A las regiones les faltan recursos económicos para poder desarrollar sus proyectos, muchos de los cuales duermen el sueño de los justos desde hace décadas.
Un recorrido por el país nos deja ver realidades comunes en todos los territorios: carreteras intermunicipales en pésimo estado, vías terciarias como caminos de herradura, ausencia de acueductos y baja cobertura de agua potable, mínimos nivel de tratamiento de aguas residuales y escuelas y colegios con aulas destruidas, sin mobiliario, sin laboratorios y sin servicios sanitarios.
Este retraso se debe esencialmente a la incapacidad de los gobiernos municipales de poder emprender la ejecución de obras, debido a sus ínfimos presupuestos anuales. Vale recordar que el 91,2% de todos los municipios de Colombia están calificados en categorías quinta y sexta (1.005 de los 1.101), o sea, carentes de recursos para pagar incluso su nómina.
Y a esta realidad municipal, se une la que viven los departamentos, a los cuales se les han asignado competencias y responsabilidades sin que estén acompañadas de los dineros suficientes, con lo que se han tenido que reducir sustancialmente las inversiones en infraestructuras y en proyectos sociales.
Y mientras esta realidad campea a lo largo y ancho del país, se acaba de conocer el informe del ministerio de Hacienda, que da cuenta que la ejecución del presupuesto sólo alcanzó el 77% en 2023, el indicador más bajo de las últimas dos décadas, excluyendo el año de la pandemia.
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido el primero en señalar el grave problema que tiene el gobierno nacional para ejecutar los recursos del presupuesto y ha pedido, sin éxito, solucionar este inconveniente, que pone en serio cuestionamiento la ejecución de su plan de desarrollo y afecta directamente a las regiones del país.
En algunos círculos se asegura que la baja inversión se debe a la inexperiencia de la mayoría de los funcionarios al servicio del gobierno central, mientras que el propio ejecutivo ha manifestado que hay servidores públicos a los que les da miedo ejecutar los recursos por temor a sanciones disciplinarias y fiscales.
En el reciente encuentro de gobernadores de todo el país, se le pidió al presidente Petro que se incremente el porcentaje de destinación del sistema general de participaciones, tal como lo ordena la Constitución, tramitando un acto legislativo, y que este sea del 47% y no del 20% como sucede hoy. Si se modifica el SGP, los territorios podrían tener la posibilidad de ejecutar más y mejores proyectos.
Y existe la recomendación de que sí ministerios como los del transporte, ambiente e igualdad, no tienen la capacidad técnica de ejecutar los dineros, entonces que estos se giren directamente a las gobernaciones, alcaldías, regiones administrativas y de planificación y áreas metropolitanas, con lo que se contribuiría no solo a comprometer los recursos sino a ejecutar los proyectos.
La parálisis de la inversión pública de los años 2022 y 2023 le pasará una cuenta de cobro muy gravosa al país en el futuro cercano.
@humbertotobon
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