En horas de la tarde del jueves 21 de noviembre aparecieron por las calles de diferentes ciudades capitales grupos de encapuchados generando confrontaciones, destrucción de edificios públicos y privados. A continuación, saqueadores e instigadores fueron organizados y diseminados por puntos estratégicos. La tarea de estos era generar destrozos, mientras la Policía se limitaba a no actuar o a fingir que trataba de atrapar a los vándalos. Son grupos neo paramilitares civiles bajo mando militar no explícito, concebidos como instrumentos de choque para acciones de vandalismo controlado, que luego se les endilgaba a los marchantes.
Estos grupos de choque están conformados por individuos que recogen de zonas de criminalidad, dispuestos a ejecutar acciones vandálicas a cambio de dinero y de la garantía de que no habrá acción policial contra ellos. Así sucedió en Bogotá y en Cali con grupos que atacaban las unidades residenciales, o locales comerciales y vehículos en la zona norte. Igual se presentó en ciudades intermedias como Popayán, con personas sobre la avenida quinta arrojando piedras contra comercios y automóviles sin que la policía reaccionara. El objetivo táctico apuntaba a lograr que los daños y la zozobra generaran en víctimas y afectados una matriz de opinión adversa al paro.
Para enfrentar este estado de zozobra generalizada, el presidente Duque dio instrucciones a los alcaldes para que en sus respectivas ciudades impartieran los toques de queda requeridos totales o parciales. Así la población se sentía invadida por la anarquía, el miedo y desorden, y se esperaba que entrara en shock y reaccionara violentamente, mediante grupos “cívicos” autodefensa contra vándalos y ladrones. Así las cosas, se podría justificar que la policía fue rebasada por el anarquismo y se legitimarían medidas de militarización, allanamientos y detenciones arbitrarias de líderes sociales y población en general. Es lo que viene en camino.
Dentro de dicho esquema enfocado a sembrar una matriz de opinión adversa al paro, los noticieros se concentraron en la destrucción de la propiedad privada y en mostrar como responsables a los organizadores del paro, y una gran parte de la culpa desde las redes sociales uribistas trataron de endilgársela a Gustavo Petro, por sus supuestos “trinos incendiarios”. La matriz de opinión debía centrarse no en el vandalismo, no en las marchas, sino en demostrar que los organizadores de paro quieren destruir el país.
Para próximas protestas se usará la misma matriz de opinión en contra del paro, buscando deslegitimar toda acción de protesta y encontrando ahí la justificación requerida para decretar un estado de conmoción interior que permita adoptar medidas de control social aún más represivas.
Así las cosas, ante el descontrol y la anarquía supuestamente ocasionados por los organizadores del paro, esperan que la población acepte como necesaria la imposición de mayores medidas de mano dura.