“El jueves 11 de febrero me reuní con el presidente Duque para presentarle nuestro informe. La reunión no fue mayormente productiva y honestamente me resultó decepcionante”, palabras de José Miguel Vivanco director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) al diario El País de España.
Vivanco recuerda en ese artículo que presentó una serie de recomendaciones prácticas que el gobierno de Iván Duque podría implementar para mejorar su récord en prevención y sanción sobre asesinatos de defensores de derechos humanos, pero “el presidente no estaba dispuesto a escuchar. Por el contrario, parece estar convencido de que está haciendo lo correcto”.
El informe que le presentó Vivanco a Duque muestra cifras dramáticas donde se registran más de 420 asesinatos desde 2016. Las víctimas suelen ser representantes indígenas, comunidades afrocolombianas o líderes de organizaciones de base cuyo trabajo es fundamental en muchas zonas rurales donde las instituciones aún no han prevalecido a pesar de la desmovilización de las FARC.
El trabajo de HRW, según indica el diario español, mostraba que la respuesta del Gobierno ante este aumento de la inseguridad se limita a fortalecer el despliegue militar y a algunas acciones que, de vez en cuando, acaban con algún cabecilla. Sin embargo, este planteamiento, según la organización, ha resultado más que insuficiente para dar protección a los defensores de los derechos humanos y representantes comunitarios.
HRW no ha detectado mayores esfuerzos para llegar a los responsables de estos crímenes. La percepción de José Miguel Vivanco es que el Gobierno no está dispuesto a admitir errores. “Esta es una cuestión casi matemática: si los asesinatos de defensores de derechos humanos siguen siendo constantes en Colombia, entonces las políticas del gobierno son claramente insuficientes o erradas, y hay que evaluarlas y corregirlas. No entiendo por qué el presidente Duque se empeña en el error”.
Vivanco señala en el artículo de El País que “el argumento principal del presidente Duque fue que en Colombia existen ocho millones de líderes sociales, lo cual sugiere –aunque el presidente no lo dijo explícitamente en la reunión- que proteger a todos los líderes sociales en el país es una tarea prácticamente imposible”. Y continúa: “Para mí, eso representa una posición derrotista, como si el Gobierno colombiano no `pudiera hacer más ante una especie de catástrofe natural irrefrenable”.
Vivanco explica en el artículo: “El argumento del Gobierno es que hay ocho millones de líderes sociales porque las Juntas de Acción Comunal, que son organizaciones de base que existen en muchas zonas de Colombia, tienen esa cantidad de miembros a nivel nacional. Pero ese argumento no tiene mayor sentido: el hecho d que una persona, por ejemplo, un niño de 14 años, se inscriba en una JAC, no lo transforma en un líder social”.
Por último, afirma que eso no es lo que dice la ONU: “defensores de Derechos Humanos son aquellas personas que ejercen la labor de protección o promoción de estos derechos, independientemente de que formen parte o no de una organización de base o de una ONG. No entiendo cuál es el propósito del Gobierno por confundir a los miembros de las JAC con los líderes de estas organizaciones, que son quienes están principalmente en riesgo en Colombia”, se lamenta Vivanco.
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