El narcotráfico, con el imperio de las mafias locales y trasnacionales, es uno de los mayores promotores de la violencia social en Colombia. El uso de la hoja de coca para la producción de narcóticos, su venta en los mercados mundiales, la adicción de grandes grupos poblacionales, la movilización de enormes fortunas y el lavado de dineros, son elementos que alimentan graves fenómenos de violencia y de corrupción en distintos ámbitos del Estado.
Al tiempo, las guerras contra las drogas, la criminalización de grandes poblaciones campesinas asociadas con la recolección de la hoja de coca y la fumigación con glifosato, presentadas como la solución más adecuada al problema, lo que han hecho es complicar el escenario favoreciendo el imperio de las mafias y sus redes entre los cuerpos policiales, judiciales, políticos y empresariales.
En los Acuerdos de paz firmados en el segundo semestre del 2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc de Timochenko, se estipuló en su capítulo 4 adelantar una estrategia de sustitución voluntaria de los cultivos de usos ilícito (coca, marihuana y amapola), desplazando la acción punitiva y criminal contra los cocaleros, vigente durante el gobierno fascista de Uribe Vélez. El decreto 896 del 2017 tradujo tal consenso en una legalidad que dio sus primeros pasos en los últimos meses del gobierno de Santos, pero que se truncó en la nefasta administración de Iván Duque, quien se propuso hacer “trizas la paz”, sin desprenderse de los dineros acordados para la sustitución, que fueron objeto del despojo y el robo con operadores escogidos a dedo por los capos del uribismo empotrados en las entidades públicas.
Con la presidencia de Gustavo Petro (2022-2026) las cosas se han querido corregir a partir de un nuevo enfoque articulado a la sustitución voluntaria, pero que implica un salto en el tratamiento de los cultivos de usos ilícito (cercanos a las 245 mil hectáreas, con casi 100 mil familias campesinas involucradas), los cuales deben ser objeto de la reconversión productiva en la mirada de Felipe Tascon, un experto en el tema, que ha sido encargado por el presidente Petro de la política correspondiente adelantada con rigor y método en varios territorios.
En efecto, el artículo 9 del Plan Nacional de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, establece que “la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, o quien haga sus veces, desarrollará programas de reconversión productiva e industrialización colectiva en los territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. Estos programas se formularán y ejecutarán en el marco de la política de paz total y de manera articulada con los lineamientos de la nueva política de drogas, tendrán enfoque diferencial, de género, territorial, participativo, descentralizado, y gradual, y se desarrollarán en el marco de la economía popular, el respeto ambiental y la sustitución voluntaria de estos cultivos”. (Ver artículo).
La reconversión productiva de la coca, la marihuana y la amapola quiere decir que estas plantas milenarias serán la materia prima para la elaboración de productos alimenticios, estéticos (cremas), medicinales y artesanales, como ocurre, por ejemplo, en Bolivia, hasta donde llegan las multinacionales a comprar y recoger miles de toneladas de la hoja de coca para la producción de bebidas y cremas de diverso uso medicinal y estético.
Por supuesto que este paradigma es estigmatizado y satanizado por la ultraderecha mafiosa con falsos argumentos morales; es repudiado por roscas policiales/militares y judiciales que se ha enriquecido al lado de los capos del narcotráfico; es demeritado por los comerciantes del glifosato que acumulan grandes fortunas con la fumigación y destrucción ambiental de las áreas cultivadas.
El transito al modelo de “reconversión productiva” de la coca no ha sido suave y los pasos dados por Tascon como gerente de este Programa se han apoyado en otras dos medidas muy importantes, acogidas en el Plan de desarrollo del presidente Petro. Las cito para que tengamos claridad sobre lo que ocurre en estos momentos en las regiones donde se localizan los cultivos de la hoja de coca:
“ARTÍCULO 10°. Adiciónese el parágrafo 5 al artículo 7 del Decreto Ley 896 de 2017, así:
ARTÍCULO 7°. ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PNIS. (…)
PARÁGRAFO 5. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos PNIS- será cumplido de acuerdo con los objetivos fijados en el Acuerdo Final de Paz, de manera concertada y descentralizada. Los beneficiarios podrán renegociar la operación de proyectos productivos de ciclo corto y de ciclo largo, por una sola vez y de forma concertada con el Gobierno nacional, teniendo en cuenta los beneficios que ya les fueron otorgados en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS-. Las modificaciones a los acuerdos de sustitución serán aprobadas mediante acto administrativo emitido por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, o quien haga sus veces.
“ARTÍCULO 11°. COMPROMISOS DEL PNIS CON PUEBLOS Y COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS. El Gobierno nacional, en cabeza de las entidades competentes, apropiará las partidas presupuestales y los recursos administrativos que se necesitan para el cumplimiento y cierre de los compromisos adquiridos con los Pueblos y familias indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y campesinas que se vincularon al Programa de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-. Con el fin de atender los territorios colectivos de los pueblos indígenas, campesinos, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros afectados por los cultivos de uso ilícito, la DSCI, en coordinación con sus autoridades propias, implementarán en esos territorios modalidades alternativas de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola. La contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola, se fundamentarán en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y las comunidades”.
Lo que está ocurriendo con los cocaleros (casi 100 mil familias) y cultivadores de marihuana es un proceso de recuperación de la confianza y el diseño de los proyectos productivos que serán ejecutados y gestionados por las propias comunidades, descartando los famosos Operadores, expertos en la corrupción y el despojo de los dineros apropiados para la sustitución voluntaria.
@HoracioDuque8
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