El presidente Gustavo Petro adelanta un importante rediseño del Gobierno, para fortalecer la institucionalidad encargada de ejecutar las estrategias contempladas en el Plan de desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”. Este se ha visto ralentizado y paralizado por diversas circunstancias, especialmente por el predominio de la tecnocracia y redes clientelares del uribismo en las entidades heredadas por la administración de Iván Duque.
La ultraderecha y su red mediática han saltado a descalificar los cambios ordenados por Petro tachándolos de promover a los “activistas” y militantes de los partidos y movimientos que conforman el Pacto Histórico, argumentando la exclusión de los técnicos y expertos en administración pública. Una falacia completa, a la luz de lo que ha sido la experiencia de los partidos tradicionales en el manejo corrupto y clientelista de dichas entidades, dedicadas al pago de favores con sinecuras burocráticas y cuotas presupuestales. En el Estado oligárquico las que imperan son los poderosos gamonales de la politiquería burguesa.
En esta dirección el exsenador Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana, ha sido designado como nuevo director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Bolívar es un sobresaliente líder del Pacto Histórico y un tenaz defensor de las reformas progresistas que ejecuta la presidencia de la República.
Su acceso al alto cargo le plantea importantes retos para impulsar la transición colombiana hacia la paz total, la justicia social y ambiental.
El principal reto es consolidar la Renta ciudadana que se paga en la actualidad a casi cuatro millones de hogares en condiciones de pobreza y miseria. En cumplimiento de esta misión, es clave promover una participación social protagónica de los hogares más pobres para que se apropien y defiendan hacia el futuro este importante subsidio gubernamental que favorece a millones de mujeres, niños y ancianos. Mejor dicho, se hace ineludible sacudir o remover las plantillas burocráticas regionales y municipales del DPS asociadas con el clientelismo y las elites subregionales.
También se necesitan ajustes a Programas como el de Acompañamiento familiar –pegado a un neoliberalismo maquillado como progresista-. Familias en su Tierra e Iraca deberían ser eliminados, dado que son el más espantoso foco de corrupción, al igual que el Programa de obras civiles, utilizado por contratistas tipo Olmedo López, el ex de la Unidad para la Gestión del riesgo.
Otro reto para el nuevo jefe del DPS es erradicar la cancerosa corrupción que carcome esa entidad con múltiples mecanismos de despojo de los dineros públicos. El famoso sistema de los Operadores que ha sido denunciado por el presidente Petro en la implementación de la paz, en la sustitución de cultivos de uso ilícito y en el ICBF, sigue siendo la regla en Prosperidad Social: una rosca criminal de “supervisores” y funcionarios uribistas enchufados en las áreas de participación ciudadana, Control interno, FEST, IRACA, Renta ciudadana y otros subsidios, son los amos y señores en el oscuro y criminal manejo de billones de pesos.
Parte de esta lucha contra la corrupción en el DPS exige ordenar una revisión y auditoria detalladas de la contratación autorizada en los últimos siete años a dedo por parte de Diego Moreno en FEST, IRACA y Familias en Acción (Terrazul y UT Familias 2021 de Dibulla); Alejandro Cárdenas en FEST e Iraca (y su esposa Andrea Pinzón Agudelo, jefe de la Asociación Colombiana de Innovación de Bucaramanga); Rosalba Gualdrón de la Fundación Andes en FEST e Iraca, con sospechosas y multimillonarias inversiones rurales en la Sabana de Bogotá; Andrea Santos y su esposo Roberto Lacouture (Fundación Nuevos Libertadores, ligada a raras operaciones de exportación en Santa Marta); Ángela Garzón en FEST e Iraca (consorcio Escalando Futuro Corprogreso); Gloria Esther Áñez Martínez ( UT Alianza FEST IV de la mafia de Valledupar); y José Enrique Herrera Jiménez (Consorcio FEST Caribe del paramilitarismo DE Planeta Rica).
@HoracioDuque8
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