La corrupción en el Estado es un monstruo con múltiples tentáculos y constituye una práctica que resulta difícil detectar, pues se camufla y maquilla para no ser identificada.
En la actual coyuntura, la corrupción se ha convertido en la noticia del día a raíz de los escándalos registrados en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), de los cuales Olmedo López y Sneyder Pinilla son los personajes centrales.
Después de la primera consulta nacional anticorrupción, adelantada el 26 de agosto de 2018 con siete preguntas para que los votantes decidieran si aprobaban o rechazaban (Sí o No), el fenómeno no presentaba la trascendencia actual.
Lo de Olmedo López y Sneyder Pinilla tiene las dimensiones de los grandes robos en la historia de Colombia, como el de Samuel Moreno con su carrusel de la contratación; lo de Odebrecht de Santos; lo de Agro Ingreso Seguro de ‘Uribito’; lo de Ecopetrol; lo de Reficar, etc.
Así las cosas, la lucha contra el flagelo de la corrupción sigue en el primer lugar en la agenda pública, y el presidente Petro está obligado a afinar la acción contra la delincuencia de cuello blanco infiltrada en su gobierno.
Y las preguntas que conviene plantear son las siguientes: ¿en qué está la lucha contra la corrupción en el gobierno del Pacto Histórico? ¿Se bajó la guardia? ¿Se olvidaron los compromisos de la consulta anticorrupción, como ocurrió con Claudia López en la alcaldía de Bogotá? ¿Se dejó la tarea de combatir la corrupción a las indefensas veedurías ciudadanas? ¿Acaso la tarea de denunciar a los corruptos solo la hace la prensa independiente, mientras la Fiscalía anticorrupción, la Contraloría y la Procuraduría son un adorno institucional?
En el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó el artículo 200, que ordena la creación de una estrategia Nacional de lucha contra la corrupción, para fortalecer las instituciones democráticas y el Estado Social de Derecho. La estrategia debía incluir aspectos como la protección al denunciante, el derecho al acceso a la información pública, el fortalecimiento de la veeduría ciudadana, la transparencia en la contratación y la gestión pública, entre muchos otros.
La Secretaría de Transparencia y las subcomisiones técnicas de la Comisión Nacional de Moralización quedaron como responsables de la coordinación de dicha Estrategia.
Adicionalmente se acogieron del Plan de Desarrollo indicaciones determinantes para combatir la corrupción, como que “el Gobierno Nacional formulará y adoptará la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción”.
Hasta el momento, poco de esto se ha visto, la tarea está colgada.
Solo con ocasión del caso “Olmedo López” y sus impactos políticos, se dieron a conocer dos directivas presidenciales que es conveniente ejecutar, de la mano de las organizaciones civiles y populares, para tratar de impedir más daños.
Me refiero a las directivas presidenciales 03 y 04. La primera (03) del 6 de mayo del año en curso ordena: “Crear la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, como un instrumento de carácter permanente, cuyo objeto principal será coordinar y articular las acciones gubernamentales destinadas a documentar y colaborar eficazmente con la administración de justicia y los entes de control, para la lucha contra la impunidad, especialmente respecto de actos de corrupción.
Dicha Mesa debe implementar estrategias para garantizar la transparencia y el acceso a la información por parte de veedurías ciudadanas y medios, para fortalecer la lucha contra la corrupción y apoyar una cultura de rendición de cuentas y apertura gubernamental.
Hay que tomar nota de estos compromisos del gobierno y convocar a las redes de veedurías ciudadanas y auditorias sociales, para que se hagan realidad y los funcionarios encargados adelanten las tareas como corresponde, con la debida diligencia.
Realizaremos una audiencia pública en Bogotá el 18 de julio, en la Universidad Distrital de Ciudad Bolívar, para coordinar el trabajo orientado por las directivas presidenciales.
@HoracioDuque8
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