Por HUBERT ARIZA *
El Senado de la República eligió con 95 votos al ex secretario general de esa corporación por 12 años, Gregorio Eljach, como procurador general de la Nación, lo que en la práctica significó una derrota política del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y un triunfo del presidente Petro y la clase política tradicional.
Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha, y que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, califique la decisión como una bandera blanca del Ejecutivo al Legislativo, después de dos años de intensa guerra fría. Qué tanto incidirá esta elección en la aprobación de la agenda legislativa del Ejecutivo estará por verse. En este caso hay que recordar la máxima de que en política las cosas no son en blanco y negro, cada día es diferente y lo único cierto es lo que ya pasó.
El próximo 17 de enero, entonces, comenzará una nueva era en la Procuraduría, fundada en abril de 1830, en la que su mayor reto será blindarse para seguir existiendo, ante los constantes ataques de sus detractores, entre quienes se encuentra el propio jefe de Estado y el derrotado Vargas Lleras.
En los pasillos del viejo edificio de la calle 15 de Bogotá, en consecuencia, comenzará a escucharse en 2025 el canto gregoriano del presidente Petro, que no puede ser otra cosa que una sinfonía de anhelos represados para modificar profundamente esa entidad, quizá como parte de una reforma a la justicia, dentro del acuerdo nacional que promueve el ministro del Interior. Una tarea bastante difícil, si se tiene en cuenta que cada partido político defenderá su botín burocrático, en una nómina abultada que contiene miles de cargos bien remunerados, cientos de ellos equivalentes a los más altos del Estado. En tiempos de campaña electoral, además, poco futuro tiene cualquier iniciativa que signifique menoscabar el poder de la clase política.
Con la elección de Eljach, la Procuraduría se sumará a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República como entidades cercanas a la Casa de Nariño. Nada diferente a lo que ha ocurrido en la mayoría de los gobiernos anteriores, pero que en tiempos de enorme polarización alimenta la preocupación de la extrema derecha, angustiada por recuperar el poder en 2026 y huérfana de liderazgos capaces de cumplir esa tarea.
Muchos son los retos del nuevo jefe del ministerio público, en especial demostrar autonomía e independencia de la Presidencia de la República, defender la existencia de esa histórica institución bajo su mando, posicionarla en la agenda pública después de cuatro años de invisibilidad, recomponer la confianza con las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, diseñar una agenda que la reconecte con las comunidades en los territorios, tener presencia en las regiones y ser decisiva en la lucha contra la corrupción. Una tarea pendiente en estos últimos cuatro años, en el que la procuradora saliente cierra su gestión con broche de oro al archivar el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el sonado caso de los Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos. La exfuncionaria del Gobierno Duque es del mismo sector político de la disciplinadora saliente.
El ministerio público, asimismo, debe ser propositivo en la defensa de los derechos humanos y en la agenda de paz total que lidera el Gobierno nacional, y que busca silenciar el conflicto armado interno que por décadas ha afectado a Colombia. Esa iniciativa vive en permanente crisis, ahondada por el rompimiento del proceso con el ELN. Es vox populi que las organizaciones sociales que habían recuperado la confianza en la Procuraduría, durante la gestión de Fernando Carrillo Flórez, le dieron nuevamente la espalda a la entidad, en el último cuatrienio, ante su pasividad frente a la agenda de derechos humanos. Primero, durante la segunda mitad de la gestión presidencial de Duque, en la que la muerte de líderes sociales se convirtió en una crisis permanente que convocó la solidaridad de la comunidad internacional.
Y, luego, durante la administración Petro, en la que la defensa de la vida es percibida como una bandera política para atacar al Gobierno del cambio, ante su ineficacia en la atención de ese fenómeno, que no deja de alimentar la máquina de la guerra en los territorios, golpeando en especial a los líderes ambientales que rechazan la minería criminal y a quienes se oponen a la suplantación de los liderazgos sociales por el ELN y las disidencias.
La gran expectativa hoy es qué va a pasar con el ente de control bajo el mando de Eljach, durante los 18 meses del período del presidente Petro, quien ha tenido con esa institución una pésima relación y busca su transformación total. Hay que recordar que, siendo alcalde de Bogotá, el 8 de diciembre de 2013, Petro fue destituido por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, un fanático religioso que cerró las puertas a las organizaciones sociales y la agenda de derechos humanos y atacó a los líderes de izquierda. Esa decisión fue revocada tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que ordenó medidas cautelares de protección a los derechos del alcalde Petro, lo que obligó la modificación de la legislación disciplinaria interna.
La victimización de Petro y la derrota de su fanatizado verdugo, lo catapultaron políticamente. A Petro lo empoderó aún más en su ascenso hacia la jefatura del Estado. Y, como presidente de la República, ha denunciado a la saliente jefa del ministerio público, Margarita Cabello, seguidora del expresidente Duque, como perseguidora de sus funcionarios y su agenda de cambio.
“En la Procuraduría yo espero, una Procuraduría independiente, que no sea enemiga del Gobierno en el sentido de que la Procuraduría no está para convertirse en la policía política como desde hace dos años para acá viene sucediendo. La Procuraduría tiene es que ayudarnos a que no haya corrupción”, dijo desde México, donde asistió a la posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué significa no ser enemiga del Gobierno? Sin duda, ahí estará la lupa de la oposición y de los medios sobre la gestión del recién elegido procurador, que deberá cumplir a cabalidad el mandato legal de prevenir y disciplinar a los funcionarios públicos, contribuyendo a investigar y erradicar con eficacia cualquier denuncia de corrupción oficial, castigando a los agentes gubernamentales del presidente que se desvíen, como ya ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, que ha sido el golpe más duro en la credibilidad del primer mandatario y su lucha contra la ilegalidad. Los casos abiertos por ese episodio tendrán especial interés para la opinión pública y, sin duda, serán elemento central en la campaña presidencial ya en marcha.
El presidente Petro ya le trazó una ruta de acción a Eljach: “Tenemos un camino que recorrer para cumplir las sentencias internacionales de DDHH, abandonar cualquier camino peligroso de ‘lawfare’ y adentrarnos en un acuerdo nacional para una transformación real de Colombia”. Aunque el 10 de abril de 2022, antes de ser elegido presidente, había trinado: “Propongo que la Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran fiscalía anticorrupción”.
El canto gregoriano de Petro en la Procuraduría apenas comienza. Habrá que esperar a ver qué tanto se acopla el país a esa nueva tonada de nuestra macondiana historia. Eljach, un hombre sereno, que ha capoteado por décadas la clase política, tendrá que demostrar que llegó para hacer historia, no por cerrar la Procuraduría, sino por darle un nuevo impulso en la lucha contra la impunidad y la construcción de una sociedad respetuosa de la vida.
* Tomado de El País América
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