Por HUBERT ARIZA*
Los gobernadores y alcaldes del país han logrado más en un Gobierno de izquierda que en los gobiernos de derecha. Mientras el país permanece inmerso en el debate sobre la existencia del software espía Pegasus, la guerra no cede y la fuerza pública contraataca a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, y en Cali se realiza con éxito la COP16, en el Senado de la República se aprobó, en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP).
No se trata de una noticia al margen, sino de una de hondo calado económico, político y social, porque implica cambios en la relación del Estado central con las autoridades territoriales, el futuro de la financiación de la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico, la estabilidad del presupuesto nacional y la consolidación de la democracia.
Se busca, en esencia, cumplir el mandato de la Constitución de 1991 de que Colombia sea una república unitaria, descentralizada y con autonomía territorial, y avanzar hacia la meta de reorganizar la nación para que las entidades territoriales tengan un verdadero control sobre el destino de sus regiones, estén en capacidad de brindar una solución a los graves problemas sociales que las afectan y apalancar el desarrollo, el bienestar y, en esencia, contribuir a la superación de la guerra y la consolidación de la paz total.
La reforma aprobada por mayoría, el pasado 29 de octubre, fue iniciativa del senador caldense Guido Echeverry, y tuvo como ponente a su homólogo Ariel Ávila, de la Alianza Verde. En la Cámara de Representantes el ponente es el congresista liberal del Putumayo, Carlos Ardila.
Llegar al texto aprobado significó un fuerte pulso en el interior del Gobierno nacional entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y sus colegas de Hacienda y Planeación Nacional. Finalmente, el presidente Gustavo Petro avaló la propuesta cuando entendió que esta tenía mayorías y que era mejor pasar a la historia como el gran impulsor de la descentralización, y no como un anticristo que desautorizaba a su ministro del Interior. En la pelea se escucharon las voces de los fundamentalistas de la regla fiscal, que defienden el statu quo, rechazan el cambioy ven en cada espacio ganado por los territorios una amenaza al bogotacentrismo que ha imperado en los últimos cien años.
La reforma al SGP, que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución, cambiará la fórmula de asignación de transferencias a las regiones, que pasarán del 27% de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, al 39,5%, lo que estará ligado a la expedición de una nueva Ley de Competencias.
El gran debate que se abre es cuáles competencias estarán dispuestos a aceptar los gobernadores y alcaldes, cuando ya están de por sí recargados de las responsabilidades que les han venido colgando a lo largo de los años, muchas imposibles de cumplir.
Esa Ley de Competencias implicará, entonces, una enorme transformación en la relación centro-periferia, agotada por las dinámicas sociales, y una reorganización del Estado, lo que desde ya anuncia un gran pulso político para garantizar el equilibrio fiscal sin caer en las trampas del inmovilismo del Estado que promueven los ortodoxos de la regla fiscal. También demandará un enorme proceso de fortalecimiento de las capacidades de ejecución de las autoridades territoriales, de por sí satanizadas por el Estado central, para que no se vean sobrepasadas por los ingresos sin posibilidad de ejecutar. Y, además, significará un esfuerzo adicional de las autoridades de control.
La reforma al SGP está a dos debates en la Cámara de Representantes de ser mandato constitucional, y comenzaría a aplicarse en 2027. Los actuales gobernadores no se beneficiarían de la nueva norma. Están sembrando para sus sucesores, quienes llegarán a gobernar con otras funciones, más recursos y mayor responsabilidad en su manejo, pero, sobre todo, con menos excusas para obtener resultados.
Se espera que al terminar 2024 el presidente Petro sancione la nueva fórmula del SGP, lo que significará, también, un fortalecimiento de su relación de confianza con las autoridades regionales, muchas de las cuales votaron en su contra en 2022 y se encuentran en campaña de cara a 2026, por candidatos de derecha.
Lo trascendental de lo que está ocurriendo es que esta decisión significa un enorme pulso a favor de las autoridades territoriales ―gobernadores y alcaldes― que, de cara al proceso electoral en ciernes, han logrado mostrar su capacidad de convocatoria, poder negociador y voluntad de incidir en las grandes decisiones del Congreso, moviendo a sus congresistas, imponiéndose al ministro de Hacienda y alineando a su favor al Gobierno nacional.
Colombia históricamente ha ido a paso de tortuga en el tema de la descentralización. Las cuentas de los técnicos sobre el monto que el Estado central ha dejado de transferirle a las regiones, desde la promulgación de la Constitución, con los recortes y contrarreformas de 2001 y 2007, alcanza la exorbitante suma de 380 billones de pesos. Con la fórmula vigente de transferencias, existe una desfinanciación de 24 billones de pesos.
No hay duda de que una vez se apruebe y promulgue la reforma del SGP, la descentralización dará un gran salto. Ello, sin embargo, no va en contravía de la iniciativa del referendo que impulsa el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón ―declarado opositor del presidente Petro―, que busca reformar el artículo 298 de la Constitución, para que los gobernadores tengan mayor autonomía e injerencia en el manejo de los impuestos que recaudan.
Para los más optimistas, Colombia está dando pasos seguros hacia el fin del hipercentralismo y madurando para asumir con seriedad el debate sobre la viabilidad del establecimiento de un sistema federal, como lo han impulsado de tiempo atrás importantes líderes nacionales y regionales, entre quienes se cuenta el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. También consideran que hay espacio para pensar en la adopción de un sistema de regiones, como lo ha impulsado el exconstituyente y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Para los más escépticos, lo logrado es apenas un gran paso, porque aún queda mucho camino para recorrer en un país en el que el centralismo bogotano siempre ha sabido recuperar los espacios y burlar los reclamos de autonomía de las regiones.
Lo logrado hasta ahora deja varias lecciones. Una importante es que el acuerdo nacional se abre paso y los partidos políticos pueden zanjar diferencias y trabajar unidos con el Gobierno nacional por una agenda común de profundas reformas.
Es evidente que los gobernadores y alcaldes han ganado una importante batalla en el Congreso y se sienten listos para exigir más. Ellos quieren milagros. El próximo campo de medición de fuerzas y demostración de poder es el proyecto de ley de competencias que elaborará el ministro Cristo unos meses antes de que se cumpla la profecía de su renuncia para lanzarse a una nueva aventura presidencial. Cuántos gobernadores y alcaldes agradecerán a Cristo en las urnas este milagro de soñar con más recursos y nuevas competencias, nadie lo sabe.
Lo que sí es cierto es que ahora se hace mucho más necesario el fortalecimiento de la agenda de lucha contra la corrupción, en el que se consoliden las veedurías ciudadanas y la fiscalización de los medios, y el fortalecimiento de las ías, para impedir que los nuevos recursos asignados se conviertan en una trampa para las autoridades regionales, muchas de las cuales no terminan sus períodos por caer en la tentación de la contratación indebida y las malas influencias.
La mayor competencia de estas autoridades será impedir que la corrupción mate la descentralización, y un nuevo gobierno regrese el péndulo a la recentralización.
* Tomado de El País América
Foto de portada: ANDRÉS GALEANO
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