Por GERMÁN AYALA OSORIO
En el contexto del Paro Nacional, la imagen positiva de las legítimas movilizaciones se ha visto cuestionada por sectores políticos y mediáticos, debido a los violentos enfrentamientos registrados entre el Esmad y grupos de manifestantes, no todos debidamente conectados con los objetivos y el sentido de las marchas y de la protesta social.
Eso sí, no podemos perder de vista la evidente asimetría entre las fuerzas que chocan: el Esmad cuenta con una inagotable fuente de pertrechos (armas, balas, gases lacrimógenos y vehículos) y con el respaldo político e institucional del régimen. Del lado que los enfrentan, piedras, palos, “papas bombas” y en casos excepciones el uso de armas de fuego, de ningún modo comparable con la artillería desplegada por los cuerpos de seguridad del Estado y la que está en camino de usarse. Hay imágenes de policías disparando fusiles de asalto y armas traumáticas que producen graves lesiones cuando sus impactos se dan a corta distancia.
El punto problemático de estas violentas refriegas no solo está en el uso de armas de fuego por parte de la Policía y el Esmad, sino en la estrategia puesta en marcha por estos órganos de represión, consistente en sacar a las calles a sus policiales sin identificación alguna y vestidos de civil, usando camiones de la propia Policía Nacional. A esto se suman las actividades de infiltración en las marchas, usando a policías encapuchados que cumplen entre otras funciones la de vandalizar negocios y atacar la infraestructura vial. Sin olvidar el apoyo que brindan algunos de sus miembros a sectores acomodados de la sociedad caleña, que, desde una perspectiva de clase, amenazan a quienes taponan vías de acceso dentro de las ciudades.
En referencia a lo sucedido en Cali el pasado 6 de mayo y registrado en copiosos videos que circularon en redes sociales, debe entenderse en el marco del control del orden público que, como si se tratara de una zona de «rehabilitación y consolidación», viene haciendo el general Zapateiro, en coordinación con la Dirección de la Policía en Valle del Cauca y Cali. Esto se traduce en que el manejo de la Policía y de las situaciones apremiantes de orden público dejaron de ser del resorte directo de la gobernadora Clara Luz Roldán y del alcalde Jorge Iván Ospina.
Lo ocurrido en Cali se relaciona con un vehículo particular del que descienden hombres armados, vestidos de civil, entre 10 y 15. Los mismos que fueron registrados por transeúntes disparando al parecer contra manifestantes. Esos hechos fueron recogidos por los medios masivos. El Espectador, por ejemplo, informa que la Policía reconoció que efectivamente se bajó del camión de placas EAX004 por lo menos una docena de miembros de la Policía, vestidos de civil y armados. Por su parte, el El País de Cali registró lo dicho por el general Rodríguez, quien dijo que “eran miembros de la Policía Judicial (que no operan con el uniforme tradicional de la institución) y se dirigían hacia el lugar donde se han presentado los hechos delictivos en los últimos días”.
Si lo dicho por el alto oficial es cierto, ese tipo de operativos, en el marco de un clima de crispación como el que se respira en forma particular en Cali, deberían de hacerse con el acompañamiento del Ejército y de organismos como la Procuraduría y la Defensoría, para evitar suspicacias y, sobre todo, la toma de decisiones contrarias a la ley por parte de los policiales.
En las imágenes se aprecia a los mismos policías disparando sus armas contra los manifestantes. Dice El País que esos disparos se dieron en respuesta a quienes previamente los atacaron. Me pregunto: ¿cómo sabían los supuestos atacantes que quienes estaban en el camión eran policías? Fueran o no miembros de la policía judicial, estamos ante un hecho de extrema gravedad, por cuanto involucra el ocultamiento de las identidades de los policiales, lo que les daría licencia para actuar por fuera del marco institucional que está obligado a cumplir el que porta un uniforme.
Esto se configura en un desvío misional de la Policía y en tal medida muestra un comportamiento sicarial, que debe ser repudiado por la sociedad colombiana. Una vez conocidos los hechos (confusos y turbios), lo que sigue es que la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría investiguen quién dio la orden de sacar a la calle policías vestidos de civil y armados. Lo mismo deben hacer la Dirección Regional y Nacional de la Policía, por cuanto es improbable que el irregular e ilegal operativo hubiese sido autorizado por mandos medios.
Esas acciones y actividades deslegitiman a la Policía, institución sobre la que amplios sectores de la sociedad vienen acumulando negativas representaciones sociales, no solo por los probados usos excesivos que de la fuerza vienen haciendo desde el 28 de abril, sino por el comportamiento vandálico de muchos de sus miembros. Los mismos que han sido grabados cometiendo toda clase de excesos, que los acercan a comportamientos propios de hordas rabiosas, cuyo único objetivo es eliminar físicamente al manifestante, al que se le identifica y se le trata como enemigo.
Las fuerzas represivas del Estado deben dar ejemplo de apego a las normas legales, además de exhibir un genuino respeto a los derechos humanos. Después de calmados los ánimos, el próximo gobierno debe asumir la tarea de depurar a las Fuerzas Armadas, para sacar a todos aquellos que solo portan el uniforme para dar rienda suelta a sus desquiciadas ideas de lo que son la ley y el orden. La Policía nacional no puede permitir que su legitimidad se debilite por cuenta de un oscuro operativo en un camión.
Adenda: En Cali y el Valle del Cauca opera de tiempo atrás un amplio mercado de armas. ¿Participan miembros de la Policía u oficiales de la reserva del Ejército en ese mercado? ¿Agentes privados que quizás compran armas en ese mercado¿ Y… ¿qué usos le estarán dando a esas armas?
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