En reciente ceremonia de ascensos a varios generales y almirantes el presidente Petro le dio un giro a su idea de la Paz Total, cuando condicionó el valor y la efectividad del cese al fuego a dos condiciones: el desmonte y abandono de las economías ilegales y el respeto a las comunidades.
Esto dijo el mandatario de los colombianos: “El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizá la principal y aun la más poderosa; también el oro, la extorsión, el secuestro, entre varias”. La respuesta del ELN no se hizo esperar y se dio de esta manera: “la principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política. De la cual el actual gobierno no ha sido el del cambio”
La respuesta de la delegación de paz del ELN a Petro se suma a las razones que hacen pensar que no habrá firma de un tratado de paz con esa guerrilla en lo que le queda de gobierno. La preocupación de los líderes del Ejército de Liberación Nacional por la corrupción público-privada y la evidente molestia por los hechos de corrupción que se ventilaron sobre la campaña Petro presidente, gracias al escándalo protagonizado por su hijo, Nicolás Petro, emergen como factores irreconciliables que impedirían avanzar en la ya compleja negociación.
Así las cosas, afloran varias circunstancias que diluyen la idea de la paz total y hacen tambalear el proceso de paz con el ELN y los acercamientos con otros grupos que insisten en llamarse guerrilleros. Veamos:
La Paz Total no fue asumida por el actual gobierno como una política pública, sino como mera nomenclatura y deseo para insistir en que unos grupos armados habían quedado por fuera del proceso de paz de La Habana, con el que se logró el desmonte de las Farc-Ep. Es decir, no se consolidó un documento filosófico, político y técnico que diera cuenta del significado de semejante nomenclatura totalizante y maximalista. A pesar del acompañamiento internacional, esa idea maximalista de la Paz Total se tornó inalcanzable y utópica.
Hay que decir que en dos ocasiones el presidente Petro, en escenarios militares, acusó a elenos y «disidencias farianas» de estar más comprometidos con las economías ilegales que en firmar un tratado de paz y lograr así su desmovilización. Incluso puso en duda si a los viejos comandantes del ELN las nuevas generaciones de guerrilleros les obedecen realmente. En términos prácticos, el presidente de la República cada vez más duda del estatus político de las agrupaciones al margen de la ley que insisten en llamarse guerrillas.
Quienes llegaron a pensar que por su condición de exguerrillero iba a ser más fácil negociar con el ELN y las llamadas disidencias farianas, se equivocaron. Por el contrario, esa circunstancia histórica fue siempre la mayor talanquera ideológica y política que rondó el proceso de paz con los elenos y los acercamientos con la banda de Iván Mordisco e incluso, con la Segunda Marquetalia. La desmovilización del M-19 en los años 90 y el haber aceptado jugar con las reglas de la democracia fue asumida por los viejos líderes guerrilleros como una claudicación a la lucha armada y a la posibilidad de tomarse el poder a tiros.
Lo dicho por Petro en la ceremonia militar no es un timonazo, como lo presentaron varios medios. No. Simplemente, el presidente de la República está clarificando el asunto ante Estados Unidos, la ONU y los países que acompañaron los esfuerzos iniciales de paz: en Colombia ya no existe un conflicto armado interno, sino la consolidación de unos grupos armados que viven de las economías ilegales. No está en riesgo la operación y la legitimidad del Estado, pero sí la seguridad alimentaria de cientos de miles de campesinos y la permanencia de valiosos ecosistemas naturales, afectados por el monocultivo de la coca y la minería ilegal. Es decir, Petro le estaría dando mayor importancia a los efectos socioambientales y ecológicos que deja la “guerra” contra las economías ilícitas y deslegitimando a los grupos armados ilegales que reclaman un estatus político, el cual también se diluyó en el tiempo.
En la señalada ceremonia de ascensos de generales y almirantes en Bogotá, el presidente dio la instrucción a los uniformados de mejorar la inteligencia para golpear a quienes viven de las economías ilegales y se hacen pasar por guerrilleros. Se aleja así toda posibilidad de pacificar el país por las buenas. Le quedan dos años al gobierno de Petro y un único objetivo: golpear las economías ilegales de los elenos y las «disidencias» farianas, recuperar los territorios copados por las estructuras armadas ilegales, cuidar a las comunidades que sobreviven bajo la influencia de esos grupos y golpearlos militarmente a través de operaciones quirúrgicas, basadas en una eficaz inteligencia militar y policial.
@germanayalaosor
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