Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con lo dicho por el exfiscal Eduardo Montealegre en el programa Semana en Vivo, se cierra aún más el cerco de responsabilidades penales y políticas que debería asumir el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Esto si en Colombia, la justicia no estuviera sujeta a toda suerte de intereses y presiones, incluyendo las que se desprenden del séquito del sub júdice hijo de Salgar.
Al decir que Uribe es un “criminal de guerra”, Montealegre atiza no solo su viejo enfrentamiento con el expresidente, sino que aporta al develamiento de unas verdades que la Gran Prensa ocultó por largo tiempo sobre las andanzas del político antioqueño, o del “Matarife”, como lo llama el periodista Gonzalo Guillén. Es claro que Montealegre hace parte de esos agentes, puesto que guardó silencio frente a hechos de enorme gravedad como los que confluyen y se desprenden del señalamiento a Uribe como “criminal de guerra y responsable de varias masacres como La Granja y el Aro”.
De ese proceso de develamiento de verdades insepultas o mal sepultadas hacen parte el proceso penal que la Corte Suprema de Justicia lleva en su contra por manipulación de testigos, el lanzamiento de la exitosa serie El Matarife y, por supuesto, el señalamiento que hizo el contradictorio Eduardo Montealegre. Lo de contradictorio radica en la defensa y el cuestionamiento que hace del fiscal Francisco Barbosa. No puede ser que Montealegre crea que el Fiscal General de la Nación apoya el tratado de paz firmado con las Farc-Ep y que minimice lo ocurrido con el paseo institucional a San Andrés. Pero dejemos ese asunto y continuemos.
En esta Colombia noticiosa, el señalamiento de “criminal de guerra” a Uribe debería servir para disparar las alarmas en las instancias judiciales que llevan procesos contra el mandamás del Centro Democrático (CD); alarmas disparadas para revisar qué ha faltado para llevar a juicio a Uribe y si es el caso, condenarlo, eso sí, con plenas garantías procesales.
Se esperaría que desde la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara un llamado a Montealegre, como ciudadano, a que amplíe sus señalamientos y si es el caso, entregue copias de todas las pruebas que tiene para sustentar lo dicho contra Uribe.
Seguramente no pasará a mayores y todo se quedará en hecho noticioso o en reacciones acaloradas en las redes sociales. Así las cosas, mientras en la “Colombia noticiosa” nos entretenemos con el escándalo del día, la justicia continúa perdiendo credibilidad y los amigos y detractores de Uribe siguen metidos en un remolino de recriminaciones que impiden que el país salga de allí y supere moral, ética y políticamente lo que ha significado Uribe y el “uribismo”.
Cada día que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejan pasar sin resolverle la situación jurídica a Uribe, se afecta su credibilidad, transparencia, capacidad, autonomía y legitimidad.
Tanto Montealegre como Uribe y la propia Justicia hacen parte de esa Colombia Noticiosa que muestra lo peor de sus instituciones y de su dirigencia, pero que es incapaz de reaccionar para modificar sustancialmente su pasado y su presente. Pareciera que estuviéramos condenados a vivir inmersos en la inmundicia, en la mentira, en la desazón y en la confusión moral.
No llevar a juicio a Álvaro Uribe le hace daño tanto a la justicia, como a Colombia, que atrás aprendió a convivir con el delito y que, además, comprendió que todos los jueces, hasta los más encopetados magistrados, son susceptibles de presiones y amenazas. Así el Estado de Derecho se debilita y, de manera concomitante, los sectores más violentos, sucios y criminales del Régimen se fortalecen. ¿Por qué? Porque tienen en Uribe, el Intocable, un referente a seguir.
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