Por GERMÁN AYALA OSORIO
Si algo caracterizó a los dos periodos presidenciales de Uribe (2002-2010), a pesar de la autocensura mediática, fue la producción de hechos políticos y noticiosos escandalosos y vergonzantes, dados en el marco de lo que se conoce como el Todo Vale.
Baste con señalar los casos de los ‘falsos positivos’ para tener una idea de lo que significó para el país el paso del hijo de Salgar por la Casa de Nari, el mismo a quien el abogado penalista Daniel Mendoza Leal llama Matarife; sin duda, se trata de crímenes de Estado que ocurrieron en el marco de la ejecución de la política de Seguridad Democrática. Ahora, en su tercer periodo, en “las carnitas y huesitos” de Iván Duque Márquez, la generación de hechos y situaciones llamativas, inmorales e impúdicos no cesa y los medios, con niveles más o menos estables de autocensura, medianamente alcanzan a registrarlos en sus páginas.
Señalemos los más recientes: los aportes económicos que la campaña Duque Presidente recibió, de acuerdo con unos audios que circulan ampliamente, de parte del narcotraficante y ganadero conocido como el Ñeñe Hernández. Este último señalamiento lo hicieron las mismas autoridades de Policía que lo venían siguiendo y “chuzando” legalmente por lavarle activos a la mafia.
La reciente captura de los investigadores que interceptaron legalmente a Hernández, ordenada por el amigo y compañero de Universidad de Iván Duque, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, es otro hecho que escandaliza al país político. Se trata sin duda de una retaliación contra aquellos investigadores de la DIJIN que osaron cumplir con la ley, asunto que parece estar proscrito dentro de lo que se conoce como el “uribismo”, a juzgar por la decisión de deslegitimar política y judicialmente el proceso conocido como la “Ñeñepolítica”, que compromete la legalidad y la legitimidad de la elección de Duque Márquez.
Y el de hace apenas unas horas tiene que ver con el nombramiento de la congresista del Centro Democrático (CD), Paloma Valencia, en el Comité Nacional de Paz; ella es una más de los enemigos y enemigas del proceso de paz de La Habana que, incrustados en el partido de gobierno, vienen haciendo ingentes esfuerzos para torpedear la implementación de lo acordado en Cuba.
El nombramiento de Valencia no debería de escandalizar a la opinión pública calificada, pues Duque, siguiendo instrucciones de su patrón, Álvaro Uribe, está cumpliendo la orden, la misma que tiene dos propósitos: el primero, ocuparnos de un hecho político a todas luces comprensible y normal, pues obedece al talante “anti paz” del actual Gobierno, y a la inexistencia de una Política de Paz de Estado. Justo por lo anterior, lo que constituye una “política” en esta administración es que no haya políticas.
A mayor vacío de reglas y procedimientos, mejor para quienes se acostumbraron a actuar por fuera de la institucionalidad. Es decir, todo queda reducido al carácter autocrático del mesías antioqueño y al talante obediente de quien parece fungir como presidente de la República (2018-2022); y el segundo propósito tiene que ver con la intención clara de generar enfrentamientos con los otros miembros del Comité Nacional de Paz, para hacer inviable cualquier sugerencia o recomendación emanada de dicha instancia. Junto a Ceballos, Alto Comisionado para la Paz (¿para la Guerra?), la senadora caucana hará equipo para “jugar a la paz”, mientras la bancada del CD continúa proponiendo proyectos de ley con miras a echar para atrás lo poco que se ha progresado en la Reforma Agraria Integral.
Así las cosas, la llegada de Valencia a dicho Comité es una provocación más, que se suma al largo listado de desafíos políticos de un Gobierno, como el de Duque, que finge o aparenta actuar en el marco de la institucionalidad, cuando lo que queda claro es que él, como quienes lo respaldan dentro de la Coalición, están acostumbrados a actuar y a tomar decisiones desconociendo la institucionalidad y los asuntos reglados.
No llega pues una mansa Paloma al Comité Nacional de Paz. Llega una combativa mensajera, enemiga de la JEP, de los indígenas, de los afros, y de las víctimas; de la reconciliación y de la construcción de una paz estable y duradera.