Por GERMÁN AYALA OSORIO
Las más recientes declaraciones del expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez contra la Justicia Especial de Paz (JEP),a raíz del reconocimiento de responsabilidades del general del Ejército, Henry Torres Escalante, por los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres bajo su mando, no solo buscan deslegitimar al alto tribunal de paz, sino enredar a esa parte de la opinión pública que aún le come cuento al desacreditado expresidente de la República.
La postura editorial asumida por El Espectador frente a las temerarias declaraciones del inefable y oscuro personaje del poder político en Colombia constituye un buen ejemplo del papel que debe jugar la prensa al momento de confrontar hechos públicos de trascendencia nacional como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Señor expresidente Uribe: no pretenda confundir, es el título del editorial con el que el diario bogotano “pone en su sitio” al temido exmandatario.
Dice el diario de los Cano y el Grupo Santodomingo que “la batalla del expresidente Álvaro Uribe Vélez por destruir la necesaria labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un error histórico que enloda su legado como líder político. Su respuesta al reconocimiento que dos decenas de militares hicieron ante los tribunales de paz sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su administración está llena de tergiversaciones y argumentos problemáticos; pero, sobre todo, se trata de un acto de agresión al intento por construir una justicia transicional que le aporte al país”.
Pongo la atención sobre todo en la primera idea subrayada. No comparto lo dicho por EL ESPECTADOR cuando habla de “legado político” de Uribe, si se está entendiendo como un hecho positivo aquello de dejar o transmitir algo a la sociedad, sea material o inmaterial. Aquí no hay hechos positivos que la prensa seria deba reconocer a la trayectoria política del expresidente y sub judice ciudadano. ¿Cuál legado político, si las más de 300 investigaciones que reposan en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, justamente dan cuenta de hechos negativos que enlodan la vida pública y privada de Uribe Vélez?
Aquí no hay legado, señores, lo que deja el 1087985 es todo lo contrario: un ethos pernicioso y nocivo para la operación del Estado y el trámite de los conflictos sociales; con ese mismo ethos, su política de seguridad democrática convirtió al Estado en un aparato criminal, operado por militares que fungieron como “perros ferales” liberados de unidades castrenses para acabar con la vida de cientos de civiles inermes, para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. El feroz olfato de los uniformados se acrecentaba al momento de escuchar mentiras y arengas desde la Casa de Nari: “estamos ganando la guerra; por la patria, todo se vale; vamos a acabar con el terrorismo y el comunismo; más y mejores resultados operacionales y los que no, que vayan pasando la carta de renuncia”.
De igual manera, ese ethos dañino no solo les facilitó a los militares perpetrar crímenes de lesa humanidad con las armas de la República, sino que se extendió a las maneras como desde el 2002 se entiende lo público, es decir, aquello que nos interesa y conviene a todos. El resultado no puede ser más negativo y nefasto: la corrupción público-privada se naturalizó y se volvió paisaje en Colombia. El Estado fue capturado por clanes políticos mafiosos, articulados a intereses corporativos nacionales e internacionales. El caso de Odebrecht es el mejor ejemplo para confirmar que efectivamente durante su gobierno la corrupción, el ethos mafioso, fueron el pan de cada día. Los hechos son tozudos y siempre tocan de manera indirecta y directa al expresidente Uribe Vélez.
Creo entonces que a la postura editorial del diario bogotano le faltó un poquito de contundencia para decirle al país que Uribe Vélez es, después de Pablo Escobar, el personaje público que más daño le hizo y le hace aún al país.
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