Humanos, una vez se han hecho compromisos para desmilitarizar el territorio, garantizar la vigencia del cese bilateral del fuego acordado con las Far-EP, proteger la Asamblea campesina, ambiental y agraria que se ha convocado en la región con delegados de los sindicatos y asociaciones agrarias de los departamento del Caquetá, Guaviare y el Meta.
El resultado para la democracia -en los territorios del sur oriente colombiano- del cerco humanitario sobre esta tropa del general Roger Gómez Herrera (Pentágono) ha sido muy importante. Para eso debe servir el cese al fuego: para proteger la vida de los campesinos, de los indígenas y para garantizar los derechos políticos de los habitantes de estas regiones afectados con la violencia de los piquetes militares de esa Fudra Omega, que van como Pedro por su casa atropellando, asesinando y despojando a las humildes familias de la región.
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