En lo que va de 2020 se han documentado 33 masacres y dado seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el país.
Así lo dio a conocer la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que expresó su enérgica condena por la masacre de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño) el pasado 16 de agosto.
En el comunicado oficial se recuerda que la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10 por ciento de los asesinatos contra estas personas, comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
El organismo internacional manifestó además su honda preocupación por la continuidad de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en lo que va del año.
“Estos hechos violentos, con serios impactos humanitarios, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado”, dice el comunicado.
ONU sugiere avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente el capítulo 3.4 referido a garantías del Estado que brinden mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad.
Los grupos de delincuencia común u organizada serían autores del 78 por ciento de las masacres ocurridas este año en Colombia, en su gran mayoría (80 por ciento) en departamentos con “enclaves de producción ilegal de coca”, señaló la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
La condena coincide con la alerta lanzada el domingo por autoridades colombianas y oenegés sobre el deterioro de la seguridad en el país, pese a las medidas de confinamiento decretadas para frenar la pandemia desde el 25 de marzo.
Según la ONU, una masacre ocurre cuando tres o más personas son asesinadas en un mismo hecho y por un mismo perpetrador. Por último, después de expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas, la ONU hace un llamado a las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y a no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de las comunidades.
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