Por HUMBERTO TOBÓN
No puede ser más desgarradora la noticia revelada por el DANE sobre el hambre en Colombia: el 29,2 % de los hogares come dos veces al día y el 2,6%, sólo una vez.
La pandemia del Covid-19 agravó una situación que ya se había identificado en el país. En 2019, el mismo DANE reveló que 11% de los hogares colombianos consumía dos o menos comidas al día.
La pandemia profundizó las dificultades para que los hogares pudieran tener garantizado un alimento seguro. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, había calculado antes de la aparición de la Covid 19, que 2,7 millones de colombianos sufrían hambre crónica. Hoy esa cifra está creciendo desproporcionadamente.
Foto tomada de icrc.org
Los más afectados por la crisis de acceso a los alimentos son los niños y los ancianos, de los estratos socioeconómicos más bajos y principalmente si hacen parte de comunidades indígenas o negras.
Es tan impresionante la situación de hambre en Colombia, que economistas abiertamente radicales contra los programas de distribución gratuita de alimentos por parte del gobierno, ahora están pidiendo que el Estado asuma la tarea de garantizarles la comida a 16 millones de personas que enfrentan problemas de desnutrición.
Organizaciones sociales se han unido en torno a programas como los Bancos de Alimentos, que han logrado este año recolectar cerca de 50 millones de kilos de comida, que se han distribuido en 158 municipios, una cifra muy importante, pero insuficiente frente al hambre que vive la población.
Hoy lo que se necesita con mayor urgencia es una política pública auspiciada por el gobierno nacional, con el fin de que se destinen los dineros necesarios para atender los problemas de hambre que el DANE ha visibilizado. Las decisiones son urgentes, porque la situación se está complicado en varias regiones del país, por causas adicionales relacionadas con el invierno.
Toma relevancia como ejemplo nacional, la decisión del gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, de liderar actividades de distribución de mercados en todo el departamento desde el inicio de su gobierno, lo que ha ayudado a paliar el hambre que viven muchas comunidades.
Otros gobernadores y alcaldes del país están preocupados por la expansión de las cifras de hogares sin un alimento seguro, que no sólo es un problema que se concentra en los estratos más bajos, sino que también está tocando la clase media, e incluso, a algunas familias de clase alta, de acuerdo con los resultados de algunas encuestas.
Las finanzas nacionales tienen que desplegarse para garantizar la continuidad de los programas de alimentación de emergencia con fines humanitarios. Esto es lo realmente prioritario y aquí se deben concentrar los esfuerzos de la institucionalidad pública y, ojalá, de la empresa privada y de la cooperación internacional, la que debe entender que es fundamental poner dinero para encontrar soluciones, y no sólo aportar documentos técnicos.
*Este comentario no compromete a la RAP Eje Cafetero, entidad de la cual soy Subgerente de Planeación Regional.
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