Por GERMÁN AYALA OSORIO
Aunque se desconocen detalles de la reunión que sostuvieron los presidentes de las altas Cortes con el jefe del Estado a raíz del agrio enfrentamiento personal e institucional entre Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, lo que en realidad debió ocurrir en ese importante encuentro es haber reconocido la urgente necesidad que hay de cambiarle la maltrecha imagen que arrastra la fiscalía general de la Nación, convertida hoy, según sustentadas denuncias periodísticas, en un nido de hampones.
Las administraciones de Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa dan cuenta de la imperiosa necesidad de intervenir esa institución, por cuenta del desvío misional que viene sufriendo en manos de la corrupción, el clientelismo y el manejo discrecional de los criterios penales con los que el ente investigador, a través de los fiscales, hace su trabajo de investigación y acusación.
Urge que las altas Cortes, de la mano del presidente Petro, acuerden esa intervención, deponiendo los intereses que puedan tener los magistrados y el propio mandatario; para el caso de los magistrados de las altas cortes, dichos intereses aparecen asociados a la presencia de familiares suyos que trabajan en la Fiscalía, circunstancia que los conmina a guardar silencio ante los desaciertos cometidos por Barbosa en lo que concierne a política criminal.
En este contexto resulta inaceptable y sospechoso el silencio de la Corte Suprema de Justicia ante las dos solicitudes de preclusión que ordenó Barbosa, a favor del expresidente Uribe Vélez; y para el caso del presidente, el interés de tener un fiscal de bolsillo, como lo tuvieron sucesivos gobiernos. Por ejemplo, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo entre su carriel a los fiscales Osorio, Martínez y Barbosa. Algo inaceptable, repito.
En pocos meses el presidente de la República enviará a la Corte Suprema de Justicia una terna de candidatos para remplazar a Barbosa. La conformación misma de la terna por parte suya debe partir de dos principios, ojalá compartidos por los magistrados de las altas Cortes: que sea un reconocido penalista, que no sea amigo de Álvaro Uribe Vélez y mucho menos, cercano a Sarmiento Angulo o a otro magnate criollo. Hay por lo menos dos candidatos que cumplen a cabalidad con esas condiciones: Miguel Ángel del Río y Angélica Monsalve. Y por supuesto, que no tengan tacha alguna. Del Río y Monsalve son abogados probos.
Al proponer Petro una terna cuyos miembros cumplan con estos tres requisitos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tendrían razones para devolverle al presidente el listado de candidatos, circunstancia esta que podría darse por cuenta de la defensa que el actual presidente de esa corporación hizo del fiscal Barbosa, al llamarle solo la atención del presidente Petro, en el marco del ya señalado enfrentamiento con el fiscal Barbosa. Ojalá ese escenario no se dé y el rifirrafe entre Barbosa y Petro haya quedado de verdad olvidado en las mentes de los magistrados que elegirán al próximo fiscal general.
Resulta recomendable que los magistrados de las altas Cortes, en particular los de la Corte Suprema, se alejen de los noticieros y de la prensa tradicional, pues estos medios están en la tarea de consolidar la narrativa que pone a Petro como un potencial dictador, cuando fue Álvaro Uribe Vélez quien afectó en materia grave el equilibrio de poderes con la reelección presidencial inmediata y su intención de una segunda reelección; y con los seguimientos ilegales que desde el DAS se ordenaron en contra de los magistrados que procesaron a sus congresistas amigos por paramilitarismo.
Es tiempo de pasar las amargas páginas que Luis Camilo Osorio, Néstor H. Martínez y Francisco Barbosa escribieron para la Fiscalía durante sus administraciones. La institucionalidad terminó maltrecha, de allí la consolidación del negativo imaginario colectivo que los colombianos tienen de la justicia y en particular del trabajo de la fiscalía. Por el bien del país, es tiempo de intervenirla.
@germanayalaosor
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