¿Está bien que menores de edad salgan a participar en las protestas sociales? ¿Pueden (o deben) participar en las marchas del Paro Nacional los estudiantes de bachillerato? ¿El derecho fundamental a manifestar está acaso restringido para los que no han cumplido los 18 años? ¿Constituye un abuso, como dice Moisés Wasserman?
En medio de un paro prolongado y ampliamente participativo, rico en aristas examinables por periodistas y académicos, el presidente Duque, en entrevista a BluRadio, avaló la campaña orquestada por el uribato en redes y medios para culpabilizar al senador Gustavo Petro por todo el acontecer contestario a las políticas gubernamentales.
Uno de los caballitos de batalla fue el trino del senador Petro invitando a los estudiantes de secundaria a hacer asambleas en sus colegios y decidir si marchan o no el 21N.
El asunto se exacerbó hasta la locura y llegó al punto de imponer el hashtag #PetroAsesino mediante acción coordinada desde computadores en varios países, siguiendo el repetido libreto uribista de manipular emociones como el odio o la rabia enfocadas en un blanco.
Pero dejemos el tema de la manipulación emocional para otra ocasión y concentrémonos en el derecho de los jóvenes menores de edad a manifestar. En Colombia un joven de 16 años puede obtener el pase de conducción, pese a que un automóvil es un arma letal, como lo demuestran las estadísticas. Manejar un vehículo es una responsabilidad mucho mayor que caminar por la calle. Y en buena parte de los países democráticos de Europa y América Latina los jóvenes obtienen el derecho al voto a los 16 años. Si uno de los objetivos de la educación básica y media es formar ciudadanos, considerar que los estudiantes carecen de criterio político implicaría que el sistema educativo ha fracasado.
La democracia no es simplemente el voto. Democracia es participar en la vida política en toda su inmensa variedad de dinámicas. El movimiento estudiantil siempre lo ha hecho. En 1929 sus movilizaciones contribuyeron al fin de la hegemonía conservadora y 25 años después empezaron a moverle el piso a la dictadura militar hasta que cayó en 1957. Hay monumentos en ciudades que homenajean la heroica gesta estudiantil que costó muchas vidas. Y en 1990, al calor del proceso de paz con el M19 y tres magnicidios, fue la séptima papeleta enarbolada por los estudiantes la que permitió remplazar por fin la centenaria y obsoleta constitución de 1886. Mucho le debe Colombia al movimiento estudiantil, integrado por estudiantes universitarios y escolares conscientes de que su futuro colectivo está en juego.
Marchar es un derecho y un escenario estupendo de educación para la democracia. De esa manera se aprende en la práctica la consistencia de un estado social de derecho, siempre y cuando el estado no intervenga para reprimir la manifestación. Y si hay represión, lastimosamente se aprende que Colombia tiene un déficit de democracia a pesar de la constitución de 1991 que ha sufrido más de 30 contrarreformas.
La educación para la democracia en una república moderna es formación ciudadana, no adoctrinamiento, como sí lo es la llamada “educación religiosa” que impone a los niños una cosmovisión premoderna, no fundamentada en la ciencia sino en tradiciones milenarias inventadas por pueblos pastores de la edad de hierro.
Llegamos entonces al meollo del asunto: Colombia es un país que se debate entre la premodernidad y la modernidad, pues las revoluciones liberales siempre se vieron frustradas por la resistencia al cambio. Esa es nuestra “maldición conservadora”. Y el paro del 21N y días subsiguientes no es sino otra manifestación más de la lucha entre el país progresista, que urge las reformas, y el país conservador que marcha en contravía de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
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