Por GERMÁN AYALA OSORIO
El 7 de agosto de 2022 inició el gobierno de Gustavo Petro Urrego. Cualquier análisis antes de los primeros 12 meses resultará impreciso e incluso injusto, por cuanto los ajustes institucionales y los cambios propuestos necesitarán de más tiempo para hacerse visibles. Es más, es probable que al terminar su periodo presidencial específicas transformaciones y ajustes apenas se dejarán ver pasado el 7 de agosto de 2026, siempre y cuando el siguiente gobierno no diseñe políticas públicas con las que intente echar para atrás políticas de Estado.
Haber hecho campaña con la bandera del cambio llenó de expectativas a una sociedad que se acostumbró a que en Colombia todo cambia, pero todo sigue igual: se siguen produciendo masacres, continúa la violencia política asociada al accionar criminal de grupos al margen de la ley, como las disidencias de las Farc-Ep, el ELN y el Clan del Golfo, entre otras organizaciones armadas que en la jerga castrense se conocen como GAO (Grupos Armados Organizados). Aunque viene bajando el desempleo, este continúa en dos dígitos, los indicadores de pobreza ceden, pero sigue la pobreza monetaria y la correlación de fuerzas que sostiene al “viejo” régimen se mantiene casi intacta. Es decir, sigue la presencia no homogénea del Estado, lo que significa que no copa todo el territorio.
Este balance se hace en medio del escándalo del polígrafo que involucra al embajador Armando Benedetti, la jefa del gabinete presidencial, Laura Sarabia y la exempleada doméstica de ambos funcionarios, Marelbys Meza. Al sórdido episodio se sumó la denuncia que hizo el fiscal Francisco Barbosa, enemigo de Petro y del gobierno, en el sentido en que la señora Meza es víctima de “chuzadas” ilegales. También se produce este balance en el marco de un proyecto político desestabilizador orquestado desde sectores de la derecha y la ultraderecha. Dicha iniciativa cuenta con la colaboración absoluta de los medios masivos tradicionales, que fungen cada vez más como actores políticos.
Petro está enfrentado a Barbosa y a la procuradora Margarita Cabello Blanco, ficha política del Clan Char. La entidad que ella preside está empeñada en afectar las mayorías del Pacto Histórico en el Congreso. Desconociendo fallos internacionales, insiste en sancionar a funcionarios elegidos a través del voto, facultad que según la CIDH la procuradora no tiene. Es decir, el país va bien en asuntos macroeconómicos, pero la pugnacidad política se acrecienta por el rechazo del Establecimiento a las reformas propuestas y por el carácter beligerante del presidente Petro y su idea maximalista de convertir al país en una potencia mundial de la vida.
¿Cuáles son los logros en estos nueve meses de gobierno? Hablemos de cambios y logros simbólicos y de acciones políticas tendientes a modificar problemas estructurales como la concentración de la tierra en pocas manos, la precarización laboral, el sistema de salud y el problema pensional. Dentro de los hechos simbólicos hay que destacar el más importante: el desmonte del “coco” con el que la derecha intentó frustrar el triunfo de Gustavo Petro a la Casa de Nariño: la llegada del comunismo, del castrochavismo a Colombia. Ideas como “Petro es hambre” están siendo desvirtuadas, a juzgar por los indicadores que el propio presidente Petro destacó: “frenamos la inflación general, empezaron a caer los precios de alimentos, hoy el salario mínimo ha crecido en 4 puntos reales, el desempleo ha descendido, somos uno de los países de la OCDE que más crece, pasamos de déficit fiscal a superávit primario, ha descendido la pobreza multidimensional”.
José Antonio Ocampo, quien fuera ministro de Hacienda de Petro, el 25 de mayo celebró “el fuerte aumento de los recaudos tributarios en abril, y del 28,7% en los primeros cuatro meses del año. Y celebro también que en el primer trimestre las finanzas del gobierno nacional arrojaron un superávit primario vs. un déficit en 2022. ¡Vamos bien en el ajuste fiscal!”. Podemos decir que en términos macroeconómicos la gestión del gobierno es positiva, a lo que se suma el aumento de la inversión extranjera. Se puede decir que el “coco” del castrochavismo, murió. Quienes insistan en su exhumación es porque tienen a un público cautivo que cree en fantasmas y que quizás sus miembros tienen algún problema cognitivo no detectado.
La lucha contra el flagelo del narcotráfico sufrió un cambio importante: se frenó el uso del glifosato como instrumento para atacar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito y por esa vía, se detuvieron las graves afectaciones socio ambientales que genera el peligroso herbicida. Que el gobierno de Biden haya aceptado esa condición, a cambio de fortalecer la interdicción de los alijos de droga, la captura de por lo menos una docena de sumergibles, el desmonte de laboratorios de procesamiento y la caída de 420 toneladas de cocaína entre agosto de 2022 y marzo de 2023, constituye un triunfo político y ambiental del gobierno de Petro. A ese ritmo, muy seguramente la meta trazada por el gobierno de llegar a las 830 toneladas se alcanzará al finalizar el presente año.
El viaje al continente africano, mirado desde el multilateralismo, resulta un total acierto del gobierno, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez Mina, quien está al frente de ese proceso de apertura de nuevos mercados y relaciones internacionales con miras a ahondar los trabajos en materia de justicia racial.
En cuanto a la Paz Total, cualquier evaluación debe partir del carácter maximalista de esa apuesta de pacificación que incluye a todas las estructuras armadas ilegales, sean estas GAO o guerrillas. En ese aspecto, Petro se equivocó. En el ámbito de la paz el gobierno deja ver improvisación y una excesiva confianza en el comportamiento y la madurez política de los actores armados con los que se intenta dialogar y concretar procesos de paz y acciones de sometimiento a la justicia. También hay que decir que al tener en contra a la fiscalía general de la Nación en cabeza de Francisco Barbosa, cualquier esfuerzo de alcanzar la paz se hace más complejo. La pugnacidad entre Barbosa y Petro se explica porque el primero es ficha del régimen uribista que se opone a la pacificación total del país.
Cualquier evaluación de la obra de gobierno debe pasar por reconocer que en estos primeros 9 meses de gobierno aparecieron resistencias institucionales que podrían dar al traste con las intenciones de cambio. Frente al objetivo de la Paz Total, la Fiscalía aparece como el más grande obstáculo. Vendrá el momento de proponer la terna para que sea la Corte Suprema de Justicia la que elija el remplazo del inefable Francisco Barbosa. Es posible que esa alta Corte termine por consolidar al ente investigador y acusador como el gran obstáculo para el logro de la paz.
Petro ha sido imprudente en el manejo de la mesa de diálogo con el ELN, guerrilla anacrónica que insiste en una lucha revolucionaria que ya no tiene ningún sentido, si se advierte que por primera vez llega al poder la izquierda. Su primera imprudencia ocurrió cuando informó en su cuenta de Twitter que para la navidad de 2022 se había pactado un cese bilateral al fuego con esa guerrilla, asunto que desmintieron sus líderes. Y la segunda impertinencia sale de un análisis político-militar que expuso ante el generalato, a propósito de los cambios que sufrió la violencia política en Colombia. Petro afirmó que el ELN estaba en la 3ra fase, reconocida por estar sujeta a la economía ilegal del narcotráfico. A pesar de tener razón el presidente, su discurso ante los generales y almirantes fue mal recibido por los miembros del ELN que están sentados en la mesa de conversación.
En lo que toca a su relación con las fuerzas armadas, Petro está enfrentando las resistencias que al interior del mundo castrense aún genera su pasado como subversivo. Y lo hace de la mano del mejoramiento de las condiciones de bienestar de los uniformados. El barrido de más de una veintena de oficiales se conecta con su lucha contra la corrupción y el propósito de desconectar la institucionalidad castrense de organizaciones criminales como el Clan del Golfo.
Los balconazos de Petro y sus constantes llamados a que el pueblo se levante para exigir que se hagan las reformas laboral, a la salud y al sistema pensional, lo acercan a un tipo de populismo que es asumido por la derecha, medios de comunicación y específicos agentes económicos de la sociedad civil como una invitación a la violencia, al levantamiento popular.
En lo que toca a las coaliciones políticas en el Congreso, estas le salieron mal al gobierno por una razón fundamental: la magnitud de las reformas toca intereses de sectores de poder político y económico, que se oponen a cualquier cambio que implique el desmonte del proceso privatizador del Estado que los neoliberales iniciaron en 1990. La intención de asegurar gobernabilidad de la mano de los partidos tradicionales, responsables en buena medida de la corrupción público-privada que agobia al país y de la captura mafiosa del Estado, afectó la confianza de sus votantes y simpatizantes en aquello del cambio en las costumbres políticas.
El analista León Valencia propone la siguiente lectura: “una tormentosa transición. La izquierda logró por fin su inclusión en el poder y puso en marcha un gobierno de reformas profundas, las viejas élites no se resignaron al triunfo democrático y echando mano del congreso, el Fiscal, la Procuradora y la prensa hacen la vida imposible”.
En lo que corresponde a la reforma agraria integral, hay que reconocer que el gobierno a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) está trabajando duro en el objetivo de modificar el 0.84 (Gini), que representa el nivel de concentración de la tierra en Colombia. En materia de deforestación de zonas estratégicas, parece estarle ganando la partida a ganaderos y narcos que insisten en deforestar las selvas, en particular la de la Amazonía. En el asunto que toca a la transición energética, falta claridad en la hoja de ruta y acciones pedagógicas que contrarresten los miedos y la “mala leche” con la que los medios vienen cubriendo los anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.
Es posible que el país no cambie en la dimensión soñada del presidente Petro. Si el Pacto Histórico no logra triunfos importantes en las elecciones regionales de octubre, el proyecto político de la izquierda y el progresismo estará en riesgo. Ordenar el territorio alrededor del agua, como se sugiere en el Plan Nacional de Desarrollo, será una quimera si la derecha depredadora triunfa en las periferias donde abunda el recurso hídrico. Igualmente, se necesita asegurar el triunfo en ciudades capitales y en gobernaciones.
La resistencia al cambio obedece a que culturalmente existen taras en la cultura dominante. El ethos mafioso y las ventajas que les da a la élite tradicional vivir en una sociedad premoderna, de la mano de un Estado igualmente premoderno, son dos buenos ejemplos de los vicios o los defectos de los responsables de haber convertido a Colombia en un insufrible platanal con bandera. El carácter feudal y precapitalista es otra tara de la élite dominante.
@germanayalaosor
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