Por GERMÁN AYALA OSORIO
Invitar a las Disidencias de las Farc a instalar mesas de votación en el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca) constituye un exabrupto político, que bien puede ser leído como una claudicación del Estado y del gobierno y la legitimación del grupo insurgente. Nuevamente, el alto gobierno y en particular el jefe de la delegación de paz, dando de qué hablar a los medios que están aliados con el poder económico y político necesitado de que haga el presidente Petro todo le salga mal.
Es triste reconocer que entre el Gobierno y sus ministros no hay coordinación con Camilo González Posso, jefe de la delegación de paz que dialoga con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias farianas. Aunque el impasse ya fue superado y el comando de esa guerrilla se comprometió a retirarse de la zona y dejar que la jornada de este domingo 29 de octubre transcurra con normalidad, hay asuntos que vale la pena revisar en la ya enrevesada negociación.
El primero es la arrogancia de la comandancia de esa guerrilla, su constante demostración de fuerza en el sur del Cauca, territorio que las fuerzas militares venían recuperando a sangre y fuego, lo que obligó a esa insurgencia a pactar un cese bilateral al fuego, sin que esa decisión les impidiera continuar haciendo actividades de control de la población civil.
El segundo aspecto tiene que ver con la real voluntad de paz, entendida como la entrega de armas, desmovilización y reincorporación a la vida social, política y económica del país. El control de la economía ilegal y los réditos sociales, económicos y políticos que generan las ganancias del negocio del narcotráfico hacen ver los proyectos productivos echados a andar después de la firma del acuerdo de paz de La Habana con el grueso de los frentes de las Farc, como migajas de un Estado y de la sociedad colombianas que no están en capacidad e interés de ofrecer más a los desmovilizados.
Mientras exista el tráfico de drogas, de estas disidencias brotarán otras tantas, que irán creciendo de la misma manera que lo hicieron las estructuras que hoy cumplen las órdenes de alias Iván Mordisco: de la mano de narcos, traficantes de armas y la captura de municipios y corregimientos alejados de los centros de poder. Territorios donde brilla la ausencia del Estado.
Un tercer aspecto tiene que ver con las relaciones entre el presidente Petro, en su rol de comandante supremo de las fuerzas armadas, y el Ejército nacional, fuerza sobre la que recae el peso del orden público. Si bien en la práctica parece haber un cambio en la doctrina del “enemigo interno” que obliga a los militares a poner por encima de resultados operacionales la vida de los civiles y el bienestar de las comunidades, el Centro Democrático y en general la derecha política asume esa nueva realidad como un debilitamiento de la capacidad y de la fuerza de los militares a la hora de combatir a la insurgencia. Esa lectura maliciosa que hace el uribismo puede calar en oficiales y suboficiales con mando de tropa, cuyas conductas pueden terminar en violaciones a los DDHH o en acciones de sabotaje a los procesos de diálogo que se adelantan con estas disidencias y con el ELN.
Mientras se termina de aclarar lo que pasó, este 29 de octubre será una jornada electoral en la que se define en buena medida la viabilidad y legitimidad del proyecto político que encarna el presidente Petro y el Pacto Histórico.
@germanayalaosor
* Foto de portada, tomada de Revista Cambio
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