En el escándalo político-mediático que armaron la Fiscalía de Francisco Barbosa y la matriz mediática cercana al viejo régimen, sobresalen los tratamientos tendenciosos y selectivos en varios medios masivos. La verdad es que se están dando un festín orgásmico con las declaraciones de Nicolás Petro, un muchacho que creció lleno de vacíos emocionales y carencias que lo llevaron a llevar una vida de fantasía, guiada por el ethos mafioso que se naturalizó en Colombia, pero en particular en la costa Caribe.
No dedicaré esta columna al confundido “testigo estrella” de la Fiscalía, pero sí a un asunto que llama poderosamente la atención: varios medios masivos no recogen en sus notas de hoy 5 de agosto lo dicho por el juez en torno a que a pesar de la versión construida por el propio fiscal Burgos (que señala que sí entraron dineros ilícitos a la campaña Petro presidente), hasta el momento, de acuerdo con el juez, no le llegaron soportes o material probatorio que probaran esta versión. Ningún medio tradicional recogió lo dicho por el operador judicial. Ello, periodísticamente, por lo menos ameritaba un titular. No se trata de un simple olvido, estamos ante una decisión editorial políticamente interesada.
A lo anterior se suma la entrevista que el inefable Nicolás Petro concedió a Semana. En una entrevista muy al estilo de Laura en América, el joven político señaló: “Que se sepa la verdad y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”.
Ante la insistencia de la señora que orienta ese portal, vuelve Nicolás a generar dudas sobre si entraron o no dineros “calientes” a la campaña Petro presidente. A pesar de esas vacilaciones, tanto Semana como otros medios masivos pudieron titular las notas de sus ediciones sabatinas señalando lo que dijo el juez y lo ratificado por el hijo del presidente de la República.
Colegas periodistas de medios como El Espectador y El Colombiano, entre otros, olvidaron el principio de la duda que debieron aplicar tanto a la sospechosa diligencia del fiscal Burgos para consolidar un caso jurídicamente relevante, como a las propias declaraciones del procesado. Al sembrar dudas los medios se curan en salud, evitando cumplir el innoble rol de meras ruedas de transmisión de lo que dice una fiscalía que está en manos del enemigo número 1 del presidente de la República. La gran prensa no puede negar o tratar de ocultar que Barbosa está actuando como político y no como fiscal general; hacerlo así es auto engañarse y por esa vía, mentirle a la opinión pública.
Con esos tratamientos periodísticos selectivos y claramente tendenciosos, las empresas mediáticas dejan claro que detrás de todo esto está un objetivo político: desestabilizar al actual gobierno, llevar al presidente a la oscura Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; esto es, reeditar el proceso 8.000 del presidente Ernesto Samper, con el propósito de enlodar, para el futuro, a la izquierda, al progresismo y a quienes desde el Partido Liberal se sientan cercanos a esa orilla ideológica.
Huelga recodar que durante y después del proceso 8.000 no solo se vio afectada la imagen de Samper, sino la de los propios medios masivos e incluso, las unidades investigativas. A punta de filtraciones de indagatorias como sucedió en aquella época y fuentes interesadas no se construye la verdad periodística y mucho menos la verdad histórica.
@germanayalaosor
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