La Corte Suprema de Justicia aplazó para el 2024 la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Es de esperar que tan sensible decisión se tome el 25 de enero, hecho que evitará que la cuestionada vicefiscal Martha Mancera, mano derecha del ladino fiscal general, Francisco Barbosa, quede al frente de la maltrecha institución en una deseada interinidad que solo les conviene a los sectores políticos y mafiosos que coadyuvaron a politizar la entidad y su captura por parte de clanes y grupos como el Clan del Golfo.
Ojalá los magistrados y magistradas de la honorable CSJ no caigan en el garrafal error de convertir la elección del remplazo de Barbosa, en un novelón político. Si los togados y togadas no eligen a la nueva fiscal el 25 de enero, y garantizan la interinidad de Mancera, mandarían un confuso mensaje al país y al gobierno que, en cabeza del presidente de la República, se la jugó por conformar una terna de solo mujeres, calificada varios sectores políticos como un trío inigualable.
Es más, permitir que Mancera dirija la Fiscalía General se podría considerar como un insulto al gobierno y a los sectores sociales y políticos víctimas de la politización del otrora ente investigador, hoy convertido en una institución encubridora y defensora de delincuentes, de acuerdo con denuncias periodísticas y los propios cuestionamientos que el presidente de la República viene haciendo de tiempo atrás.
Petro dijo lo siguiente, horas antes de la reunión en la que los togados decidieron aplazar la decisión: “He enviado una terna de mujeres probas a la corte Suprema para la elección de fiscal general de la Nación. Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que, a partir de esa decisión, la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”.
Así, los magistrados y magistradas de la CSJ tienen la obligación moral y ético-política de evitar la interinidad en la Fiscalía. Elegir a la nueva fiscal el 25 de enero debe ser una prioridad institucional y para ello, los togados deben alejarse de simpatías e intereses individuales que aparecen cuando se tienen familiares nombrados en la Fiscalía de Barbosa y Mancera. Permitir que Martha Mancera quede al frente de la entidad, así sea por unas pocas horas, se asumirá como un agravio al presidente, al país y a esa parte de la sociedad que por primera vez en mucho tiempo aplaude la calidad de las ternadas y acepta sin reparos que no haya hombres dentro del selecto grupo, en particular machos asociados a clanes políticos mafiosos.
Vamos a ver si el 25 de enero próximo, las magistradas y magistrados entendieron el mensaje del presidente de la República y el que les enviaron sectores sociales y políticos que exigen un cambio radical en el rumbo de la Fiscalía.
@germanayalaosor
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