El Departamento Administrativo de la Función Pública recordó que la Ley 2013 de 2019 obliga a los congresistas a presentar sus declaraciones de renta y el registro de los conflictos de interés, mediante un aplicativo dispuesto por esta entidad en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (Sigep).
En El Unicornio nos dimos a la tarea de investigar y encontramos un 90 por ciento de cumplimiento por parte de los senadores y un 80 por ciento de los representantes a la Cámara.
Entre los congresistas que faltan por cumplir con esta obligación legal se encuentra el senador suspendido Eduardo Pulgar (senador suspendido del Partido de la U), Fabio Amin (Partido Liberal), Israel Zúñiga (Partido Farc), Iván Darío Agudelo (Partido Liberal), Jesús Castilla (Polo Democrático Alternativo), Jorge Eliécer Guevara (Alianza Verde), José Aulo Polo (Alianza Verde) y Lidio García (Partido Liberal).
En el caso de los representantes a la Cámara aparecen Abel David Jaramillo (MAIS), Alexánder Bermúdez (Coalición Lista de la Decencia), Alonso José del Rio (Partido de la U), César Pachón (MAIS), Édgar Alfonso Gómez Román (Partido Liberal), Franklin Lozano (Opción Ciudadana), Germán Blanco (Partido Conservador), Gloria Zorro (Cambio Radical), Hernán Humberto Garzón (Centro Democrático), Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador), John Jairo Hoyos (Partido de la U), José Edilberto Caicedo (Partido de la U), José Vicente Carreño (Centro Democrático), Juan Manuel Daza (Centro Democrático), Juan Pablo Celis (Centro Democrático), Nevardo Rincón (Partido Liberal), Óscar Villamizar (Centro Democràtico), Rafael Alberto Escruceria (Partido Liberal), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).
Además de los congresistas, la Ley 2013 de 2019 convoca, entre los obligados a presentar la declaración, al presidente de la República, vicepresidente, ministros, directores de entidades nacionales y territoriales, magistrados, embajadores y cónsules y en general, a quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado; así como a todas las personas electas mediante voto popular.
En el caso de los ediles, según la página de la Función Pública solo el 2 por ciento ya cumplió con dicha obligación.
También están obligados los directivos o gerentes de entidades públicas que prestan servicios públicos: instituciones de salud o educativas de cualquier nivel escolar; las personas jurídicas que prestan función pública como curadores, notarios, presidentes de cámaras de comercio; y aquellas que administran bienes o recursos públicos como fideicomisos, fondos cuenta y organizaciones gremiales que administren recursos, entre otras.
Igualmente, deben hacerlo todas las personas naturales y jurídicas que celebren contratos con el Estado, independientemente del tipo de contrato y monto.
La presentación y registro de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios deberá ser actualizada cada año, mientras subsista la calidad de sujetos obligados.
A los funcionarios que no cumplan con esta obligación, la Procuraduría les puede abrir un proceso disciplinario y sancionarlos. Pero al asunto parece no trasnocharlos, en consideración a que la nueva Procuradora General de la Nación, quien se posesiona en próximos días, es aliada firme del gobierno y amiga cercana del senador Eduardo Pulgar, cuyo caso -de intento de soborno a un juez de Barranquilla- deberá abocar.
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