El Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CICR) reveló que en 2020 hubo 325 ataques contra personal de salud, instalaciones y vehículos sanitarios de la misión médica, lo cual representa un incremento de casi el 50 por ciento en comparación con 2019.
De igual forma, se registraron 389 víctimas de artefactos explosivos, la cifra más alta durante los últimos cuatro años. Los accidentes ocurrieron en 69 municipios del país, en 41 de ellos no se había registrado esta clase de accidente en 2019.
«El conflicto armado de más de medio siglo ha dejado por lo menos 260.000 muertos y millones de desplazados, mientras los grupos ilegales armados luchan por el control territorial de áreas estratégicas para el narcotráfico y la extracción ilícita de oro», agrega.
Por su parte, el nuevo jefe de la CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, declaró que la situación humanitaria en el país es resultado del recrudecimiento del conflicto interno, «hay unos patrones que muestran un recrudecimiento del conflicto y desafortunadamente es la población civil la que está pagando el precio», manifestó.
La Cruz Roja Internacional facilitó el año anterior el regreso a la libertad de 22 personas secuestradas por grupos armados ilegales y en su balance anual recordó que durante los últimos 50 años ayudó a la liberación de un total de 1.805 personas.
El informe del CICR señaló que 28.123 personas permanecieron confinadas y 21.307 desplazadas de sus hogares. «En promedio cada tercer día se presentó un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y la violencia», resalta el documento.
Y explicó que «si la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia era una tarea difícil, la pandemia la convirtió en un reto más grande. No solo como consecuencia de la agudización del conflicto en algunas zonas del país, sino también por la restricción de la libre circulación de civiles debido a la pandemia, lo que dificultó que las familias buscaran y acudieran a las instituciones del Estado para indagar cómo avanzaban los procesos».
El Comité subraya que hay dos factores que agravan la situación. El primero, que muchos familiares de las más de 120.000 personas desaparecidas en Colombia dependen de economías informales, situación que sumada a la pandemia los obligó a decidir entre continuar la búsqueda o asegurar el sustento diario. El segundo, que el acceso a las rutas estatales se complejizó debido a las medidas implementadas para prevenir el contagio por COVID-19.
Antes de la pandemia, el manejo adecuado de cuerpos de personas no identificadas era una dificultad. En 2020, dado el incremento de personas fallecidas por COVID-19, se hizo más evidente la necesidad de que los cadáveres sean preservados en lugares idóneos para su posterior identificación y entrega digna a sus familiares.
Hubo algunos casos en los que los cuerpos de las personas no identificadas en los cementerios fueron movidos para dar espacio a los fallecidos por COVID-19. Esta situación también podría dificultar la identificación de estos restos humanos, lo que impediría realizar los estudios forenses necesarios para conectarlos con sus familias.
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