Por GERMÁN AYALA OSORIO
Como forma de dominación el Estado moderno es una realidad política de carácter planetario, pero también una categoría universal sobre la que suelen recaer responsabilidades cuando alguno de sus operadores falla o comete un delito.
El criminal paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, viene de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde afirmó que “la omisión del Estado siguió. Aquí el Estado tiene que responder y asumir sus responsabilidades de que fueron los primeros responsables por omisión de toda la tragedia que hemos vivido en Colombia, pero particularmente de que la que me correspondió”.
Ya el Estado colombiano ha sido varias veces sancionado política, fiscal y moralmente por jueces de la República y por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a masacres perpetradas en contubernio con militares; y, también castigado por delitos graves cometidos, por ejemplo contra periodistas, como el caso de Jineth Bedoya, violada por paramilitares en complicidad con agentes estatales.
De un modo difícil de explicar porque escapa al sentido común, en Colombia se ha hecho visible por lo menos en los últimos 30 años la operación de un Estado asesino, como lo reconoció el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Esto nos debe avergonzar a todos, y preocupa que al momento de las condenas proferidas por los jueces el establecimiento de las responsabilidades se convierte en un proceso largo y tedioso para las víctimas que esperan justicia, mientras que para los victimarios deviene en el mejor argumento para justificar sus fechorías y evitar asumir responsabilidades directas. En el caso de ‘Jorge 40’, por haber conformado y liderado estructuras criminales que así consolidaron el proyecto político, social y económico impulsado desde el mismo establecimiento para someter a campesinos, afros e indígenas, tratados como enemigos de los intereses de una élite con toda la capacidad para mover a su favor las fuerzas represivas y coercitivas del Estado.
Pierre Bourdieu sostiene que el “Estado no es un aparato orientado hacia el bien común, es un aparato de contención, de mantenimiento del orden público, pero en provecho de los dominantes” (p.16). Si acogemos esta sentencia y la anclamos en las declaraciones del condenado criminal ‘Jorge 40’, la operación paramilitar estuvo por largo tiempo fundada en atacar política y militarmente al espectro ideológico llamado “comunismo”. Por esa vía argumental, la responsabilidad penal y política por los crímenes cometidos por las AUC la deberían asumir todos los políticos, jueces, periodistas, militares, policías, sacerdotes, artistas, estudiantes, profesores, rectores de universidades y empresarios que usaron la lucha contra el comunismo o el “castrochavismo” para perseguir, estigmatizar y aplaudir el asesinato de todos aquellos que simpatizan con ideas socialistas o que simplemente se atrevieron a criticar a la élite dominante.
Y aunque todos hacemos parte del Estado y contribuimos a diario a su legitimación, las responsabilidades directas por las graves violaciones de los DD.HH. perpetradas por militares y paramilitares las deben asumir, directamente, los miembros del establecimiento colombiano. Por supuesto que todos somos responsables de lo acontecido, por acción u omisión, pero sobre todo por no alzar la voz al momento en el que los líderes y patrocinadores del paramilitarismo en Colombia se apropiaron del Estado para usarlo con el perverso propósito criminal de asesinar y estigmatizar a todo aquel que pensara diferente.
Alias ‘Jorge 40’ tuvo la opción de haber tomado otro camino en su vida, pero no lo hizo porque nació en un territorio donde opera de tiempo atrás, un orden criminal que él mismo llama «Estado».
Y con Estados así de amigos… ¿para qué enemigos?
@germanayalaosor
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