Por GERMÁN AYALA OSORIO
La millonaria multa impuesta por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) al Grupo Aval y su filial Corficolombiana constituye una vergüenza nacional, que solo sirve para consolidar el tutelaje de Estados Unidos sobre el país y la inmoralidad de las instituciones locales, incapaces de procesar a los involucrados en los ya probados y aceptados hechos de corrupción público-privada.
Las agencias federales norteamericanas y los gobiernos, demócratas o republicanos, siempre han manejado información privilegiada sobre las andanzas de nuestra clase dirigente, empresarial y política, lo que sin duda alguna le facilita a Estados Unidos mantener el dominio que a manera de protectorado ejerce sobre Colombia.
De esa realidad incontrastable nace la narrativa que millones de colombianos exaltan a cada momento: “allá en USA es a otro precio, allá sí funciona la justicia”. De esa manera, convertimos a los Estados Unidos en el gran policía moral del hemisferio, mientras internamente la corrupción público-privada en Colombia carcome los ya débiles cimientos de una sociedad que deviene de tiempo atrás confundida moralmente.
Comparecer ante las autoridades americanas y pagar una millonaria multa en dólares parece ser más digno, que responder ante los entes de control local, a los que parece fácil someter por algunos pesos o lo que es peor, porque al frente de estos están fichas, funcionarios amanuenses, mandaderos.
Aquí van varios ejemplos que coadyuvan a la consolidación de los gringos como nuestra preferida policía moral. Hablemos de las extradiciones de nacionales para ser juzgados en cortes americanas. El caso más reciente, el del criminal Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, condenado a 45 años de prisión, da cuenta de los intereses gringos en conocer detalles de la histórica colaboración de políticos, militares y empresarios con las actividades ilegales desarrolladas por el Clan del Golfo: narcotráfico, lavado de activos, delitos electorales, captura de agencias del Estado, despojo de tierras, apropiación de recursos públicos y paramilitarismo. Si alias Otoniel prende el ventilador -si es que secretamente ya no lo hizo ante las autoridades americanas-, entonces los americanos sabrán quiénes son los militares, políticos y empresarios que se aliaron con el Clan del Golfo, para delinquir. A lo mejor ya lo saben.
Si el tutelaje americano sirviera para procesar expresidentes de la República sobre los que la DEA y otras agencias tienen o tuvieron información de sus relaciones con estructuras mafiosas, entonces dicha supervisión y dominio político-moral debería ser aplaudido por cada colombiano. En sectores societales y periodísticos se preguntan por ejemplo qué pasó con aquel listado en el que aparece Álvaro Uribe Vélez reseñado como el narcotraficante número 82.
El columnista Yohir Akerman en 2016 escribió para EL ESPECTADOR lo siguiente: “El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez lleva en la mira de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos desde mediados de los ochentas. En marzo de 1991, la Defense Intelligence Agency (DIA) o Agencia de Inteligencia de las Fuerzas Militares de ese país, elaboró un listado de 104 personas que estaban relacionadas, conectadas o trabajaban directamente para los carteles de narcotráfico, en especial el de Medellín”.
Si se tratara de una relación bilateral respetuosa, sana y encaminada a tener un socio comercial y un aliado político y militar limpio de cualquier sospecha y mancha, justamente por la importancia que los gringos le dan a la lucha contra el narcotráfico internacional, entonces los gobiernos americanos que conocieron de ese listado debieron entregar toda la información a las autoridades colombianas y presionarlas para que lo procesaran. Pero no sucedió así. Huelga recordar que en 2004 fue desclasificado ese documento.
Muy seguramente, desde el 2004 que se desclasificó el ya referido listado, agencias americanas aprovecharon las condiciones dadas y generadas por la aplicación de la política de seguridad democrática, para mover los intereses de las empresas fabricantes de armas y helicópteros y los de sus aliados en el mundo, como Israel, para proveer todo el material de guerra posible, para intensificar el conflicto armado interno. Y por supuesto, para mantener viva la fracasada guerra contra las drogas. Por eso será que resulta cierta la sentencia que dice que en política (internacional) no hay amigos, hay intereses.
El caso del entonces presidente Andrés Pastrana Arango también sirve para anotar la complacencia política y diplomática de los americanos con gobiernos señalados, como el de Pastrana, de haber sido elegidos gracias a los aportes, en este caso, del Cartel de Cali. En una misiva enviada por los hermanos Rodríguez Orejuela, se lee lo siguiente: “(…) ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas”.
Una vez instalado Pastrana en la Casa de Nariño, vino el Plan Colombia, política pública de carácter internacional -no discutida en el Congreso colombiano- que permitió la intervención militar gringa en el conflicto armado interno a través de la entrega de la más grande y costosa ayuda militar: “instalación y dotación de un batallón antinarcóticos. 63 helicópteros Black Hawk, 11 aviones de guerra Modernización infraestructura de la Fuerza Aérea Logística y Red de Inteligencia. 11 aviones OV-10 para las FFMM de Colombia, 1 aeronave con visor infrarrojo radar y sensores en Leticia (ya operan) y Tres Esquinas Centro de Telecomunicaciones. Para la Policía Nacional: Sistemas de Comunicaciones, armas, municiones y bases antinarcóticos en las fronteras con Perú y Ecuador. 15 aeronaves 10 helicópteros Super Hueys”. (Tomado de Plan Colombia: doctrina de seguridad nacional y rehegemonización gringa).
Pero todos sabemos que la información recopilada por las agencias americanas y el departamento de Estado y de justicia sobre los presidentes colombianos se usa para poder imponer condiciones económicas como las que confluyeron en la firma del TLC con los gringos. De igual manera, para afianzar los intereses militares en la región, usando el territorio nacional como plataforma para instalar bases y equipos de monitoreo. El Plan Colombia es un buen ejemplo de ello.
A la entrega de bandidos, vía extradición, se suma ahora la comparecencia del Grupo Aval y Corficolombiana ante autoridades americanas que los sancionaron por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU. La suma millonaria (80 millones de dólares) serviría para cesar el proceso penal que afecta al conglomerado económico colombiano. Todos los hechos jurídico-políticos aquí reseñados solo sirven para consolidar a USA como el policía moral que necesitamos para seguir siendo un régimen corrupto y violento, porque internamente no existen verdaderas instituciones y garantías para procesar a quienes delinquen desde una fría oficina, unidad militar o campamento instalado en lo más profundo de la selva.
@germanayalaosor
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