Se trata de Angelo Becciu, ex prefecto de la Congregación para las causas de los santos y ex sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, quién deberá responder además por los delitos de abuso de oficio y complicidad en el manejo de inversiones financieras de la Secretaría de Estado para la compra de un inmueble de lujo en Londres.
La primera vista del juicio tendrá lugar el próximo 27 de julio, según el decreto del presidente del Tribunal Vaticano, tras recibir la solicitud de citación a juicio presentada hace unos días por la Oficina del Promotor de Justicia.
Con el cardenal Becciu serán juzgadas otras 9 personas. Entre ellas el empresario Raffaele Mincione, acusado de malversación, estafa, abuso de oficio, apropiación indebida y autoblanqueo; Gianluigi Torzi, acusado de extorsión, malversación, estafa, desvío de fondos, blanqueo de dinero y autoblanqueo; Enrico Carasso, acusa de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo, estafa, abuso de oficio, falsificación de un acto público por un particular y falsificación en un contrato privado; y Cecilia Marogna, acusada de malversación de fondos.
En un comunicado elaborado por la Sala de Prensa del Vaticano y publicado por Aciprensa, se señala que “han surgido elementos en contra del cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra el que se está procediendo, tal y como establece la ley”.
El cardenal Becciu renunció el 24 de septiembre de 2020 a su cargo después de que trascendiera su implicación en el caso de corrupción en la inversión financiera en Londres, así como el desvío de importantes sumas de dinero procedentes del fondo de caridad del Santo Padre (el Óbolo de San Pedro), para negocios emprendidos por los hermanos del Cardenal.
Según varias informaciones de Catholic News Agency (CNA), agencia en inglés del grupo ACI, el Cardenal habría malversado entre 2014 y 2018 más de 300 millones de dólares procedentes de la Secretaría de Estado para comprar un inmueble de lujo en la Sloane Avenue de Londres.
La compra se realizó cuando el cardenal Becciu era Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano. En la operación participó el empresario italiano Raffaele Mincione por intermediación del agente inmobiliario Gianluiggi Torzi, que administraba importantes sumas de dinero de los fondos de la Secretaría de Estado.
Para poder completar la suma de 300 millones de euros, Becciu solicitó al Instituto de Obras de Religión 150 millones de euros sin justificar. Los otros 200 millones de euros los habría obtenido por medio de un crédito concedido por el banco suizo BSI, de dudosa reputación tras verse implicado en casos de violación de las legislaciones contra el blanqueo de dinero y el fraude.
Para que la operación pasara desapercibida, el Cardenal Becciu disfrazó los préstamos en los balances del Vaticano cancelándolos contra el valor de la propiedad comprada en Londres.
Según averiguó CNA, el Cardenal George Pell, cuando ejercía como Prefecto para la Economía, detectó la operación y pidió explicaciones al entonces Arzobispo Becciu, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos.
Además, Becciu canceló unilateralmente, sin consultarlo con el Papa ni con el Prefecto para la Economía, una auditoría externa de todos los departamentos del Vaticano.
Otras acusaciones contra Becciu se refieren el empleo de dinero del Óbolo de San Pedro para financiar proyectos empresariales de tres de sus hermanos.
El Cardenal Becciu ha defendido siempre su inocencia y ha negado los supuestos malos manejos de los fondos vaticanos. Incluso anunció medidas legales contra varios medios de comunicación que se hicieron eco de las acusaciones.
En un comunicado del 7 de octubre de 2020 insistió en “la absoluta falsedad de las acusaciones en su contra difundidos por medio de la prensa, confirmando el desconocimiento de todo acto ilícito”.
Aseguró que “ni el Cardenal ni sus hermanos poseen acciones u obligaciones, ni tampoco participan, en fondos de inversión o poseen cuentas extranjeras. Nunca se han transferido fondos procedentes de la Secretaría de Estado para disposición privada y personal de sus familiares”.