En la agenda bilateral entre Estados Unidos y Colombia el tema de la sempiterna corrupción en nuestro país jamás tuvo un lugar preponderante, debido a la “narcotización” de dicha agenda. Si bien en los tiempos del Proceso 8.000 la injerencia del entonces embajador de USA en Bogotá, Myles Frechette fue evidente, el ethos mafioso y las prácticas corruptas derivadas nunca llamó la atención de los americanos, porque esas actividades mafiosas y putrefactas no afectaban la relación de dominación ejercida desde el norte.
El caso de Odebrecht llamó la atención del departamento de Justicia de EE. UU. y en particular del FBI, agencia que llegará a Colombia a examinar cómo van las investigaciones internas en este entramado internacional de corrupción, que tocó además Brasil, Perú y Panamá, con efectos políticos y jurídicos trascendentales.
Lo cierto es que en Colombia poco ha pasado en materia de establecer responsabilidades políticas, económicas y judiciales de todos los actores comprometidos en el pago de coimas y en la contratación misma de las obras civiles ejecutadas en el país como la Ruta del Sol II.
Tanto la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa poco o nada hicieron para avanzar en el esclarecimiento del armazón corrupto que diseñaron los directivos de Odebrecht con congresistas y contratistas, y que salpicó a filiales del conglomerado económico de Sarmiento Angulo.
Con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía al inefable y sumiso excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se confirman las presiones y los intereses de los americanos en el más grande entramado corrupto jamás visto y operado por una compañía constructora. De ahí que es posible que el interés de los gringos en que se resuelvan los casos de corrupción en el continente tenga que ver, justamente, con tomarse ese sector, sacando de taquito a Odebrecht, multinacional cuyo nombre quedó desprestigiado.
La llegada del FBI a Colombia cuenta por supuesto con el aval del actual gobierno, comprometido en una lucha frontal contra la corrupción interna que viene carcomiendo las finanzas públicas y naturalizando el ethos mafioso que guía la vida y las actuaciones de políticos, empresarios y partidos políticos, como el Centro Democrático, entre otros, comprometidos en el recibo, a gusto, de millonarias sumas de dinero para la campaña Zuluaga Presidente, girados por la multinacional brasilera, Odebrecht.
De esa manera, el gobierno de Petro logra poner en la agenda bilateral el tema de la corrupción público-privada y por esa vía, desnarcotizar en algo las complejas relaciones con el país del norte. Ese “logro” del presidente Gustavo Petro resulta positivo en lo político, porque a pocos meses de las elecciones regionales, hace que los reflectores de los medios se posen sobre el Centro Democrático y el uribismo, sector de poder que se opone a sus reformas. La parte negativa aparece en el preciso momento en que, al histórico tutelaje americano sobre nuestra vida institucional, se suma ese comportamiento mafioso y corrupto que nos hace ver como una sociedad premoderna y como un Estado que en cualquier momento entra en un proceso de inviabilidad política y económica debido a una corrupción público-privada, orquestada desde los partidos políticos y validada por agentes sociales y económicos de la sociedad civil.
No sobra decir que la agenda bilateral entre los Estados Unidos y Colombia deviene, de tiempo atrás, atada a la fracasada lucha contra el tráfico de drogas. Gobiernos anteriores aceptaron con una alta dosis de sumisión, la aplicación de medidas socio ambientalmente insostenibles como la aspersión de glifosato, un poderoso defoliante que no discrimina cultivo y termina matando todo cultivo que toca, con riesgos para la salud de animales no humanos y humanos. Se suma a lo anterior, la erradicación manual, la quema de laboratorios y la interdicción aérea y marítima. El gobierno de Petro insiste en “desnarcotizar” esa agenda, poniendo sobre la mesa puntos que a los anteriores gobiernos no les interesó ni siquiera discutir con las autoridades norteamericanas. Esos puntos son: la lucha contra el cambio climático, cambiar deuda externa por acciones climáticas como reforestar, frenar la deforestación, cuidar, conservar y restaurar ecosistemas selváticos sometidos a largos y feroces procesos de intervención humana. Y al parecer, la lucha contra la corrupción. ¿Estará cambiando el gobierno de Petro la intervención directa del FBI en el caso de Odebrecht por la conformación de la Comisión Internacional que investigaría otros escándalos de corrupción ocurridos en Colombia desde 2002 en adelante?
Antes de irse de la Casa de Nariño, Iván Duque dejó amarrado todo lo concerniente a la erradicación forzada asociada a la aspersión del glifosato, a pesar de las recomendaciones hechas por la Corte Constitucional. El nombre de Duque está conectado con el caso Odebrecht. Según denuncias periodísticas, el hoy expresidente habría comprado un apartamento en Washington con dineros de Odebrecht. Según el medio independiente Cuestión Pública, “tras conocerse que la compra del apartamento en Washington tuvo lugar días después de la reunión en Brasil, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, salió al paso y negó que lo haya pagado con dineros de Odebrecht. “Ese apartamento lo compré cuando me retiré del Banco Interamericano de Desarrollo, con parte de mis cesantías y además, con un crédito que tomé”, aseguró Duque en Canal Capital. También dijo que era un ahorro para sus hijos y que el inmueble está reportado en sus declaraciones de renta y activos en el exterior, ante la DIAN”.
Ya veremos en qué queda la inspección del FBI en el país. Lo cierto es que, por cuenta del ethos mafioso y la clase política y empresarial corrupta, en Estados Unidos nos miran como una sociedad que necesita el tutelaje americano. Quizás por ello jamás alcanzaremos la “mayoría de edad” que nos permita construir una agenda bilateral diferente.
@germanayalaosor
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