El ‘lawfare’ o guerra jurídica para destruir el gobierno de Gustavo Petro se ha exacerbado al máximo a raíz de la designación de una nueva Fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Petro postuló con sobrada anticipación a las tres candidatas, pero la Corte ha dilatado lo que no pasa de ser una decisión administrativa, facilitando así el sabotaje del hasta ayer titular, Francisco Barbosa.
La actitud negligente de la CSJ no tiene ninguna justificación, se trata de un desafío a la Constitución política, que ordena celeridad y transparencia en la definición de un asunto tan sensible para el Estado y la sociedad, como es garantizar el correcto funcionamiento de la acción judicial.
Más bien se percibe un movimiento oscuro del alto tribunal, contaminado por la corrupción, la impunidad y el más descarado tráfico de influencias. La CSJ ha sido en el pasado reciente escenario de grandes escándalos protagonizados por el denominado Cartel de la Toga, que fue o es un cartel judicial involucrado en la venta multimillonaria de sentencias judiciales y en tráficos clientelares para obtener cargos estratégicos en las alturas del poder judicial.
Así las cosas, la CSJ -como gran parte del ámbito judicial colombiano- vive una profunda crisis que demanda cambios y ajustes radicales, precisamente los que el presidente y su ministro de Justicia han tratado de adelantar.
La crisis se ha visto reflejada en la más sentida indignación ciudadana, mediante marchas y plantones en muchas ciudades.
Justamente el 8 de febrero y a instancias de Fecode, hubo grandes movilizaciones sociales para demandar el pronto nombramiento de la nueva Fiscal, clamor que fue desconocido olímpicamente por los magistrados de la CSP, pues parecen haber adherido al “golpe blando”, empujando al rechazo ciudadano que se concentró a los alrededores del Palacio de Justicia en Bogotá, sospechosamente infiltrado por un grupúsculo de la ultraderecha uribista para dar pretextos a las fuerzas oscuras que quieren sembrar el caos.
De inmediato los grandes medios de comunicación construyeron con mentiras y la más descarada manipulación un “performance” análogo al protagonizada por Trump y Bolsonaro en USA y Brasil, para sugerir un procedimiento ilegal y antidemocrático impulsado desde el palacio presidencial.
Pero las mentiras de los grandes medios de comunicación tienen las patas cojas y la verdad se ha conocido rápidamente.
La queja de los magistrados contra las expresiones de rechazo popular es una cortina de humo para esconder los protervos propósitos de los togados, que están dedicados a dilatar, dilatar y dilatar la escogencia de la nueva Fiscal como una manera de negociar cuotas burocráticas, judiciales y presupuestales en la nueva administración del sistema acusatorio.
Mal se puede argumentar que hay presión ciudadana sobre estos funcionarios cuando la decisión que deben tomar es eminentemente administrativa y electoral, no judicial. La sociedad civil está en todo su derecho de demandar una definición inmediata de este asunto cardinal, para superar la crisis de la justicia colombiana.
Sea como fuere, se debe elevar la presión popular sobre la CSJ, que aplazó nuevamente para el 22 de febrero una nueva votación.
Esta demanda democrática ya tiene el anuncio de la presencia multitudinaria de la Minga indígena, para marchar hacia Bogotá con sus exigencias en esta materia. Igual con los educadores y Fecode, objeto de persecución y presiones arbitrarias desde la Fiscalía, con allanamientos y fabricación de pruebas absurdas para afectar la campaña presidencial del Pacto histórico.
Sectores campesinos, afros, femeninos, juveniles y de trabajadores están ampliamente comprometidos con este clamor ciudadano, que debe impedir que la actual Vicefiscal, señora Mancera, quede en la titularidad del cargo a sabiendas de sus relaciones oscuras con las mafias del narcotráfico en Buenaventura.
Después de 17 meses de gobierno de Gustavo Petro, el movimiento social ha ganado vigor y altura para asumir la disputa política en el ámbito judicial, que se niega y obstruye los cambios que demanda la actual transición hacia la paz total, con justicia social y ambiental.
Un dato no menor para el movimiento social y para las fuerzas progresistas es considerar que este bloque judicial asentado en la CSJ no es monolítico. Tarde que temprano emergerán grietas para indicar que hay togados ajenos a ese juego sucio y criminal, asociado con la ultraderecha reaccionaria y con las mafias del narcotráfico y la corrupción.
Desde muy cerca a esos poderes sacralizados por las élites, el senador Humberto de La Calle ha sugerido que, para despejar la ruta de elección de la nueva Fiscal, la señora Martha Mancera renuncie a sus pretensiones continuistas. Por supuesto que sería lo más sano y conveniente. Pero no ocurrirá, pues ella es instrumento de fuerzas oscuras al parecer también asentadas entre las altas Cortes.
Hace bien el presidente Gustavo Petro en convocar a la movilización contra el crimen y la impunidad, para empujar la necesaria reforma democrática del sistema judicial colombiano secuestrado por los poderes de la ilegalidad criminal.
Hay que jalonar la presencia ciudadana en la plaza pública y en los espacios de la expresión democrática.
Están en juego los derechos democráticos de millones de colombianos, ante el acecho de la caverna empeñada en obstruir la paz total y las reformas sociales. Nos quieren regresar a la siniestra época de la guerra sucia y los falsos positivos. A la época de la corrupción rampante, en que las fichas del uribismo se embolsillaban gigantescas fortunas. No quieren que una Fiscalía remozada destape los grandes escándalos de corrupción archivados por el exfiscal Barbosa. Quieren la impunidad de los crímenes del señor Uribe Vélez.
@HoracioDuque8
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