El 25 de enero pasará a la historia como el día más esperado por actores políticos y económicos, legales e ilegales. Sectores de la opinión pública guardan la esperanza de que se elija la nueva fiscal de una vez por todas, para que no se dilate en el tiempo semejante decisión. Y es así, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá para que los magistrados y magistradas elijan a la nueva fiscal general de la Nación.
Estamos ante unas circunstancias inéditas, horas antes de que se produzca la trascendental reunión de la corporación judicial. Lo primero que hay que señalar es que la CSJ está ante la imperiosa necesidad de evitar que el saliente fiscal logre dejar encargada a su ladina mano derecha, la vicefiscal, Martha Mancera.
Hay consenso académico, político y periodístico sobre la probidad de las tres mujeres que ternó finalmente el presidente Gustavo Petro. Esa particular circunstancia, solo mujeres y sin tacha moral o ética, hace que la decisión de la CSJ suscite toda suerte presiones mediáticas y políticas sobre los togados, pues no hay elementos que les permitan dudar de las condiciones morales y éticas de las ternadas para ser merecedoras de la designación. Ello debe facilitar la decisión.
Los magistrados están en la obligación de leer e interpretar muy bien la coyuntura ético-política que enfrentan como institución, ante el evidente deterioro de la imagen y de la institucionalidad derivada de la operación de la fiscalía en manos del anodino Francisco Barbosa, un ególatra que convirtió la entidad en su sede de campaña electoral con miras a las elecciones de 2026. Los magistrados de la CSJ deben comprender que no elegirán al “remplazo” de Barbosa, pues ninguna de las ternadas tendría los defectos, los intereses y las mañas que Barbosa dejó ver al país desde su postulación. Recordemos que su único mérito para ser ternado es haber sido amigo del presidente-títere, Iván Duque Márquez. La elección está prevista para recuperar la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad, dada su captura y penetración por toda suerte de mafias y carteles políticos, en una mixtura entre lo ilegal e ilegal que logró debilitar la confianza de los ciudadanos y de grupos de víctimas, en el ente acusador e investigador.
Si hay consenso alrededor de la positiva formación académica de las abogadas ternadas, no deben existir mayores discrepancias entre los togados para tomar rápidamente la trascendental decisión. De no hacerlo el 25 de enero, como lo espera una parte importante de la opinión pública, cabría pensar en que sobre los togados recayeron fuertes presiones del fiscal Francisco Barbosa, para dejar en la interinidad a la temida Martha Mancera.
Esa actitud dilatoria de los magistrados se explicaría por el silencio corporativo que guardaron frente a las actuaciones y decisiones politizadas y clientelizadas que adoptó Barbosa durante su oscura administración. Baste recordar tres hechos políticos que ameritaban un llamado de atención de la CSJ, que jamás se produjo:
1. La intención institucional de la Fiscalía de lograr la preclusión del proceso penal en el que está en curso el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.
2. El enfrentamiento político e institucional que Barbosa provocó contra el presidente de la República y la JEP.
3. La ineficacia y el desinterés de la Fiscalía de golpear a estructuras criminales como el Clan del Golfo.
4. El 94% de impunidad en los procesos penales que deja el mequetrefe y homúnculo, llamado Francisco Barbosa. La CSJ está en deuda con el país.
Así las cosas, los magistrados se pueden “poner al día” con el país, eligiendo cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación.
@germanayalaosor
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