Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la reciente decisión adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de acusar a 8 excombatientes de las Farc-Ep por la comisión de varios delitos de lesa humanidad, el alto tribunal de justicia transicional envía un contundente mensaje a los detractores del Centro Democrático (CD) que hicieron parte de los millones de colombianos que dijeron NO al plebiscito por la paz de 2016. A su vez, gana en legitimidad para continuar siendo el tribunal confiable que juzgará, en las condiciones propias del modelo de justicia transicional, los delitos y crímenes cometidos por militares y guerrilleros.
Foto tomada de Verdadabierta.com
El solo hecho de que la JEP hable de secuestro y no haya validado el término Retención, con el que esa guerrilla legitimó por largo tiempo el rapto de civiles con fines extorsivos, es ya una muestra de la seriedad de los magistrados que tuvieron a su cargo la calificación y tipificación de las conductas punibles de los entonces guerrilleros farianos. Y el alto tribunal desechó la calificación que los comparecientes les dieron a sus conductas y acciones, la de <<errores>>. No. No fueron errores, fueron delitos, como lo señaló el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes.
Imagino que son conscientes los magistrados de la JEP de que las presiones de sus detractores y enemigos serán mayores ahora que ya está en pie la acusación contra los líderes guerrilleros, varios de estos congresistas hoy, en virtud de las curules acordadas en el Tratado de Paz negociado en La Habana. Ya se escuchan voces afines al gobierno que exigen penas fuertes e incluso, la pérdida de las investiduras de aquellos acusados que hacen parte del Congreso. Gritos desesperados que rebotan ante el blindaje constitucional que tienen los aforados de acuerdo con las condiciones del Acuerdo de Paz.
El Espectador explica con claridad lo que se viene: “…el caso de los excombatientes de las Farc con la JEP es diferente a lo que conocemos en la justicia ordinaria, pues además de basarse en la Constitución Política, se fundamentan en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana (Cuba) en 2016. Juan Carlos Henao, exnegociador del Acuerdo y actual rector de la Universidad Externado, explica que <<la esencia de lo pactado era que, precisamente, las Farc cambiaran armas por política por lo que, por ahora, no se les puede inhabilitar ese ejercicio político en el Congreso ni desde el Partido>>”. Más allá de las lecturas e interpretaciones que ya se escuchan, con las que se insiste en que los congresistas acusados por la JEP deben perder la investidura, hay un marco jurídico que blinda la participación política de la que hoy gozan los excombatientes.
En virtud de esas presiones, pero especialmente por la animadversión y los resquemores que generó en una parte del país la firma del Acuerdo Final de Paz y los ajustes a los que fue sometido, luego del pírrico triunfo del NO el 2 de octubre de 2016, día del plebiscito por la paz, las audiencias deben recordar que de acuerdo con lo negociado en La Habana, los guerrilleros procesados no pagarán cárcel efectiva siempre y cuando acepten los cargos, reconozcan la comisión de los delitos, pidan perdón a sus víctimas y las reparen.
Y dado que la derecha y la ultraderecha siguen considerando espuria la negociación política con la que se logró la efectiva desmovilización de la guerrilla de las Farc-Ep e inaceptables las condiciones que impone el modelo de justicia transicional, le corresponde a la JEP insistir en el envío de mensajes pedagógicos a través de los medios masivos, que ayuden a comprender que el hecho de que los comparecientes hallados culpables no terminen sus vidas en cárceles estatales, ello no es sinónimo de impunidad. Que se hayan sometido voluntariamente a la JEP, que sean investigados, procesados, hallados responsables y sancionados, constituyen etapas y momentos procesales que invalidan el uso y a la aplicación de la nomenclatura impunidad.
Se espera que los comparecientes farianos, hoy acusados formalmente por la JEP por haber perpetrado delitos de lesa humanidad (privaciones a la libertad, torturas y desaparición forzada), reconozcan sus responsabilidades en la comisión de los delitos que se les imputan. Hacer lo contrario no solo los expone a la pérdida de beneficios y a condenas efectivas en cárceles, sino que sometería a la JEP y al proceso mismo de implementación del Acuerdo Final de Paz a un innecesario desgaste político e institucional que solo beneficia a los enemigos y detractores de la paz. En buena hora la JEP toma una decisión que genera confianza en las audiencias, y que al mismo tiempo silencia la boca de quienes, desde instancias de poder político y económico, han hecho ingentes esfuerzos para intentar derogarla y ponerle encima un manto de duda sobre su independencia e idoneidad.
Adenda: sigue el sistemático exterminio de los excombatientes y firmantes de la paz. El Estado colombiano no ofrece garantías para que el proceso de implementación del Acuerdo de La Habana sea exitoso. La responsabilidad recae directamente en el Gobierno de Iván Duque Márquez, por lo poco o nada que ha hecho para impedir el asesinato de 253 exguerrilleros que creyeron en las instituciones del Estado.
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