Por GERMÁN AYALA OSORIO
Por estos días se discute el contenido de una comunicación de Transparencia por Colombia, donde se advierte la preocupación de este organismo por la concentración de poder en manos del presidente Duque.
Todos los gobiernos, por lo menos desde la promulgación y entrada en vigencia de la Carta Política de 1991, han intentado manejar y ejercer control sobre el Procurador, Contralor, Defensor del Pueblo y Fiscal General. Las excepciones, si las hay, se han dado más en virtud de las decisiones individuales de cada uno de los funcionarios cooptados o capturados, que a la libertad operacional de los organismos de control y el de investigación y acusación.
Que hoy el uribismo a través de Iván Duque haya puesto en los señalados cargos a amigos del exsenador Uribe, y por esa vía subsista una evidente captura de esas entidades, se explica en parte por el diseño institucional prescrito en la Constitución de 1991, pero también porque hay un trasfondo cultural que hace que quienes llegan al poder, lo hagan con la clara intención de apoderarse del Estado, es decir, debilitar su sentido de lo público y de lo colectivo para privatizarlo y hacerlo funcional a los intereses de quienes están detrás de todo presidente de la República.
Sin duda alguna, el diseño institucional en Colombia facilita la operación del ethos mafioso (clientelar/electoral) y por esa vía, permite que la Presidencia concentre tanto poder y dé vida a un peligroso hiper presidencialismo, tal y como señala el comunicado de Transparencia por Colombia.
“Transparencia Internacional y su Capítulo en Colombia, Transparencia por Colombia, expresan su profunda preocupación por la creciente concentración del poder en el Presidente de la República, en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas. Si bien, en el diseño institucional colombiano el poder ejecutivo cuenta con una amplísima capacidad de decisión, su poder ha aumentado en forma preocupante en meses recientes. Una de las razones ha sido la creciente cercanía del gobierno a las mayorías en el Congreso. Adicionalmente, el estado de excepción de emergencia económica declarado, que se requería para la atención de la pandemia, lo convirtió en legislador transitorio. Igualmente, se identifica un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central, y se han presentado acciones cuestionables del gobierno que afectan las libertades de expresión, participación ciudadana y acceso a información pública”.
Insisto en que, a pesar de que el diseño y las maneras como se eligen a los contralores y procuradores se prestan para el pago de favores políticos, de fondo hay un asunto cultural que nadie quiere mirar: la majestad de la Política se perdió porque lo que buscan los partidos políticos, sus directores y operadores es “hacerse al Estado”, para reducirlo a los siempre mezquinos intereses de una clase empresarial y política corrupta.
El peregrino argumento que señala que “uno gobierna con los amigos y no con los enemigos”, guarda y deja entrever la intención de manejar el Estado con una actitud mafiosa y dolosa. No se trata de poner en aquellas entidades a enemigos o detractores del gobierno o de quienes ganaron las elecciones, se trata es de dejar que esas entidades sean manejadas de acuerdo con sus funciones constitucionales y no en virtud de lo intereses clientelares y políticos del Jefe de Estado.
En el marco de una cultura política inspirada en principios de transparencia y respeto a las instituciones y la ciudadanía, sería lo correcto que aquel grupo que se alce con la victoria en unas elecciones presidenciales entregue a la Oposición el manejo de las señaladas entidades. El solo proponerlo genera risa y quien lo lee, dirá que a quien así lo propone lo desborda la inocencia y la ingenuidad. Pero no. Aquellos que insisten en capturar al Ministerio Público y a la Contraloría, para nombrar solo a dos de las entidades más apetecidas, lo hacen con la clara intención de evitar que les esculquen sus preconcebidas acciones ilegales.
Bastaría con darle vida al Pacto Político que se recomendó en el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las entonces Farc-Ep, para desconcentrar el poder del actual presidente o quien haga sus veces. Pero no, el uribismo con el apoyo de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y Mira entre otros, lo que buscan es extender en el tiempo el carácter mafioso del régimen político.
Si el día de mañana se logra modificar ese diseño institucional, esa misma clase política buscará la manera de que los órganos de control no cumplan con la tarea para la cual fueron creados. Insisto, el problema no es solo institucional, es cultural. Mientras sigan pensando y actuando como mafiosos, los próximos presidentes en Colombia seguirán teniendo dentro de sus bolsillos a los jefes de esas entidades.
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