Por GERMÁN AYALA OSORIO
Debido al registro de los hechos violentos en los que están comprometidas instituciones del Estado en el contexto de la actual protesta y estallido social, el hecho que da vida a esta columna se quedó en el tintero. Hoy sale a la luz.
En la estéril pero feroz lucha contra el tráfico de drogas, la caída de cargamentos o la captura de mafiosos, traquetos o lavaperros suele ser noticia en los grandes medios masivos y servir para que voceros del gobierno y generales de la Policía Antinarcóticos saquen pecho ante las cámaras. Pero con la reciente incautación en Providencia de una avioneta cargada con casi medida tonelada de cocaína, el hermetismo y el mutismo de los voceros del gobierno y de los oficiales de la Policía Antinarcóticos llaman poderosamente la atención.
En medio de una legítima protesta social y de la creciente mala imagen que tienen tanto la Policía como el Gobierno, ese decomiso pudo servir a quien funge nominalmente como presidente de la República para levantar su voz e indicar que a pesar de todo, su país está comprometido en la lucha contra la producción y comercialización de drogas. Claro, él no dirá jamás que aquella solo sirve para extender en el tiempo la sumisión a los intereses de los Estados Unidos. También pudo aprovechar el hecho para exaltar la labor de los policías que dieron el “golpe al narcotráfico”, al parecer gracias a un soplón que informó del cargamento. Pero tampoco lo hizo.
La aberrante corrupción público-privada en Colombia, que compromete a familias prestantes, cuyos miembros se presentan como “gente de bien”, es uno de los motivos por los cuales millones de colombianos salieron a marchar y a tomarse las calles, indignados por ese ethos mafioso que se incrustó en la sociedad. Pues bien, los voceros del alto gobierno debieron salir a gritar, a voz en cuello, que no tolerarán ningún acto de corrupción, aludiendo de manera directa a un hecho cuya trascendencia mediática solo ha servido para golpear la imagen de la esposa del dueño de la avioneta. La aeronave es propiedad de Miguel Jaramillo, esposo de la comediante, Alejandra Azcárate. Al ponerse el foco en la figura de la señora Azcárate se deja de lado un asunto más delicado: que la aeronave decoló del aeropuerto de Guaymaral, donde opera la Policía Antinarcóticos. Pero no, total hermetismo y un sospechoso silencio.
A lo anterior se suma el mutismo de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, frente a un hecho que desdice del real compromiso de Colombia en la guerra contra las drogas. Imagino que las presiones del gobierno de Biden se harán por los canales internos establecidos, para no ahondar en la crisis de credibilidad, legitimidad y gobernabilidad por la que hoy atraviesa el gobierno de Colombia.
El episodio de la avioneta incautada con el alijo de droga me confirma lo que muchos colombianos sospechamos: que la lucha contra las drogas no solo está perdida, sino que es irreal. Dirán sus defensores que cómo va a ser irreal si a toda hora caen submarinos, camiones, avionetas y laboratorios para el procesamiento del alcaloide. Quizás esas capturas sirvan exclusivamente para asegurar que otros envíos “coronen”, es decir, que lleguen a los mercados de Estados Unidos y de Europa, especialmente. Serían una especie de “peajes” que deben pagar los narcos, para que no se note la complacencia de miembros de las autoridades norteamericana y colombiana con el ilícito.
Según versiones periodísticas, detrás de la captura de la avioneta estaría el aviso de un soplón. Debemos preguntarnos entonces qué falló en el proceso de “engrase” de las ya establecidas cadenas de corrupción que aseguran el envío de toneladas de clorhidrato de cocaína desde Colombia para el mundo. Lo que sí es claro es que algo huele muy mal en Guaymaral, y al parecer su hedor y pestilencia lo están sobrellevando muy bien en la Aerocivil y en la Casa de Nari.
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