Por LUCHO CELIS
Colombia está incursa en un proceso de balance de responsabilidades frente a las múltiples violencias que hemos vivido por más de medio siglo y que desafortunadamente siguen presentes en nuestra realidad, con desastres cotidianos que cobran vidas. la sangre sigue corriendo, ahondando las heridas en una sociedad que aún no logra encontrar una democracia de calidad y paz.
Tomemos tan solo el más reciente referente para tramitar los derechos de las víctimas y de la sociedad, el sistema de justicia pactado en el acuerdo de paz con las FARC, ese tribunal especial que es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), al cual deben concurrir todos los que tengan responsabilidades en graves crímenes.
Las FARC van a ese tribunal, tienen el deber de concurrir a contar la verdad de sus crímenes y sus responsabilidades, pero para el uribismo eso no es suficiente, descalifican ese mecanismo de justicia y todo es insuficiente: exigen y exigen, se ubican en un pedestal de moralidad como si el uribismo fuera un actor sin responsabilidades en estas violencias, critican y critican, quieren pasar como los defensores de una democracia y unas instituciones que tiene responsabilidades en las múltiples barbaries, eso hay que señalarlo y discutirlo con serenidad y firmeza.
El uribismo no tiene ninguna autoridad para descalificar el actual proceso de justicia transicional que se vive en Colombia, como lo hace abiertamente todas las semanas y como lo ha hecho en estos días el presidente Duque al criticar la comparecencia de las FARC y sus dirigentes ante el tribunal de la JEP. No les compete descalificar o aprobar lo que todavía está en una instancia de justicia que no ha fallado, es un proceso en curso, al cual se le debe respeto.
El uribismo tiene manchadas las manos de sangre, como las tiene las FARC, como las tienen muchos que quieren pasar de agache y no asumir responsabilidades. El uribismo es el actor central y único de la parapolítica, proceso juzgado donde más de 80 parlamentarios han sido sancionados judicialmente por aliarse y trabajar políticamente con ese ciclo de paramilitarismo que controló vía masacres y desplazamientos muchos territorios en la década de los 90 y aportó un tercio de la votación con la que Álvaro Uribe fue electo presidente en el 2002. Ahí están las raíces de los vínculos del uribismo con mafias y crímenes, procesos que hoy tienen a Uribe en la condición de preso.
El uribismo tiene mucho que decir sobre el desplazamiento forzado en muchas regiones, sobre las formas en que muchas economías en el mundo rural se han expandido sobre el despojo de tierras. Los casos de Urabá, Magdalena Medio, el Meta o los Montes de María, para señalar algunos, están con la huella de economías que quieren pasar por muy legales y modernizantes, pero en sus raíces hay sangre de humildes familias campesinas, afros e indígenas. Esto es lo que el país sigue debatiendo y a lo cual hay que responder en los estrados judiciales y en el debate político en curso.
En el Congreso hay antiguos delincuentes políticos que reconocen sus responsabilidades y han hecho un acuerdo de paz, que son las FARC. Y hay una fuerza política que es el Centro Democrático, con muchos nexos con ilegales, pero quiere dar todos los días lecciones de ética, sin tener ninguna autoridad para ello. Su historia es tenebrosa y no solo su pasado; el presente es de irrespeto al Estado de derecho, como lo hemos visto esta semana en la forma como desde el gobierno han respondido a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, ante la forma en que tratan la protesta social y a las víctimas. Esa es otra cara de su ejercicio abusivo del poder.
Si queremos avanzar en democracia, deben asumir responsabilidades y reconocimiento todos los que han participado y siguen participando de estas violencias y donde igualmente está el desempeño estatal y de las fuerzas políticas que lo han conducido. Allí es protagonista de primera línea el uribismo que en las dos últimas décadas ha tenido responsabilidades enormes en la conducción del estado y en oponerse a una paz que afortunadamente lideró el presidente Juan Manuel Santos y que cumple 4 años, con sus logros y sus retos, ante un gobierno que incumple de manera cabal.
La sociedad colombiana está incursa en una profunda confrontación entre quienes quieren conservar este orden antidemocrático (lo cual incluye no responder por sus responsabilidades) y los que anhelamos cerrar tanta violencia con verdad, justicia y reconocimiento pleno de las víctimas, junto a las transformaciones que hagan posible una ciudadanía de calidad, sin violencias ni autoritarismos como los que seguimos viviendo.
El uribismo no tiene autoridad para criticar a las FARC si no reconoce su propia responsabilidad. Este debate está en curso hace ya varios años y aún no se cierra, hay nuevos capítulos por escribir y vivir.
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