Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la renuncia de Álvaro Hernán Prada al Congreso de la República se confirman varios hechos ético-políticos que comprometen a la Fiscalía, al propio político y a la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por los mismos delitos con los que en su momento la Sala de Instrucción del alto tribunal profirió medida de aseguramiento contra el entonces senador Álvaro Uribe Vélez.
El primero de esos hechos está fundado en el significado que adquiere la renuncia de Prada. Se trata de una estratagema a la que apela el renunciado, siguiendo el ejemplo de su jefe político, el sujeto sub judice Uribe (2002-2010). Prada pretende burlarse del alto tribunal que lo investiga por el delito de manipulación de testigos, justo cuando los magistrados estaban listos para decidir si acusaban o no al ladino congresista del Centro Democrático. Conexo a esa lectura, está la negativa imagen que de tiempo atrás rodea a la Fiscalía de Francisco Barbosa, quien puso la institucionalidad del ente investigador al servicio de la defensa de Uribe y de su entorno político.
Con la renuncia de Álvaro Hernán Prada a su curul se confirma que la Fiscalía General de la Nación funge hoy como la oficina central de inteligencia política y jurídica donde se diseñan las estrategias para defender a Uribe y a su entorno más cercano. Esto se acompaña de acciones de persecución judicial contra todos aquellos que se atrevan a señalar a Uribe de haber sido creador de grupos paramilitares o como responsable de las masacres del Aro y La Granja.
El segundo hecho ético-jurídico que se advierte con la cobarde decisión de Prada, toca la institucionalidad de la Corte, en el siguiente sentido: cuando la máxima instancia legal renunció a la competencia para continuar investigando a Uribe Vélez, abrió un enorme boquete ético-político, el mismo que hoy aprovecha el vergonzante Prada.
Más allá de si los delitos por los cuales fueron investigados Prada y Uribe están conectados o no de manera directa con su rol de congresistas, debería de bastar el comportamiento impropio que supone manipular y comprar testigos para beneficiarse. El solo hecho de que un congresista mantenga relaciones con criminales para enlodar a otros colegas, o presionar a testigos presos en cárceles para que cambien las versiones en las que de manera directa se compromete su honorabilidad y la que se deriva de la dignidad de hacer parte del Congreso de la República, debería de ser suficiente para que la Corte Suprema mantenga la competencia para investigarlos, procesarlos y si es el caso, condenarlos.
En el anterior gobierno de Uribe, cuando otros magistrados de la misma Corte Suprema procesaban a congresistas uribistas por sus vínculos con los paramilitares, estos masivamente renunciaron a sus curules. Al percibir semejante intención de burla, la Corte profirió un fallo en el que mantuvo la competencia para procesar a quienes ayudaron a la conformación de grupos paramilitares o firmaron pactos políticos con los entonces jefes de las AUC.
Por la dignidad, prestancia y legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, el caso de Prada debe mantenerse en la alta Corte, con todas las garantías procesales, las mismas que le brindaron a Uribe Vélez. Deben entender los magistrados que la jugadita de Prada constituye una infame burla a la justicia, en el entendido de que en la Fiscalía el renunciado congresista saldría beneficiado. Tanto Uribe como Prada huyen de la verdadera justicia, porque encuentran en la Fiscalía el cobijo, la amistad y la contemplación de una institución que perdió el norte desde los tiempos de Néstor Humberto Martínez . Hoy, bajo la administración de Barbosa, simplemente asistimos a la entrega formal de la de la entidad acusadora a los brazos afectuosos del uribismo.
Como en el flautista de Hamelín, Barbosa toca la flauta para que los políticos procesados por la CSJ huyan despavoridos hacia el búnker de la Fiscalía. Uribe huyó al escuchar a nuestro desdichado flautista. Prada acaba de escuchar la melodía de una posible preclusión.
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